Nueva medida del Gobierno hará que los colombianos paguen $16 billones y se encarezca el crédito de vivienda y el estudiantil

La declaración de emergencia económica y social en Colombia, instaurada mediante el Decreto 1390 el 22 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda, ha generado una gran controversia entre el Gobierno y los principales sindicatos empresariales del país. El Ejecutivo justificó esta acción debido a la imposibilidad de cumplir con compromisos fundamentales del Estado tras el rechazo del Congreso a dos proyectos clave de financiamiento, que suman un total de $12 billones para 2025 y $16.3 billones para 2026.

Según la norma, que tendrá una vigencia de 30 días, el Gobierno alegó que el país enfrenta una “incapacidad material y jurídica” que dificulta el cumplimiento constante y suficiente de obligaciones esenciales, incluyendo la salud y subsidios. Esta situación se ha visto agravada por la caída de ingresos proveniente de la no aprobación de los proyectos de financiamiento. El documento advierte sobre un déficit que pone en riesgo derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos, presentando la situación fiscal como un hecho excepcional que requiere medidas extraordinarias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En respuesta, los gremios rechazaron unánimemente la excepcionalidad fiscal proclamada, cuestionando así la legalidad, constitucionalidad y eficacia de las acciones propuestas para abordar el déficit. Según Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la deuda del Estado ha aumentado significativamente en los últimos años debido a un gasto desmedido.

“En agosto de 2022, la deuda total del Estado era de $804 billones; en marzo de 2024 había crecido a $887 billones, un aumento del 10%. En octubre de este año, el monto ya alcanza los $1.180 billones, lo que representa un crecimiento del 46%”, afirmó el líder empresarial. Subrayó que los recursos derivados de la emergencia “serían solo una fracción de los $23 billones que se colocaron recientemente en los mercados privados de deuda, sobre los cuales hay muchas interrogantes”.

Además, afirmó con claridad que “el regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos consistirá en $16 billones en impuestos, que el Congreso no aprobó por diversas razones”. Agregó que “ninguna de las razones invocadas en el decreto de emergencia económica se alinea con las estipuladas en la Constitución para su declaración. En cambio, son claramente violatorias de la Constitución”.

El rechazo de los gremios empresariales es generalizado y contundente. Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), calificó la medida como “a todas luces inconstitucional”. Afirmó que “ninguna de las justificaciones presentadas constituye un hecho excepcional o sobreviniente, que es la base fundamental para declarar cualquier emergencia”.

Aclaró que “el hecho de que el Gobierno no haya podido aprobar el proyecto de reforma tributaria en el Congreso no implica que pueda sustituir al Legislativo mediante un decreto de emergencia económica”, enfatizando que los estados de excepción “no pueden convertirse en un mecanismo para sustituir al Congreso ni para imponer reformas económicas o fiscales sin un debate democrático”.

Cabal reiteró que las restricciones al endeudamiento o el costo del crédito no constituyen una calamidad pública, sino que son resultado de un deterioro fiscal y de decisiones de política económica previas.

Por su parte, Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), expresó su gran preocupación por el impacto en el sector financiero. “Asobancaria manifiesta su desacuerdo y profunda inquietud por el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno nacional, dado que carece de fundamentos jurídicos y técnicos”, comentó el dirigente.

Alertó que la decisión conlleva una “sobresaturación que eleva el impuesto a la renta al 50%, lo que significaría que la mitad de la actividad bancaria en este país quedaría bajo el control del Estado, posicionando a Colombia, junto a las Islas Comoras, como el país con la menor competitividad tributaria en el sector financiero a nivel mundial”.

Malagón destacó que habrá repercusiones en la solicitud de créditos para vivienda, financiación empresarial y estudiantil, y advirtió que el endurecimiento tributario desincentivará la inversión privada. “La situación del crédito en general en Colombia crea un desincentivo y restricción. El país necesita más inversión, más crecimiento, y medidas de esta índole terminan, al final, desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía colombiana”.

Las críticas legales también llegaron a altos niveles institucionales. María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), afirmó que “el decreto 1390 de 2025 no es procedente, no cumple con el artículo 215 de la Constitución y trata de calificar problemas estructurales y previsibles como emergencia, no como un hecho sobreviniente y extraordinario”.

Lacouture argumentó que los motivos presentados por el Gobierno insisten en la urgencia en asuntos que no cumplen con las condiciones de excepcionalidad, como deudas acumuladas en salud y subsidios, o una ley de financiamiento rechazada. “Un fracaso en el Congreso no es una emergencia, es democracia”, afirmó. También hizo un llamado a la Corte Constitucional para que “active un control preventivo y riguroso sobre el decreto 1390 de 2025”, en defensa del Estado de derecho y de los contribuyentes.

Fenalco también alertó a la Corte para que evalúe rápidamente la constitucionalidad de la medida y defienda el equilibrio de poderes ante un Ejecutivo que, según el gremio, busca evadir el debate democrático.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), liderada por Guillermo Herrera, considera que la situación fiscal del país, aunque desafiante, “no se debe a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y discutidas”.

El dirigente destacó que “la emergencia económica no debe utilizarse para suplantar los mecanismos ordinarios de discusión y decisión fiscal. Colombia dispone de herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”.

Camacol advirtió que la declaratoria genera incertidumbre y puede desalentar la inversión y la planificación de proyectos de vivienda e infraestructura, poniendo en riesgo el aporte al empleo formal y al crecimiento económico. Para la entidad, el país tiene mecanismos ordinarios —como la reprogramación o recorte del gasto— que pueden aplicarse sin tambalear al país con estados de excepción que solo originan incertidumbre en la confianza empresarial.