Nueva polémica por decisión económica del Gobierno Petro: anuncian control de precios para que no se dispare la inflación por aumento del mínimo

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, declaró la mañana del viernes 2 de enero de 2026 durante una entrevista con W Radio que el Gobierno nacional está planeando acciones para mitigar un posible impacto en la inflación.

Esto sucede tras el anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia del 23,7% que hizo Gustavo Petro el 30 de diciembre de 2025 en un discurso presidencial.

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El ministro justificó la decisión del gobierno presentando argumentos técnicos y detallando las estrategias en desarrollo para evitar repercusiones negativas en las variables económicas claves, una de las mayores preocupaciones de los gremios y la oposición.

Desde el comienzo de la conversación, Sanguino enfatizó que el debate sobre las repercusiones de un aumento significativo del salario mínimo no es un tema nuevo y se presentan distintas corrientes de pensamiento económico.

“Este debate comenzó en la tercera década del siglo XX, cuando (John Maynard) Keynes propuso una alternativa a los clásicos y neoclásicos que creían que todo se determinaba por la oferta y la demanda”, afirmó Sanguino.

El ministro sostuvo que el Estado debe intervenir para mejorar los ingresos de los trabajadores y así estimular la demanda interna.

Como explicó el titular de Trabajo, el Gobierno reconoce los riesgos inflacionarios y fiscales asociados al incremento del salario mínimo, pero recordó que en los últimos tres años (del Gobierno de Petro) se ha mantenido la inflación controlada a pesar de los incrementos significativos en los ingresos de los trabajadores.

“Lo que estos tres años del gobierno demuestran es que se ha podido controlar la inflación, ya que hemos incrementado el salario mínimo en un 37,6% nominalmente, con un aumento real del 17,4% en los ingresos de los trabajadores,” detalló Sanguino.

Además, el ministro agregó: “La inflación que heredamos fue del 14% del gobierno anterior y está cerrando el año 2025 en aproximadamente 5,2%”, especificó Sanguino.

Ante la preocupación sobre una posible “presión inflacionaria” inminente, el funcionario aseguró que el Ejecutivo está “monitoreando” los efectos potenciales para evitar un desbordamiento.

“También debemos controlar los fenómenos especulativos que pueden ocurrir, ya que la economía a veces se mueve en base a este tipo de fenómenos y expectativas en los mercados. También es necesario controlar un posible impacto fiscal con las medidas que estamos considerando junto al Ministerio de Hacienda y el Gobierno nacional”, subrayó el ministro.

Uno de los anuncios hechos por Sanguino fue la inminente expedición de un decreto para desindexar el valor de la vivienda de interés social y prioritario.

Respecto a este tema, el ministro explicó que dicho valor está vinculado “al incremento del salario mínimo, para prevenir un fenómeno especulativo en un sector que es muy relevante para las familias en Colombia”.

El ministro también abordó las críticas en relación a la mesa de concertación salarial y la falta de acuerdo con sindicatos y empresarios.

Frente a las afirmaciones de que la concertación fue “una farsa”, Sanguino precisó que se realizaron sesiones bilaterales y plenarias, y que los empresarios propusieron un aumento del 7,21%, mientras que los trabajadores solicitaron un 16%.

“Finalmente, decidí llevar a cabo sesiones por separado con cada parte. Les pregunté si estaban dispuestos a negociar. Ninguno aceptó. Regresamos a la comisión, a la sesión plenaria, y los trabajadores manifestaron que estaban dispuestos a negociar si la discusión comenzaba desde un aumento de dos dígitos”, argumentó el funcionario del Gobierno Petro.

En su explicación de este episodio, Sanguino añadió: “Los empresarios se mantuvieron firmes en su propuesta del 7,21%, y no estaban dispuestos a discutir el 10%. Esto resultó en la falta de un acuerdo y que el Gobierno quedara en libertad para decidir según la ley 278”.

En respuesta a la sugerencia de que el aumento debería implementarse de manera gradual, el ministro indicó que si se hubiera seguido estrictamente la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el aumento habría sido cercano al 30%.

“Optamos por un enfoque gradual. Mencionamos que existe una gran brecha entre el salario mínimo y el salario vital, y esa brecha es lo que hemos intentado reducir”, sostuvo.

Sobre el impacto macroeconómico, Sanguino defendió su postura afirmando que el incremento del salario mínimo aumentará la demanda agregada en el país y beneficiará a los sectores comerciales locales.

“Este ajuste, si solo consideramos a los 2,4 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo, representa una demanda agregada de 800.000 millones de pesos anuales para esos trabajadores. ¿Y dónde compran esos trabajadores? No lo harán en las tiendas de Manhattan, ni en los Campos Elíseos, comprarán en la tienda del barrio,” explicó el Ministro de Trabajo, reforzando su tesis de que el consumo local se verá impulsado directamente.

El jefe de la cartera laboral citó como referencia el caso de Brasil durante los mandatos de Lula Da Silva, donde el salario mínimo creció un 100% nominal y los ingresos reales más del 58%, manteniendo una inflación controlada en torno al 5,8%.

Sanguino se atrevió a afirmar que: “Eso generará un gran dinamismo en la economía, que es la base sobre la que nos fundamentamos”.

En otro segmento de la entrevista, y al ser cuestionado sobre el efecto en pequeñas empresas, el ministro consideró que el aumento salarial generará un incremento en la demanda y, por ende, en las ventas de los comercios.

“Si hay un aumento en la demanda de las familias, esa variable, sin duda, se incrementará. Estamos partiendo de la premisa de que un aumento en la demanda de los hogares implica un incremento en la demanda agregada que estimulará la oferta,” argumentó.

Al finalizar la charla, el ministro Sanguino enfatizó que defenderán el decreto de aumento salarial ante cualquier eventualidad jurídica, ya que lo consideran un acto de justicia laboral.

“Estamos preparados, si algunos sectores políticos así lo definen, para impugnar el decreto y oponernos a un incremento de los ingresos de los trabajadores del país. Defenderemos este aumento como un acto de justicia laboral,” expresó el funcionario de Gustavo Petro, dejando claro que permanecerán alerta ante los efectos del aumento y tomarán las medidas necesarias para controlar cualquier variable que ponga en riesgo la estabilidad económica.