Inseguridad en Colombia 2025: Aumento del Crimen y el Desafío para Gustavo Petro

Enero de 2025 se presenta como un mes sombrío para la seguridad en Colombia. La escalada de la inseguridad es un fenómeno palpable que podría definir el año y poner a prueba la administración de Gustavo Petro, quien se encuentra en el umbral de un período crítico. Con un aumento notable en las tasas de criminalidad y la percepción de inseguridad entre la población, las decisiones del presidente se enfrentan a un escrutinio intenso y necesario.

Desde el inicio de su mandato, Petro ha promovido políticas que intentan abordar las profundas raíces de la violencia en Colombia. Sin embargo, las evidencias actuales sugieren que estas estrategias han fracasado en mitigar la inseguridad, a pesar de las promesas de construire un país más pacífico. La situación en ciudades clave como Bogotá y Medellín refleja el deterioro del orden público. Según informes de la Policía Nacional, los homicidios han crecido un 15% hasta la fecha, mientras que los robos y hurtos se han incrementado en un alarmante 20% solo en el último trimestre de 2024 (Ministerio de Defensa Nacional, 2025).

Una de las principales críticas a la gestión de Petro radica en su enfoque hacia el narcotráfico y la reforma de la policía. La administración ha impulsado la política de "paz total", que busca desactivar grupos armados a través de negociaciones directas. Sin embargo, esta estrategia ha generado un vacío de poder en muchas regiones del país, donde las disidencias de las FARC y otros grupos ilegales han capitalizado la inestabilidad generando un aumento en las disputas territoriales, resultando en una mayor violencia e inseguridad en las comunidades más vulnerables.

La contradicción más marcada en las políticas de Petro es su ambivalencia hacia el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Si bien la administración ha abogado por una reforma profunda de la policía, también se observa un incremento en los enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos criminales. Un informe reciente de Human Rights Watch observó que, aunque las muertes de civiles a manos de la policía han disminuido, las agresiones y violaciones de derechos humanos han aumentado, reflejando un desempeño irregular de los cuerpos de seguridad (Human Rights Watch, 2025).

El impacto de la inseguridad va más allá de la mera estadística. Las consecuencias sociales y económicas son devastadoras. Las inversiones extranjeras están comenzando a desvanecerse, con un descenso del 8% en tres meses, mientras que la población, cada vez más desilusionada, se siente cautiva en su día a día. Este escenario está alimentando un ciclo de desconfianza que podría desbordarse hacia la protesta social en cualquier momento, especialmente en un contexto donde la administración no parece ofrecer soluciones viables.

Las próximas semanas se anticipan cruciales. La forma en que el gobierno maneje la situación de seguridad se convertirá en un termómetro para medir su legitimidad y capacidad de acción. El Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará a finales de febrero de 2025, podría ofrecer una respuesta esperada sobre cómo se abordará la crisis de inseguridad. Sin embargo, los analistas advierten que sin un cambio significativo en la estrategia, el ciclo de violencia e inestabilidad podría intensificarse, generando un efecto dominó en otras áreas como la economía y el bienestar social.

En conclusión, el horizonte para la administración de Gustavo Petro no es alentador. La inseguridad sigue siendo un tema que necesita atención urgente y efectiva. Las perspectivas para 2025 son inciertas, y las decisiones que se tomen en este momento crítico podrían definir, no solo el futuro político del país, sino también la vida diaria de millones de colombianos que claman por seguridad y estabilidad. El riesgo de una crisis de gobernabilidad es palpable, y el tiempo es esencial si se quieren evitar repercusiones aún más graves en el futuro inmediato.