Intervenciones en salud elevan riesgo de desabastecimiento de medicamentos para 29 millones, advierte Afidro

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, ha expresado su inquietud ante los resultados de un estudio realizado por la Contraloría General de la República respecto a las acciones llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud hacia las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios entre 2019 y 2024, según lo reportado por Portafolio.

Este análisis del ente de control muestra un deterioro fundamental del sistema, lo que, según el sector farmacéutico, pone en riesgo la continuidad del acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos para una parte significativa de la población que forma parte del sistema de salud.

El informe indica que el 75 % de las EAPB intervenidas está clasificadas como de desempeño medio-bajo, sin mejoras notables en su sostenibilidad financiera.

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Estas entidades abarcan la afiliación de 29,25 millones de individuos, lo que representa el 58 % de la población asegurada en el país, dependiente de organizaciones con carencias operativas y financieras.

Afidro señala que estos resultados indican un aumento en el riesgo para asegurar el suministro farmacéutico, particularmente para aquellos pacientes con enfermedades crónicas y costosas que necesitan continuidad en sus tratamientos. El gremio argumenta que las dificultades financieras de estas entidades afectan directamente la operación de la cadena de suministros de medicamentos.

La Contraloría también ha incluido en su análisis un modelo econométrico que cuantifica la probabilidad de una crisis sistémica. De acuerdo con este análisis, el riesgo se incrementó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, con una proyección de 60,4 % para 2026. Afidro interpreta estas cifras como un claro reflejo de la fragilidad actual del sistema de aseguramiento en salud.

En este contexto, se dio a conocer que un gestor farmacéutico decidió suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS a partir del 1 de enero, un hecho que la asociación considera como un indicador adicional del deterioro operativo de las entidades intervenidas. Para el gremio, la salida de un proveedor especializado evidencia serias limitaciones en la capacidad de pago.

Las EAPB que están bajo medidas administrativas tienen deudas acumuladas por $9,3 billones con la red de prestadores. Por otro lado, en algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos sobrepasan el 50 % de los recursos disponibles, limitando la capacidad de adquirir medicamentos y financiar servicios efectivas.

Además, se ha registrado un aumento del 70 % en la cartera vencida, lo cual dificulta la operación de los proveedores y operadores logísticos encargados de la distribución de medicamentos en el país. Afidro advierte que este panorama impacta directamente a la cadena farmacéutica.

El presidente ejecutivo del gremio, Ignacio Gaitán, comentó sobre esta situación, afirmando que “la suspensión de servicios por parte de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no es un hecho sorprendente para quienes hemos estado alertando sobre el deterioro del sistema”. En sus declaraciones, añadió que el retiro de un operador de la cadena de suministro es un indicativo de la pérdida total de capacidad de pago de la entidad aseguradora.

Gaitán también indicó que tras los datos financieros existen efectos tangibles para los usuarios del sistema. “Hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, individuos en tratamientos oncológicos sin continuidad terapéutica y personal de salud sin los suministros necesarios”, comentó, enfatizando que el informe de la Contraloría respalda las advertencias suministradas previamente por el sector.

En cuanto a la liquidación, el análisis oficial identifica deficiencias en la recuperación de recursos. De un total de $3,05 billones en cuentas por cobrar de las entidades liquidadas, solo se ha conseguido recuperar el 6,07 %, lo que equivale a $185.000 millones. Diez de las once entidades liquidadas indican un cumplimiento superior al 90 % en sus planes, aunque apenas logran pagos entre el 35 % y el 40 % de sus obligaciones.

El documento también menciona $770.000 millones en deudas pendientes con las Empresas Sociales del Estado, lo que ha afectado su capacidad de operación, adquisición de insumos y contratación de personal, especialmente en áreas donde predominan las redes públicas de atención.

Afidro ha instado al Gobierno nacional a adoptar soluciones financieras urgentes para garantizar la continuidad de los servicios y evitar mayores impactos en la cadena de suministro de medicamentos.

Además, ha reiterado la importancia de establecer adecuadamente la Unidad de Pago por Capitación y de garantizar transiciones organizadas para los usuarios cuando se produzcan cambios en los operadores farmacéuticos.