Colombia
Internas de cárcel de Medellín se declararon en huelga de hambre y desobediencia: qué es lo que piden
El acto de desobediencia civil iniciado por cientos de personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal ha puesto de manifiesto una crisis prolongada y profunda en este centro penitenciario de Medellín.
Desde la noche del lunes 26 de enero, las internas llevaron a cabo una protesta pacífica en respuesta a las condiciones que describen como “crueles e inhumanas”, especialmente en cuanto a la alimentación y la atención sanitaria.
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Las internas del patio 18, en la sección femenina, sostuvieron la desobediencia durante 24 horas. Ellas argumentan que no deberían tener que pagar por productos básicos dentro del penal y exigen la autorización para recibir kits humanitarios y alimentos caseros.
De acuerdo con las denunciantes, la crisis alimentaria es solo un aspecto de una problemática mucho más amplia.
La atención médica también es un eje central de la protesta. La población recluida alega que solo hay un médico para todos los pabellones, tanto de hombres como de mujeres, lo que limita significativamente la respuesta ante emergencias o enfermedades. Esta escasez agrava las tensiones y pone en riesgo la salud de los internos.
Ante el tamaño de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín. La cita está programada para el miércoles 28 de enero a las 2:00 p. m., e incluirá la participación de la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec.
El objetivo principal es acordar soluciones inmediatas para reestablecer el suministro de bienes básicos y abordar la emergencia sanitaria.
Durante el encuentro, también se discutirán denuncias sobre malos tratos sistemáticos. Los reportes documentan discriminación contra la población trans y diversa, explotación laboral a través de coacción y obstrucciones en los procesos hormonales.
Además, se han reportado tratos degradantes, incluido el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante los operativos de requisa llevados a cabo por el personal de guardia.
Con la esperanza de que se logren resoluciones, las personas detenidas y sus familias anhelan que las autoridades implementen medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos y mejoren las condiciones de vida en la cárcel El Pedregal.
Las recientes denuncias sobre corrupción y escasez en la cárcel El Pedregal revelan una crisis humanitaria que se deteriora día a día. En medio de esta precariedad, los internos han tenido que sobrevivir gracias a la ayuda de sus familias, quienes asumen el costo de los alimentos y enfrentan obstáculos impuestos por los funcionarios.
El origen del problema se sitúa a comienzos de 2024, cuando las autoridades clausuraron el “rancho”, donde se preparaban los alimentos del penal. Las inspecciones oficiales encontraron carne de caballo, comida en mal estado y contaminada con objetos extraños, entre otros desechos, lo que llevó a la suspensión inmediata del servicio.
Tras el cierre de esta instalación, la única opción fue que las familias ingresaran alimentos por su cuenta. Esta medida proporcionó algo de alivio, aunque no para todos: los hombres recibieron apoyo familiar, pero las mujeres no pudieron disfrutar del mismo beneficio, acentuando la desigualdad dentro del centro penitenciario.
La Procuraduría, a finales de 2025, publicaron un informe preventivo que documentaba incumplimientos constantes en la contratación del servicio de alimentación, lo que, de acuerdo con el informe, vulneraba derechos fundamentales de los internos.
El Tribunal Administrativo de Antioquia intervino en septiembre del año pasado, al emitir un fallo que obliga al Estado colombiano a garantizar una alimentación adecuada en cantidad y calidad para los internos de El Pedregal.
Esta decisión judicial fue una respuesta a denuncias reiteradas de hambre y tratos inhumanos, presentadas tanto por defensores como por los propios reclusos.
A pesar de los esfuerzos legales, la situación no ha mejorado. Según Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, existía un acuerdo con el Inpec para que los familiares pudieran ingresar kits alimentarios básicos, cuyo costo diario es de 2.500 pesos por persona.
Las familias, muchas veces organizadas entre sí, asumieron el gasto para evitar que sus seres queridos pasaran hasta treinta horas sin comer.
