Colombia
La expansión de grupos armados ilegales pone en riesgo las elecciones en Colombia: este es el panorama regional
La presión de grupos armados ilegales sobre las elecciones de Colombia 2026 se convierte en una amenaza directa a millones de votantes y candidatos en vastas áreas del país.
La expansión del control territorial criminal, que cuatro años atrás abarcaba 150 municipios, ahora supera las 600 localidades, según datos recopilados por Semana. Esta inusitada expansión aumenta considerablemente los riesgos para la democracia, a solo meses de las elecciones al Congreso y la presidencia.
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En regiones como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra ejercen lo que se conoce como “gobernanza armada ilegal”.
Imponen normas, restringen la movilidad, determinan quién puede postularse y amenazan con muerte o desplazamiento a quienes desafían sus decisiones. Las estimaciones reunidas por Semana indican que casi nueve millones de personas viven bajo este clima de coerción electoral.
La consolidación de esa presión incluye carnetización forzada, control de horarios y vigilancia de hombres armados en las cercanías de los centros de votación.
Testimonios documentados por el medio mencionado relatan comunidades obligadas a sufragar bajo vigilancia armada, mientras las juntas de acción comunal, sometidas a amenazas, entregan listados de habitantes y posibles tendencias electorales.
Un líder social en Catatumbo comentó: “Aquí solo pueden hacer campaña los políticos que ellos autoricen”. Grabaciones presentadas a la justicia muestran a capitanes dando órdenes de apoyo masivo a una candidata, bajo la amenaza de represalias.
Esta intervención socava directamente la libertad de voto. En localidades como Jamundí, Cauca y Nariño, la votación en bloque impuesta por los grupos armados es común.
Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, expresó a Semana: “El miedo ha trascendido a ser solo miedo; ahora es terror… La posibilidad de denunciar es casi inexistente”. Según Tabares, no es factible hablar de voto libre en estos territorios rurales.
El modus operandi de estas estructuras incluye vigilancia previa y posterior a la elección, perfilamiento de candidatos y bloqueo a la presencia de opositores. En César, denuncias recibidas indican que nuevos grupos vinculados al Clan del Golfo cercan zonas rurales, impidiendo la competición política real.
Los habitantes de Barranquilla, contactados por el medio, afirman que “solo algunos” candidatos logran ingresar, mientras otros son expulsados con violencia. “La gente tiene temor y miedo de participar en política”, compartió un líder desplazado.
La presión armada también ha llegado a entornos urbanos. Barrios en Medellín, Barranquilla y Soledad enfrentan actos de proselitismo controlados, con campañas favorecidas y financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico. Ante este panorama, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió: “Lo más probable es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.
Las autoridades han exigido medidas urgentes. Los gobernadores, organizados en la Federación Nacional de Departamentos, enviaron una misiva al Gobierno Nacional solicitando consejos de seguridad y acciones específicas dentro del Plan Democracia, con el fin de contener el control armado en los territorios y proteger el derecho al voto.
La Registraduría Nacional prevé habilitar 7.450 puestos de votación rurals; sin embargo, señala que al menos 104 municipios presentan alertas graves por riesgos políticos y armados.
La Defensoría del Pueblo, representada por Iris Marín, enfatizó en un diálogo con el medio mencionado la necesidad de respuestas diferenciadas, debido a la fragmentación y diversificación de los actores ilegales. Por otro lado, la MOE instó a garantizar la protección de funcionarios, materiales electorales y a llevar a cabo despliegues operativos de las fuerzas del orden antes y durante las elecciones.
Desde Indepaz, Leonardo González afirmó que la gobernanza armada ilegal define la vida comunitaria y política en varias regiones. Los grupos criminales no solo limitan las campañas: eligen candidatos, atacan centros de votación y llegan a controlar aspectos de la organización local. El miedo, subrayó González, paraliza a comunidades enteras.
Las cifras oficiales indican un preocupante retroceso democrático. A pesar del acuerdo de paz de 2016, la violencia política y eventos relacionados aumentaron un 179% entre 2022 y 2025, de acuerdo con la MOE. En Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Antioquia, la presencia de estructuras armadas se relaciona con altas tasas de participación electoral inducida y creciente peligrosidad. La pobreza y la debilidad institucional, combinadas con control criminal, crean un escenario sin precedentes y en expansión.
Por lo tanto, en amplias regiones de Colombia, la decisión de los ciudadanos sigue guiada por el miedo. Donde la autoridad real emana de quienes dominan el territorio, el ejercicio democrático desaparece y la voluntad del electorado queda sometida a la presión armada.
