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Colombia

Ministerio de Trabajo inició proceso administrativo contra dos empresas por presunta explotación laboral de vendedores informales

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Ministerio de Trabajo inició proceso administrativo contra dos empresas por presunta explotación laboral de vendedores informales
El Ministerio del Trabajo de Colombia ha iniciado una investigación contra Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A. por presunta explotación laboral de personas vulnerables – crédito Ministerio de Trabajo

El Ministerio del Trabajo ha comenzado una indagación administrativa contra Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A. por presunto abuso laboral hacia personas en situaciones vulnerables, tras recibir denuncias sobre el uso de vendedores informales sin las garantías necesarias en la venta de productos como Bon Ice, Vive 100 y helados Crem Helado.

De acuerdo con la cartera laboral, las empresas tendrán un plazo de cinco días desde la recepción de la notificación para responder y presentar pruebas, enfrentándose a posibles sanciones económicas que pudieran superar los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente $175 millones según la normativa actual.

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La situación se deriva de una denuncia formal presentada por el abogado Óscar David Benavides Angulo, quien también fue vendedor ambulante y aspira a un puesto en la Cámara de Representantes.

Benavides ha alertado que esta cuestión va más allá de Quala, representando un sistema más amplio donde las empresas transfieren los riesgos laborales a sectores empobrecidos.

Trabajadores informales comercializaron productos como
Trabajadores informales han comercializado productos como Bon Ice y Vive 100 sin contratos, sin acceso a seguridad social y sin percibir un salario digno – crédito @FrvaJoao/X

“Esto no se limita a Quala, es un sistema que ha permitido a grandes marcas beneficiarse mientras miles de colombianos trabajan sin derechos. Por eso decidí presentar esta denuncia”, afirmó Benavides en declaraciones a distintos medios de comunicación.

Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales han afirmado que el procedimiento iniciado por el Ministerio del Trabajo puede sentar un precedente significativo para la protección de los trabajadores en situaciones similares.

La autoridad laboral busca determinar si hubo una “vulneración de derechos claros y evidentes” y si las prácticas denunciadas constituyen una evasión de las responsabilidades legales que las empresas tienen hacia las personas vulnerables.

Según lo indicado en la denuncia, las personas involucradas en estos esquemas habrían sido contratadas de forma informal como vendedores ambulantes y promotores de marcas, sin vínculos laborales formales, sin acceso a seguridad social y sin una remuneración que alcance un “salario digno”.

La denuncia contra las compañías
La denuncia fue presentada por Óscar David Benavides Angulo, abogado y exvendedor ambulante que busca un puesto en la Cámara de Representantes – crédito Colprensa

El Ministerio ha indicado que la investigación administrativa se realizó durante aproximadamente dos meses, durante los cuales se recopilaron y analizaron los informes y acusaciones sobre las prácticas laborales de Quala y Grupo Nutresa.

La cartera laboral aclara que el proceso busca determinar si las empresas han incurrido en una explotación sistemática de trabajadores que carecen de herramientas legales para su defensa.

El Ministerio de Trabajo también anunció que envió un requerimiento formal a las compañías, solicitándoles que se pronuncien y aporten la documentación que consideren pertinente en un plazo máximo de cinco días a partir de la notificación.

La falta de respuesta o la omisión en la entrega de información podría conllevar la aplicación de multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Trabajadores informales comercializaron productos como
Los trabajadores informales han comercializado productos como Bon Ice y Vive 100 sin contratos, sin acceso a seguridad social y sin recibir un salario digno – crédito Ipes

En su denuncia, el abogado Benavides Angulo aseguró: “No estamos hablando de favores ni de oportunidades informales, estamos hablando de personas utilizadas para vender marcas millonarias sin contrato, sin seguridad social y sin un salario digno. Esto es explotación laboral y no puede seguir siendo normalizado”.

El abogado demandante enfatizó que esta práctica no se trata de ayudas ocasionales, sino de un modelo que beneficia a las grandes empresas a costa de la precarización de ciudadanos que tienen pocas posibilidades de defensa jurídica y económica.

El proceso permanece bajo la supervisión de la autoridad laboral, que deberá emitir un fallo sobre la existencia o no de irregularidades y determinar las posibles medidas correctivas a aplicar.

La decisión que tome el Ministerio del Trabajo podría influir en cómo operan otras empresas bajo modelos de trabajo informal, reavivando el debate en Colombia sobre la dignidad laboral y la protección efectiva de los individuos en situaciones vulnerables.

Entre los beneficios que los vendedores estarían perdiendo se incluyen: seguridad social, aportes a pensiones, cesantías y ARL.

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