Nulidad resolución Fiscalía: Antioquia respalda demanda del gobernador contra beneficios a criminales

La nulidad resolución Fiscalía es la acción legal radicada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ante el Consejo de Estado para impugnar la Resolución 0072 de 2026. Dicha resolución de la Fiscalía General de la Nación otorga la suspensión de órdenes de captura a líderes de estructuras criminales, en el marco de los acercamientos de la “Paz Total” del Gobierno Nacional. Este acto ha generado tensión política y judicial en Antioquia, donde concejales y gremios han expresado su apoyo a la demanda.

¿Por qué se busca la nulidad resolución Fiscalía?

Los argumentos para buscar la nulidad resolución Fiscalía se centran en la naturaleza jurídica del documento y el impacto en la seguridad. Desde el Concejo de Medellín, la concejala Claudia Carrasquilla explicó que la Resolución 0072 es una decisión de carácter administrativo y no judicial, lo que contraviene el artículo 250 de la Constitución Política. Según Carrasquilla, la Fiscalía General solo puede emitir directrices administrativas, mientras que las decisiones judiciales recaen en fiscales adscritos.

El presidente del Concejo de Medellín también radicó una acción de nulidad independiente, calificando estas medidas como una “consumación del pacto de la picota”. Esto sugiere que la suspensión de capturas otorga beneficios excesivos a miembros de estructuras que han afectado la seguridad en la capital antioqueña.

Los gremios de Antioquia también han manifestado su apoyo a la iniciativa del gobernador, expresando preocupación por las implicaciones de estas medidas:
Alerta roja para las víctimas del conflicto armado, según Proantioquia.
Mensaje desesperanzador sobre la noción de justicia en Colombia, afectando el Estado de Derecho.
* Riesgo para el imperio de la ley y aumento de incertidumbre, como lo expresó Fenalco Antioquia.

La directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, rechazó la liberación de siete cabecillas de bandas criminales, advirtiendo que “en este país ser bandido paga”, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

Actualmente, el Consejo de Estado es el encargado de evaluar la demanda y determinar si la admite. La decisión del tribunal definirá si se suspenden cautelarmente los efectos de la circular y se reactiva la persecución judicial contra los líderes criminales involucrados en la Resolución 0072 de 2026.

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