Los procesos judiciales que sacudirán a Colombia en 2026: del magnicidio de Miguel Uribe Turbay a Zulma Guzmán

El año judicial de 2026 se perfila como uno de los más decisivos y tensos de las últimas décadas en Colombia. Los despachos de jueces, tribunales y altas cortes abordarán procesos penales y constitucionales que no solo influirán en la justicia, sino que también afectarán directamente la política, la economía y la estabilidad institucional del país.

Desde crímenes que impactaron a la opinión pública hasta decisiones que definirán el futuro de millones de colombianos, estos son los casos cruciales que captarán la atención nacional.

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Uno de los casos más sorprendentes que se abordará en 2026 es el de Zulma Guzmán Castro, un expediente que parece sacado de una novela criminal debido a la frialdad de su ejecución y el perfil de la acusada.

Guzmán, economista y empresaria renombrada, fundadora de la plataforma Car B de vehículos eléctricos y figura mediática tras su participación en Shark Tank Colombia, ha pasado de ser un símbolo del emprendimiento a convertirse en el rostro de uno de los crímenes más horrorosos de la justicia ordinaria moderna.

La Fiscalía la acusa de asesinar a dos menores, Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, además de intentar asesinar a una tercera adolescente. Las víctimas fallecieron tras consumir frambuesas congeladas de la marca Franui, que se entregaron a su hogar como un supuesto regalo. Las pesquisas revelaron que la fruta estaba contaminada con talio, un metal pesado extremadamente tóxico y difícil de detectar.

El motivo del delito se cree que fue pasional: Guzmán supuestamente mantenía una relación oculta con el padre de una de las víctimas, y el ataque se habría motivado por celos. Tras el crimen, la empresaria huyó del país, visitando varias naciones antes de ser capturada en Londres a finales de diciembre de 2025, tras ser rescatada del río Támesis en circunstancias todavía inciertas.

En 2026 se llevará a cabo su proceso de extradición a Colombia y, si se concreta, iniciará un juicio que podría resultar en una condena de más de 50 años de prisión, dada la gravedad de los delitos y la condición de las víctimas.

Otro caso de relevancia judicial es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Después de la histórica sentencia de primera instancia en agosto de 2025, que lo condenó a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal, el asunto fue turnado al Tribunal Superior de Bogotá.

Durante 2026, los magistrados deberán decidir sobre el recurso de apelación. Las posibilidades son claras y de gran repercusión política: confirmar la condena, lo que conllevaría su arresto o reclusión domiciliaria definitiva, o absolverlo. Se anticipa que la resolución llegará en el primer semestre del año, en plena campaña electoral, un contexto que promete intensificar la polarización y las reacciones de sus seguidores y detractores.

El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, también se aproxima a su fase culminante. Está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, centrado en la supuesta entrada irregular de cientos de millones de pesos a su patrimonio personal.

Las audiencias del juicio oral están programadas para los días 23, 24 y 26 de febrero de 2026. Tras múltiples aplazamientos en 2025, el juez fue claro que no se aceptarán nuevas dilaciones. La Fiscalía introducirá pruebas sobre fondos que habrían provenido de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el Hombre Marlboro”, y del hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca. El resultado tendrá efectos directos sobre la percepción pública del Gobierno y el discurso anticorrupción del oficialismo.

Más allá de los tribunales penales, la Corte Constitucional será protagonista de una de las decisiones más relevantes del año. A finales de 2025, el alto tribunal suspendió provisionalmente la entrada en vigencia de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), que debió aplicarse en su totalidad desde julio de ese año.

En 2026, la Corte deberá determinar si la ley se declara inexequible por motivos formales, específicamente por la insuficiencia de debate en la Cámara de Representantes. Si la reforma se anula, el sistema pensional regresará a la Ley 100 de 1993, generando un complicado vacío legal respecto a los traslados de fondos que ya se habían iniciado.

Finalmente, el asesinato del senador opositor Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, continuará siendo un tema central en la agenda nacional. En 2026 comenzará el juicio contra los autores materiales del crimen, incluidos alias “El Costeño” y otros ya capturados.

La mayor incógnita sigue siendo quién dio la orden. La Fiscalía deberá esclarecer si el magnicidio fue ordenado por la “Segunda Marquetalia” o si existió una conspiración política más amplia, como sugieren diversas líneas de investigación. La verdad judicial de este caso será esencial para entender la penetración del crimen organizado y la violencia política en la Colombia contemporánea.