Las 10 promesas de educación incumplidas por el gobierno de Gustavo Petro y cómo afectan a estudiantes y becarios

El gobierno de Gustavo Petro asumió el poder con el objetivo de promover una “sociedad del conocimiento”, aunque muchas de sus promesas clave en el ámbito educativo no se han cumplido, según un informe de El Colombiano.

El análisis de este periódico indica que la administración de Petro ha tenido dificultades para realizar cambios significativos en el sector, y expone cómo estos incumplimientos han impactado a estudiantes, becarios y la calidad educativa en el país.

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Durante la gestión de Gustavo Petro, el presupuesto educativo alcanzó los 79,2 billones de pesos para 2025, una cifra sin precedentes según datos oficiales. Sin embargo, El Colombiano destaca que aproximadamente el 92% de esos recursos se destinaron a gastos operativos, principalmente para salarios y funcionamiento del Ministerio de Educación, dejando apenas un 8% para la inversión efectiva en calidad educativa.

Luz Karime Abadia, decana de la Universidad Javeriana, advirtió que este desequilibrio dificulta la capacidad de respuesta ante los retos de acceso y calidad, especialmente en áreas rurales y vulnerables.

La tendencia histórica demuestra que el gasto público en educación como porcentaje del PIB ha permanecido entre el 3,3% y el 4,4% desde 2002. Durante el mandato de Petro, estos porcentajes han sido del 3,4% (2022), 3,7% (2023) y 4,1% (2024), cifras que, según Unicef, no son suficientes para transformar el sistema.

Uno de los datos más alarmantes es la histórica disminución en las matrículas de educación básica. Según cifras del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb) citadas por El Colombiano, la tasa de crecimiento anual en primaria del sector público fue de –2,2% en 2022, –2,4% en 2023 y –2,2% en 2024.

En secundaria, la disminución fue de –3% en 2022, –3,9% en 2023 y –3,4% en 2024. Por el contrario, el sector privado mostró tasas positivas en 2022 y 2023, aunque también cayó en 2024.

La suspensión de financiación afectó a Colfuturo, una alianza que durante dos décadas permitió que más de 17.000 colombianos realizaran estudios de posgrado en el extranjero. Según datos de la entidad, el 59% de los beneficiarios provenía de estratos 1 a 4, pero el presidente Petro cuestionó el destino de estas becas. El convenio con Fulbright Colombia también fue objeto de recortes, limitando las oportunidades para maestrías en Estados Unidos.

Durante la campaña de 2022, Gustavo Petro prometió condonar la deuda de los jóvenes con el Icetex. Siete meses antes de concluir su mandato, solo 8.345 jóvenes recibieron condonación total o parcial del crédito, frente a un total de 887.393 personas con créditos activos. Además, se eliminó el subsidio a la tasa de interés para beneficiarios en período de pago, lo que incrementó las cuotas mensuales hasta en un 90%, afectando especialmente a estudiantes de estratos bajos.

El Colombiano cita al exviceministro Víctor Saavedra, quien indica que esta medida amplió la brecha de acceso, ya que los estudiantes ahora enfrentan tasas de interés de entre el 12,2% y el 17,2% efectivo anual.

El gobierno anunció 130 proyectos de infraestructura educativa en 25 departamentos, de los cuales solo 46 son construcciones nuevas, mientras que el resto son mejoras, ampliaciones o adecuaciones. Según información de la Oficina de Infraestructura Educativa, apenas 6 proyectos nuevos han sido finalizados, mientras que la mayoría sigue en estructuración o ejecución.

Además, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) ha estado rodeado de controversias debido a denuncias de nombramientos irregulares y la falta de experiencia de algunos directivos, lo que ha retrasado la ejecución de proyectos importantes.

La gestión de Petro también ha sido criticada por las intervenciones en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. El Ministerio de Educación no firmó la posesión del rector electo en la Nacional y destituyó al rector de la UdeA, provocando críticas sobre el respeto a la autonomía universitaria. Por su parte, la Fundación San José ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de títulos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en lugar de superar la histórica politización, ha continuado bajo la influencia de figuras políticas, según denuncias recogidas por El Colombiano. La entidad ha enfrentado cambios en su liderazgo y presiones relacionadas con la repartición de puestos.

En 2024, el presidente Petro cambió el modelo de salud para los maestros, lo que resultó en un déficit de 2,7 billones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Para cubrir este déficit, se trasladaron 1,17 billones de las pensiones y cesantías de los maestros, una decisión que ha generado preocupación entre los sindicatos y expertos.

El recorte presupuestal también afectó a la agencia de emprendimiento iNNpulsa, que fue unificada con Colombia Productiva, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que redujo en 30.000 millones de pesos los recursos destinados a programas para la infancia y adolescencia en Bogotá y Medellín.

Al inicio de su gestión, Gustavo Petro lanzó una convocatoria para incorporar doctores al gobierno. Dos años después, las respuestas a derechos de petición enviadas por el concejal Julián Sastoque y la senadora María Fernanda Cabal confirmaron que ninguna contratación de doctores se realizó a partir de esa iniciativa.

El Colombiano indica que hay confusión entre el número de cupos creados y el de estudiantes nuevos en educación superior. El gobierno reportó la creación de 190.000 cupos, aunque lo que realmente aumentó fue el número de estudiantes matriculados. Según Mario Valencia, exsubgerente de Prospectiva y Desarrollo Nacional, el crecimiento real de cupos ha sido menor al proclamado.