[ad_1]
Muchos empresarios están asustados por el requerimiento de información que ha empezado a hacer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a algunas empresas solicitándoles detalles exactos sobre cómo definen sus precios, qué márgenes tienen o de qué manera aplican sus descuentos.
LEA TAMBIÉN
Por el momento, la solicitud solo les ha llegado a cinco empresas de diferentes sectores: Panamericana, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Nalsani, Whirpool y Continente. Sin embargo, la superintendente Cielo Rusinque le aseguró a este medio que le pedirán información en los próximos días a más de 50 compañías debido a que han recibido denuncias, quejas ciudadanas o al propio monitoreo que realiza la entidad y que les alerta de posibles infracciones.
Tiendas Olímpica Foto:Tiendas Olímpica
En el cuestionario puntual, el cual fue revelado por Caracol Radio, se encuentran preguntas desde cuáles son los parámetros que utilizan para fijar sus precios, qué criterios usan para establecer su margen de ganancia mínimo, de qué forma incorporan la evolución de la tasa de cambio en la determinación del precio de los productos importados o si utilizan sistemas automatizados o algoritmos a la hora de determinar los precios.
Estos requerimientos no han caído bien dentro del sector empresarial. De hecho, diferentes empresarios y expertos creen que este tipo de prácticas podrían llevar a un riesgo de control o fijación de precios por parte del Estado ante el posible aumento de la inflación que se podría dar tras el incremento de 23 por ciento del salario mínimo para este 2026.
“Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, aseguró Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial.
Al contrario, desde el Gobierno niegan tales afirmaciones y aseguran que solo están haciendo su trabajo habitual. “Vigilamos si existen comportamientos que violen el régimen para poder actuar en consecuencia”, dijo Rusinque. También el propio presidente Gustavo Petro pidió tranquilidad a través de su cuenta de X y defendió la propuesta. “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia la estructura de formación de precios”, escribió.
LEA TAMBIÉN
Cielo Rusinque es la superintendente. Foto:Milton Díaz
Los temores de los empresarios
El Consejo Gremial no solo manifestó su “profundo” rechazo, sino que aseguró que esta solicitud les pide a las empresas revelar información que es confidencial y amparada por la reserva comercial, por lo que el ente de control está excediendo sus competencias constitucionales y legales.
“La exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial —como los criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad— resulta inconstitucional y afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista”, manifestó el Consejo, que reúne a los gremios económicos más importantes del país.
De igual manera, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa y que si bien la SIC tiene la posibilidad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece.
“Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, excede las facultades de la Superintendencia cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”, expresó su presidente Bruce Mac Master.
Precios. Foto:City tv
Por su parte, el presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, opinó que atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía.
LEA TAMBIÉN
“Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no son la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, sentenció.
La realidad es que fue el propio Gobierno el que mencionó a principios de año que podría llegar a analizar medidas como el control de precios para evitar posibles prácticas especulativas y presiones al alza de la inflación, la cual los analistas del Banco de la República esperan que cierre el año en 6,4 por ciento, un nivel superior al 4,6 por ciento que proyectaban anteriormente.
“Estamos examinando medidas de control de precios para evitar presiones inflacionistas. Estaremos muy atentos a controlar y sancionar las prácticas especulativas que son ilegales. La especulación hay que evitarla y perseguirla”, decía el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a Blu Radio, en la primera semana del año.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto:Ministerio de Trabajo
Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) y de la alianza de gremios Aliadas, este tipo de solicitudes amplias y generalizadas de información sobre estructuras internas de precios y márgenes pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial.
“La libre fijación de precios es un pilar del modelo económico colombiano. Cualquier intervención estatal debe estar claramente delimitada por la ley y responder a investigaciones concretas, para evitar efectos adversos sobre la competencia, la inversión y el bienestar del consumidor”, sostuvo.
LEA TAMBIÉN
En la misma línea, Luis Fernando Mejía, exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo, calificó el alcance del requerimiento de la SIC como “preocupante” pues el nivel de detalle exigido equivale a una supervisión microeconómica directa de decisiones comerciales que, en una economía de mercado, corresponden a las empresas y al proceso competitivo.
“Combatir abusos de mercado es legítimo y necesario. Pero hacerlo requiere análisis de competencia, evidencia de colusión o posición dominante, no una fiscalización generalizada de la formación de precios”, afirmó.
[ad_2]