Marta Lucía Ramírez calificó como un “dulce envenenado” el aumento del salario mínimo por parte del Gobierno: “¡Populismo destructivo!”

Durante la vehemente discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2026, que fue anunciado el lunes 29 de diciembre por el presidente Gustavo Petro, con un ajuste del 23.7% para más de 2 millones de trabajadores en el país, fueron muchas las voces en oposición. Entre ellas, destacó la de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En su cuenta de X, donde tiene más de 761,000 seguidores, la exfuncionaria criticó fuertemente la medida, calificándola como un “dulce envenenado” para la clase trabajadora. Según Ramírez, este ajuste no solo es perjudicial a corto y mediano plazo, sino que también podría representar una carga con serias consecuencias para la economía nacional, a pesar de los informes del gobierno que sugieren una mejora gradual en varios índices.

Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El aumento del salario mínimo del 23% es un dulce envenenado que tendrá efectos devastadores”, aseguró Ramírez, argumentando que un incremento de este tipo es desproporcionado: dado que, cuando sube más rápido que la economía, “los precios y el empleo lo pagan, no el Estado”. Este análisis coincide con las preocupaciones expresadas por otros importantes sectores, especialmente por diferentes gremios que han hecho públicas sus observaciones sobre esta decisión.

Una de las preocupaciones principales que expresó Ramírez fue el amplio alcance de esta decisión. “No solo afecta a quienes lo perciben: cerca del 40% de los trabajadores formales reciben el salario mínimo o menos; sirve de referencia para contratos, multas, tarifas, cotizaciones y costos laborales. El impacto se multiplica”, aclaró la política, que se muestra cercana a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Según la exvicepresidenta, este aumento afectará directamente la economía familiar y empresarial. Ramírez argumentó que esto resultará en un “traslado directo a precios: los costos laborales incrementan los precios de alimentos, transporte, servicios y arriendos. La inflación absorbe rápidamente el aumento, reduciendo el poder adquisitivo”, razón por la cual la preocupación de varios sectores es válida, en un debate que también tiene bases políticas.

La exministra, que fue parte del gobierno de Duque Márquez, subrayó que esta situación afectará con mayor fuerza a los más vulnerables. “La inflación es un impuesto regresivo que penaliza más a los pobres (más del 70% del gasto en productos básicos). La ganancia nominal es efímera; la pérdida real es duradera”, expresó Ramírez, quien también destacó cómo esta decisión impactaría gravemente a las pequeñas y medianas empresas.

En consecuencia, Ramírez consideró que esto es “un golpe letal” para las Pymes que generan entre el 70 y 80% del empleo formal. “Son menos capaces de absorber aumentos abruptos → despidos, vacantes congeladas, informalidad”, puntualizó. Además, advirtió que también podría fomentar la informalidad laboral, ya que “promueve empleo sin contrato, pensión ni estabilidad. Es un tiro en el pie para los trabajadores más vulnerables”. Este es un resumen de los temores que surgieron después del anuncio del aumento.

Adicionalmente, la dirigente, que participó en las reuniones previas a La Gran Consulta por Colombia, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, manifestó que el aumento “cierra puertas a jóvenes, mujeres y aquellos que buscan su primer empleo: las empresas contratan menos debido a los altos costos”. También mencionó las repercusiones para el desarrollo económico. Efecto cascada: se encarecen sectores, se frena la inversión privada y baja el crecimiento. “Sin crecimiento, no hay salarios sostenibles”, argumentó.

Respecto al sentido inmediato y real de la medida, Ramírez reiteró su postura frente al aumento, señalando que el salario sin el subsidio de transporte se establece en 1,746,882 pesos, elevándose a 2,000,000 con el subsidio incluido. “Dulce envenenado: beneficio a corto plazo (semanas); daño a largo plazo (años) en desempleo e informalidad”, afirmó la exvicepresidenta, quien prevé consecuencias fiscales que afectan nóminas y contratos públicos.

Finalmente, la exfuncionaria, que anticipó una serie de recortes, se pronunció sobre la medida, la cual será demandada ante el Consejo de Estado. “Regresiva al final: aquellos que se suponen beneficiados (los vulnerables) terminarán más golpeados: menos empleo formal, menor capacidad de compra real, mayor incertidumbre”, y llamó a rechazar el “populismo destructivo”, abogando por “responsabilidad: crecimiento, productividad y empleo digno real”.