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El 20 de enero de 2025 se presentó una denuncia que expone la presión en los procesos de contratación y tácticas administrativas en la Superintendencia de Salud, buscando fomentar adquisiciones a través de compra directa en el Hospital de Maicao, localizado en La Guajira.
Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido identificada como la responsable de estas acciones, las cuales fueron calificadas como coercitivas y con un potencial conflicto de interés.
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Según la denuncia anónima a la que tuvo acceso Infobae Colombia, los funcionarios que asistieron a la reunión —representantes de hospitales públicos— fueron llamados y la seguridad en el lugar fue reforzada, limitando el ingreso y salida de los asistentes hasta que se firmara un compromiso para compras conjuntas.
“Establecieron vigilancia constante e impidieron la entrada o salida de cualquier persona, hasta que todos nosotros firmáramos el acuerdo”, relató un testigo a este medio.
Las órdenes habrían sido claras: las adquisiciones, incluyendo medicamentos y otros insumos médicos, debían realizarse exclusivamente a través de compra directa con el Hospital de Maicao, excluyendo cualquier posibilidad de licitación pública.
Un participante comentó: “No se nos permitía realizar compras mediante licitación; debería ser individual y directa”. También mencionó que “los contratos estaban sesgados”, debido a acuerdos específicos entre el hospital y los proveedores, lo que eliminaría cualquier competencia abierta.
Esta no sería una situación aislada. En abril de 2025, de acuerdo con denuncias en ese momento, el mismo esquema podría haberse repetido.
Un video que circuló en redes sociales muestra a un funcionario llamado Mario Castro intentando relatar las complicaciones relacionadas con trámites presupuestales pendientes. Sin embargo, Gómez Consuegra lo interrumpió y cuestionó su competencia con estas palabras: “¿Qué profesión tiene usted? No parece que sepa. Si es abogado y supiera lo que tiene que hacer y su trabajo… no estaría en esta situación diciendo que necesita salir…”.
En ese contexto, Gómez Consuegra lanzó una advertencia: “No permitiré que continúen burlándose del país”.
Mientras Castro reiteraba que no podían firmar sin el documento necesario, la superintendente habría insistido en tomar una decisión inmediata: o se firmaba el compromiso en ese momento, o los responsables tendrían que presentar su renuncia.
Los asistentes afirmaron que el comportamiento de Gómez Consuegra aparentemente desafiaba las directrices presidenciales y que operaba fuera de las instrucciones del superintendente Bernardo Camacho, lo que amplificó la percepción de arbitrariedad en la gestión administrativa y un distanciamiento de los lineamientos del presidente Gustavo Petro para el sistema de salud en Colombia.
La jornada concluyó con un ultimátum claro: firmar sin dilación o dejar el puesto, en un ambiente donde la negociación dejó de ser una opción viable.
En medio de todo esto, la presión y la falta de opciones legítimas se hicieron evidentes. Gómez Consuegra insistió: “La orden es firmar ahora, no mañana”.
Los asistentes interpretaron esta presión como un aliciente para formalizar contratos a dedo que favorecen a proveedores exclusivos, lo que da lugar a la sospecha de intereses personales y familiares involucrados en el proceso.
Varios funcionarios mencionaron la imposibilidad de firmar en el momento, argumentando que la falta de un certificado de disponibilidad presupuestal se presentaba como un obstáculo insalvable para formalizar contratos públicos. En respuesta a este argumento, la respuesta fue: “Si usted es abogado y conociera su trabajo, no estaría diciendo que necesita obtener un CDP”.
Uno de los presentes indicó: “Doctora, es imposible que se firme ese contrato hoy”. La respuesta fue: “Con ustedes firmo ahora o me presentan la renuncia”.
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