MinDefensa se defiende en el Congreso y rechaza señalamientos sobre supuestos falsos positivos en recientes operativos

El debate que tuvo lugar en la Cámara de Representantes el 10 de diciembre se centró en las acusaciones lanzadas por algunos congresistas sobre acciones militares recientes.

Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una exposición con el objetivo de contestar las acusaciones sobre supuestos falsos positivos y explicar, según él, cómo se toman decisiones operativas en las Fuerzas Militares, como lo reportó Revista Semana.

Desde el principio de su discurso, Sánchez dirigió parte de su intervención a las denuncias realizadas por la representante Katherine Miranda y otros legisladores, quienes plantearon casos de menores que perdieron la vida en bombardeos y enfrentamientos.

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Algunas intervenciones elevaron la cifra hasta 54 menores, un número que estuvo presente en las discusiones más sensibles de la jornada. En este marco, el ministro expresó que existen mecanismos de control para la planificación de las operaciones militares y que estos procedimientos se mantienen en ejecución constante.

Uno de los temas principales que abordó el ministro fue la situación del brigadier general Walther Giraldo, mencionado por algunos congresistas durante la discusión. En respuesta a las preguntas, Sánchez afirmó que no acepta que un oficial sea calificado como “asesino de niños”, recordando que, en los procesos revisados por organismos de control, dicho oficial no recibió sanciones que implicaran su responsabilidad penal o disciplinaria. A lo largo del debate, el ministro enfatizó la necesidad de preservar el “honor y la dignidad” de quienes sirven como comandantes en las fuerzas armadas.

Además, Sánchez admitió que hay acciones específicas que aún están bajo investigación judicial. Hizo mención de un evento sucedido el 17 de diciembre de 2024 en Ituango, Antioquia, señalando que ese caso está en proceso en la Fiscalía 22, tal como reportó Revista Semana.

Afirmó que el Gobierno sostiene su postura de no permitir irregularidades en las fuerzas armadas, y explicó que, cuando se cuente con pruebas que demuestren la existencia de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, corresponde a las autoridades aplicar las sanciones establecidas por la ley.

Durante el debate, Katherine Miranda presentó un conjunto de casos que, en su opinión, necesitaban revisión. Mencionó el del 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, donde, según sus afirmaciones, John Byron Londoño Gutiérrez habría sido capturado, golpeado y luego reportado como miembro de un grupo armado tras un enfrentamiento en el que murió un soldado.

La congresista expuso estos elementos con el fin de reforzar su argumento sobre la necesidad de investigar posibles irregularidades.

Asimismo, la discusión también incluyó otro incidente que ocurrió el 29 de noviembre en la vereda San Isidro, en el municipio de Vista Hermosa, Meta.

En este caso, la congresista argumentó que podría tratarse de otro falso positivo, ya que, mientras la información oficial reportaba la muerte en combate de una persona vinculada a disidencias, los habitantes de la zona afirmaron que la víctima era un campesino sin antecedentes.

Estas situaciones se presentaron como ejemplos de denuncias que, según los congresistas, requieren aclaración.

Durante el debate, el ministro reiteró que las operaciones militares se rigen por normas que buscan asegurar verificaciones tanto antes como después de cada acción. Explicó que, desde su ministerio, se supervisan los procedimientos establecidos y se evalúan los informes operacionales para garantizar que las acciones cumplan con los lineamientos actuales. Además, agregó que mantiene coordinación con los órganos judiciales responsables de determinar las responsabilidades individuales en los hechos denunciados.

Sánchez también destacó que, si se comprueban responsabilidades a cualquier nivel, las autoridades deberán proceder con los procesos correspondientes. Según sus declaraciones, esa es la instrucción general en el Ministerio de Defensa, donde, afirmó, la política institucional está enfocada en evitar que persistan comportamientos que contravengan la normativa.

La discusión prosiguió en medio de intercambios entre defensores de las Fuerzas Militares y aquellos que sostenían la necesidad de profundizar en la investigación de los casos mencionados. En este contexto, las conversaciones giraron en torno a las cifras presentadas por los legisladores y los expedientes abiertos en las instancias judiciales.