Colombia
Liberaron a los 18 militares secuestrados tras asonada en Carmen de Atrato, Chocó
La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Iglesia Católica y otras autoridades locales y departamentales, logró la liberación de 18 miembros del Ejército Nacional que habían sido retenidos por la fuerza durante más de 36 horas en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, tras una revuelta protagonizada por comunidades indígenas.
La entidad confirmó que los militares ya han comenzado su regreso a Quibdó y están en buenas condiciones de salud, después de una compleja mediación humanitaria que duró varias horas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“A esta hora ha comenzado el regreso a Quibdó de 18 miembros del Ejército Nacional, desde la zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó. La Defensoría, junto a la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía Municipal de El Carmen de Atrato, intercedieron para facilitar este proceso”, informó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta oficial en la red social X.
La entrega segura de los militares se logró gracias a una comisión humanitaria compuesta por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, tras cerca de cuatro horas de diálogo, según lo confirmado por el Ejército Nacional.
La liberación se produjo alrededor de las 11:00 de la noche del lunes, cuando concluyó la mediación hecha por la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos, permitiendo que los soldados fueran entregados sin que se registraran nuevos incidentes.
Los acontecimientos se remontan al domingo, cuando los 18 soldados adscritos a la Décimo Quinta Brigada del Ejército realizaban operaciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el resguardo indígena La Puria. Según el Ministerio de Defensa, los militares fueron rodeados por aproximadamente 200 personas, quienes los trasladaron por la fuerza, en contra de su voluntad, hacia el interior del resguardo.
Las autoridades señalaron que las comunidades actuaron bajo presiones y amenazas del ELN, con la finalidad de frenar el avance de la Fuerza Pública en una zona considerada estratégica para esa guerrilla.
El brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada, confirmó que la operación tenía como objetivo impactar la estructura del frente Manuel Hernández “El Boche”, del Frente de Guerra Occidental del ELN, y que uno de los blancos era alias ‘Ramiro’, líder de ese grupo armado.
El mando militar describió lo sucedido como una “grave violación a la libertad personal, la integridad y la seguridad” de los soldados, y advirtió que este tipo de acciones favorecen indirectamente a los grupos armados ilegales.
La gravedad de los hechos llevó al Ejército a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro, violencia contra funcionario público, asonada y obstrucción a la función pública.
La Gobernación del Chocó también condenó el secuestro y recordó que no hay ninguna norma que prohíba la presencia del Ejército en territorios indígenas en el marco de operaciones legítimas de seguridad.
“No hay territorios vedados para el ejercicio de la acción legítima del Estado colombiano”, afirmó la entidad, al tiempo que denunció que los soldados fueron despojados de su armamento oficial y forzados a grabar un video de identificación, lo que comprometió su intimidad y dignidad.
El secuestro de los militares ocurrió el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral por las festividades de fin de año, válido entre el 24 de diciembre y el 3 de enero de 2026. No obstante, este anuncio se realizó en medio de un clima de alta desconfianza, tras recientes incidentes violentos atribuidos a esa guerrilla.
Días antes, el ELN había llevado a cabo un paro armado de 72 horas, y el 18 de diciembre se reportó una emboscada en Villanueva, La Guajira, que resultó en la muerte de siete militares, lo cual endureció la postura del Gobierno.
Sobre este asunto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue claro al afirmar que “no hay ningún cese al fuego ni orden de suspender la protección del pueblo colombiano” por parte del Gobierno.
Las autoridades han señalado que la retención de militares por civiles se ha vuelto común en zonas controladas por grupos armados, donde las comunidades son manipuladas para obstruir la acción estatal.
Incidentes similares ocurrieron en Guaviare, donde 34 militares fueron retenidos en agosto, y en Cauca, donde otros 45 uniformados fueron secuestrados en septiembre. En todos estos casos, la mediación humanitaria permitió su liberación.
La liberación de los 18 militares en el Chocó alivió la tensión en la región, pero reactivó las alarmas sobre el uso de la población civil en el conflicto armado y los retos de seguridad que persisten en varias partes del país.
