Juliana Guerrero ante la justicia: las penas que prevé la ley por fraude en títulos universitarios

El 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud formal para imputar cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José. Ambos son acusados de la supuesta expedición irregular de títulos académicos.

Según la investigación en curso, Guerrero habría conseguido los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin cumplir con los requisitos legales necesarios. Estos documentos le permitieron acceder al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

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La Delegada de Seguridad Territorial indicó que se ha solicitado una audiencia para imponer una medida de aseguramiento con prisión domiciliaria para Guerrero. Los cargos incluyen fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Las investigaciones revelaron que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, requisitos obligatorios para validar los títulos.

Además, la fiscalía llevó a cabo inspecciones judiciales en la universidad y revisó registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. Se cuentan con pruebas materiales relacionadas con la presunta falsificación de trámites y pagos ante la Dian por la obtención del título. Las autoridades siguen recopilando información para esclarecer el caso.

Dentro de ese contexto, Johan Montenegro, abogado penalista y experto en cuestiones legales, explicó a Infobae Colombia lo que seguirá en el proceso contra Guerrero y las posibles repercusiones que podría enfrentar.

Montenegro enfatizó que la falsedad material en documento público ocurre cuando un título o certificación se expide sin que el beneficiario haya cumplido los requerimientos académicos y legales necesarios para obtenerlo.

En tales casos, no basta con que la persona no haya asistido a clases; lo clave es que se haya vulnerado el procedimiento formal y los soportes necesarios para validar la autenticidad del título. Si el documento que respalda la formación profesional carece de veracidad material, el delito se considera consumado, sin tener en cuenta las circunstancias personales de la implicada.

El jurista analizó el fraude procesal, que consiste en engañar a la administración pública mediante la presentación de un documento falso para obtener un beneficio, como el nombramiento en un puesto. El delito se basa en el uso de un título espurio para obtener una resolución administrativa contraria a la ley. La conducta punible se agota tan pronto como el documento fraudulento se presenta ante un funcionario público, sin que importe si el acto administrativo, como el nombramiento, se concretó efectivamente.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establece que el fraude procesal es un delito de mera conducta y peligro. Esto significa que la simple presentación del documento falso ante la autoridad competente es suficiente para que el delito se configure, sin necesidad de un resultado concreto o la obtención efectiva del beneficio deseado.

Por ende, el intento de engañar a la administración pública mediante métodos fraudulentos no admite la figura de tentativa; la acción se considera consumada desde el instante en que se inicia el engaño.

Después de abordar los aspectos relacionados con el proceso que enfrentará Juliana Guerrero, Montenegro señaló que la investigación penal debe enfocarse en verificar la autenticidad del título presentado por Guerrero. Si se confirma que el documento es falso, el fraude procesal se entenderá consumado desde su presentación, sin que importe si la implicada llevó a cabo o no el cargo o si el acto administrativo fue posteriormente anulado.

La pena para este delito podría variar entre seis y doce años de prisión, enfatizando la seriedad de atentar contra la transparencia y la legalidad en la función pública.