Economia
Los impuestos que traería la emergencia económica del gobierno Petro
La emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro le permitirá al Ministerio de Hacienda poner impuestos sin tener que pasar por el Congreso para poder recaudar 16,3 billones de pesos para el próximo año.
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Billetes. Foto:iStock
Eso quiere decir que, aunque la reforma tributaria se cayó en el Congreso, algunos contribuyentes no se librarían de tener que pagar nuevos tributos.
De momento, y a la espera de conocer el decreto que traería los nuevos impuestos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, desmintió que se vaya a colocar un 5×1.000 a las transacciones financieras como trascendió la semana pasada.
“El Gobierno no lo ha considerado. Los impuestos irán encaminados a ciertos sectores sociales y económicos”, contó el funcionario en una entrevista con La W.
Lo que sí aseguró es que tendrían mayores impuestos los patrimonios altos, así como se establecía en su tributaria. En concreto, señaló que las tarifas se elevarían.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:GERMAN AVILA
“Los patrimonios que están entre 3.600 y 6.000 millones de pesos tendrían una tasa de 1 por ciento; entre 6.000 y 12.000 millones pagarían un 2 por ciento; la tarifa de los de entre 12.000 y 100.000 millones llegaría a 3 por ciento; y los de más de 100.000 millones pagarían un 5 por ciento”, explicó en la emisora radial.
Igualmente, el ministro anunció que otro de los sectores que tienen en el radar es el de los bancos. Ávila aseguró que están pensando en ponerle una sobretasa de 10 puntos a la tarifa de renta que hoy en día pagan las empresas de este sector. Esto significa que el impuesto de renta de las instituciones financieras pasaría del 40 por ciento actual al 50 por ciento.
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“Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero”, dijo.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Foto:Asobancaria
Ante ello, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, manifestó que la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado.
“Se volvería a Colombia el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero. A su vez, traería implicaciones para las familias que quieran acceder a un crédito de vivienda, a los empresarios que quieren ampliar su producción y a los estudiantes que quieran financiar su educación”, señaló.
De igual manera, dijo que sería un desestímulo para el crédito general en el país. “Colombia necesita más inversión, más crecimiento y medidas de este tipo terminan desplazando el sector privado en favor del público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo”, sentenció.
Otros impuestos que circularon el viernes, pero que hasta el momento no hay certeza de que se pondrán, son al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco, al igual que ya incluía la tributaria que se le cayó.
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Hay que recordar que, ante la falta de recursos para financiar el presupuesto del próximo año, el Gobierno decretó una emergencia económica. Este es el segundo año consecutivo que presenta un presupuesto desfinanciado y atado a la aprobación de una reforma tributaria incierta para poder gastar más, pero sin tener los ingresos necesarios.
“La actual situación fiscal del país es de carácter estructural y no se resuelve con una ley ni con medidas de corto plazo. Los ajustes contables y las decisiones de última hora están deteriorando la confianza de los mercados y comprometiendo la estabilidad económica del país. En este contexto, ya se observan señales claras de deterioro: la reciente rebaja en la calificación crediticia por parte de Fitch; los retrasos en los pagos a contratistas del Estado, que pueden traducirse en un rezago presupuestal acumulado y mayores presiones fiscales hacia 2026; y un recorte de gasto anunciado que resulta insuficiente y de carácter principalmente cosmético, al no corregir el desbalance persistente entre ingresos y gastos públicos”, apuntó José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
