La Andeg aplaudió freno a decreto que imponía nuevas cargas fiscales a generadoras de energía: “Se esperaba”

Tras la suspensión del decreto que imponía un nuevo cobro a las empresas generadoras de energía eléctrica, Alejandro Castañeda, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), proclamó que fue una “decisión coherente”.

La acción de la Corte detiene la implementación del decreto 0044 de 2026, que preveía un aporte parafiscal del 2.5% para el sector energético, una medida clave en las regulaciones adoptadas para enfrentar la crisis económica en la generación eléctrica del país.

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“La decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto 044 era algo que anticipábamos. La semana pasada, la Corte ya suspendió el Decreto 1390, que es el principal decreto relacionado tanto con los tributos de la Dian como con las generadoras. Cuando el Decreto 044 fue incluido, la Corte lo revisó y adoptó la misma decisión que con el decreto de la Dian: suspender sus efectos”, comentó Castañeda en un video.

Resaltó que esta decisión judicial implica que, por ahora, las compañías del sector no deben abonar este nuevo aporte. Enfatizó que las generadoras no habían efectuado ningún pago.

“Hasta este momento, la Superintendencia de Servicios Públicos no había realizado la liquidación correspondiente. El decreto 044 indicaba que la Superintendencia debía liquidar el impuesto y cobrarlo a las empresas, pero esto no había sucedido. Por ende, las empresas generadoras no habían realizado pagos, ya que la fecha límite para el primer pago establecida en el decreto era el 2 de febrero de 2026”, aclaró.

Ante esta suspensión, Castañeda solicitó a la Corte Constitucional que ahora investigue las razones que llevaron al Gobierno Petro a declarar la emergencia económica. Manifestó que el estado financiero del sector energético ya estaba siendo abordado, por lo que no era necesario implementar el paquete de gravámenes.

“No creemos que haya justificación para declarar una emergencia económica. No hay elementos nuevos en la economía, el sector eléctrico o el marco jurídico que justifiquen la adopción de medidas más allá de las que puede implementar el Gobierno en su gestión ordinaria,” concluyó el ejecutivo.

El objetivo del decreto suspendido era generar ingresos para la empresa eléctrica Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno Petro, la cual enfrenta deudas de aproximadamente 1.7 billones de pesos con otros actores del sector eléctrico.

De esta deuda, alrededor de 1.2 billones son con generadoras térmicas, muchas de las cuales están localizadas en la región Caribe. Este escenario ha causado numerosos problemas para los residentes de la región Caribe, quienes han experimentado deficiencias en el suministro de energía y tarifas excesivas, que requieren subsidios.

Castañeda argumentó que los problemas del sector eléctrico, los subsidios y la situación de Air-e “no son nuevos”.

Aclaró que los subsidios han originado problemas de pago en los últimos dos años, y la intervención en Air-e ocurrió hace más de un año y medio.

En este contexto, indicó que “tanto la Superintendencia como el Gobierno nacional son responsables de garantizar el servicio en la región Caribe y en todo el país”.

Mientras la empresa que suministra energía eléctrica al Caribe colombiano siga intervenida, se espera que los recursos provengan del Estado, indica el líder de la Andeg.

“Deseamos que el Gobierno explore alternativas dentro del presupuesto general para reforzar el fondo empresarial de la Superintendencia, transferir recursos a Air-e y asegurar que la empresa pueda subsistir, continuar operando y cumplir con sus obligaciones futuras”, concluyó Alejandro Castañeda.