Iván Cepeda advirtió sobre presiones de sectores del país para obstaculizar su participación en consulta del 8 de marzo: “Violación a los derechos”

El 20 de enero de 2025, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, denunció en un comunicado público que enfrenta presiones de diversos sectores para obstaculizar su participación en las consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026.

“Algunos medios están sugiriendo que mi inscripción para la consulta del 8 de marzo podría ser impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Desde el Pacto Histórico y desde mi campaña hemos señalado que tal decisión sería una clara violación de nuestros derechos a la participación política,” expone el comunicado.

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Según el candidato del petrismo, el argumento principal para excluirlo de la consulta es su participación en la elección de candidatos del Pacto Histórico que tuvo lugar el 26 de octubre de 2025.

“(…)la consulta del 26 de octubre de 2025 organizada por el Pacto Histórico fue de carácter partidista y no interpartidista, como se ha intentado presentar. Más de 2.700.000 personas votaron, de las cuales más de 1.150.000 apoyaron mi candidatura dentro del Pacto Histórico,” afirmó Cepeda Castro.

Si se le impide participar en la consulta, el legislador indicó que él y su partido tendrían que llevar a cabo acciones legales para proteger sus derechos y los de millones de votantes que respaldan su candidatura presidencial.

“Esto representaría, de manera clara, una violación de nuestros derechos políticos y sin duda alguna provocaría la movilización del Pacto Histórico y las acciones jurídicas y políticas que consideremos necesarias ante una posible violación de nuestros derechos,” se afirma en el comunicado.

El uso de la finca El Hatillo, un terreno incautado y actualmente bajo la administración del Estado colombiano, para actividades relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda en Baranoa, Atlántico, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de estos activos y las normativas que los regulan.

En los materiales promocionales del evento —realizado el sábado 10 de enero de 2026 en un quiosco dentro de la finca El Hatillo— se convocó explícitamente a la creación del «comité agrario de la campaña Iván presidente», y organizadores se identificaron como miembros del equipo agrario del Pacto Histórico, según documentó Semana. Estas publicaciones han intensificado el debate sobre una posible infracción de las rigurosas normas que prohíben el uso de bienes incautados para actividades políticas.

El terreno en cuestión, con matrícula inmobiliaria 040-16424, fue confiscado previamente al empresario Julio César Polanía, quien está vinculado a estructuras paramilitares y a la banda criminal Los Costeños. Desde su incautación, la gestión ha quedado bajo la supervisión de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), dirigida por Nelson Viloria Larios.

Consultado por el medio mencionado, Viloria Larios negó en un primer momento que el evento tuviera fines proselitistas: “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico,” afirmó el presidente de Asoagro. Sin embargo, ante la evidencia de la convocatoria y la mención directa de Iván Cepeda, Viloria Larios cambió su postura. Aclaró que la discusión se centró en políticas de reforma agraria contemporáneas y su comparación con la propuesta específica de Cepeda, añadiendo: “Pero no fue un evento del Pacto Histórico.”

Iván Cepeda, por su parte, afirmó desconocer completamente la celebración del evento y aseguró que no autorizó el uso de su imagen: “No tengo conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España,” declaró el candidato. Añadió que de haber estado al tanto, habría intervenido para evitarlo, enfatizando la obligación legal de las asociaciones gestoras de adherirse a las restricciones impuestas.