Colombia
La Presidencia negó relación con interceptaciones ilegales denunciadas por Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia

La Presidencia de Colombia rechazó cualquier conocimiento y responsabilidad sobre las interceptaciones ilegales denunciadas por Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas domésticas en la residencia de Laura Sarabia ― exjefa de gabinete y actual embajadora en el Reino Unido―, según una reciente respuesta enviada a un juez en el contexto de la demanda de reparación presentada por ambas.
El Gobierno afirmó no tener constancia sobre estos eventos y sostuvo que son ajenos a sus funciones.
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Meza y Perea demandaron a la Presidencia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, asegurando haber sido víctimas de interceptaciones, amenazas y seguimientos por parte de policías vinculados a la seguridad presidencial mientras trabajaban en el entorno de Sarabia.
La demanda se basa en los daños y perjuicios que resultan de dichas acciones, según informó Semana, tras obtener la respuesta de la Presidencia a la Fiscalía.
En el archivo oficial enviado al juez, la Presidencia manifestó que “desconoce la ocurrencia de los hechos mencionados en la demanda” y afirmó que estos corresponden a “conductas ajenas a la entidad”.
“Se debe señalar que la Presidencia de la República desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda. Son completamente ajenos a su competencia funcional y afectan conductas exteriores a la Entidad”, se indica en la respuesta.
La institución resaltó nuevamente que, a pesar de las condenas judiciales que involucraron a miembros de la seguridad presidencial, no hay evidencia que confirme su participación en los casos de Meza y Perea.
El documento hizo hincapié en que se trata de “asuntos personales” de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, y aclaró que situaciones como la posible contratación de servicios domésticos en su residencia privada no se enmarcan en la órbita ni las funciones de la entidad. La respuesta destacó la separación entre la labor oficial de Sarabia y los hechos mencionados.
“No hay evidencia. Si bien Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la posible contratación de servicios domésticos en su hogar privado, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la Policía ofrecieron respuestas similares, reiterando la falta de implicación institucional en los hechos.
En específico, la Fiscalía argumentó que los hechos denunciados no constituyen un “daño antijurídico”.
Estas respuestas han suscitado preocupaciones entre las víctimas respecto al reconocimiento del Estado en relación con las interceptaciones que han resultado en condenas para miembros de las fuerzas armadas.
La posición principal de la Presidencia de Colombia reitera que los hechos expuestos pertenecen exclusivamente a la esfera privada de la entonces funcionaria, sin que se puedan atribuir a la institución ni generar una responsabilidad oficial directa.
La Fiscalía General de la Nación separó al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación en curso contra la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, en relación con el caso de la supuesta prueba de polígrafo ilegal aplicada a Marelbys Meza.
La decisión responde a un conflicto de intereses declarado por el propio fiscal, quien ha mantenido desde hace más de 25 años una “amistad cercana e íntima” con el abogado defensor de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas.
La separación de Arias Duque, quien dirigía la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se basa en la existencia de conexiones personales, profesionales y académicas con el representante legal de Sarabia que trascienden el ámbito profesional y podrían afectar la objetividad del proceso.
A partir del fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de la prueba de polígrafo ilegal a Marelbys Meza: esto es lo que se sabe
La decisión de la Fiscalía General de la Nación se basa en un conflicto de intereses declarado por Juan Carlos Arias Duque, quien tiene una amistad cercana con el abogado defensor de la embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Luciano Niño
En el desarrollo de la intercepción, además, habrían escuchado a dos personas más cercanas a Marelbys Meza: Infobae
La Fiscalía General de la Nación determinó apartar al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación contra la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, debido a un conflicto de intereses que el propio funcionario ha declarado. Este cambio procesal podría causar un retraso en el avance del caso, ya que el expediente será reasignado a otra fiscalía delegada, que deberá iniciar el análisis del asunto desde cero.
“Quieren ir por la cabeza del presidente”: Petro se refirió a la posible imputación de Roa y apuntó a la “cúpula” de la Fiscalía.
La decisión fue tomada tras aceptar el impedimento presentado por Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que mantiene una amistad “cercana e íntima desde hace más de veinticinco años” con el abogado defensor de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas, tal como informó Blu Radio. Esta relación, de acuerdo con Arias Duque, se basa en conexiones personales, profesionales y académicas, reforzadas por amistades en común y actividades sociales compartidas.
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La exniñera del hijo de Laura Sarabia fue obligada a someterse a una prueba de polígrafo por presuntamente estar involucrada en la venta de dólares tras el robo a la exjefa de gabinete – crédito Infobae.
El funcionario declaró que debía apartarse “para salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”.
El proceso investiga a Laura Sarabia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, tras la denuncia presentada por su exniñera Marelbys Meza.
Según la denuncia, Meza habría sufrido “actos arbitrarios y tratos humillantes” al realizar una prueba de polígrafo en la Jefatura de Protección Presidencial, cercana al Palacio de Nariño, entre el 29 y 30 de enero de 2023.







