Operativo en la cárcel Pedregal de Medellín deja incautación de armas, drogas y más de 150 celulares utilizados para actividades ilícitas

Un operativo en la cárcel Pedregal de Medellín resultó en la incautación de armas, narcóticos y dispositivos de comunicación dentro de uno de los pabellones del penal.

La acción, liderada por autoridades del Valle de Aburrá, tuvo como objetivo desmantelar organizaciones criminales que operan desde dentro de los centros penitenciarios.

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Durante este procedimiento, se registraron espacios donde están detenidas 196 personas, algunas de ellas vinculadas a grupos como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que estas operaciones son parte de una táctica para combatir el crimen y disminuir la influencia de grupos criminales desde las cárceles.

Las autoridades subrayaron que en los últimos meses se han realizado acciones comparables, tanto en la cárcel Pedregal como en Bellavista. Estas intervenciones han permitido la incautación de más de 150 teléfonos móviles, que, según investigadores, eran utilizados para coordinar actividades criminales y extorsiones desde el interior de las prisiones.

El operativo en Pedregal se enmarca en una ofensiva a nivel nacional. Recientemente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo intervenciones simultáneas en 124 cárceles del país. Como resultado, se incautaron más de 1.300 teléfonos móviles y varios escondites de drogas en un esfuerzo por controlar la extorsión y mejorar las condiciones de confinamiento.

Como parte de la estrategia Juntos por Antioquia, la Policía de Antioquia, a través de las unidades de la estación Donmatías, reportó la captura en flagrancia de un individuo en el sector Riogrande.

Durante el patrullaje, los oficiales interceptaron a un ciudadano que llevaba un revólver calibre .38, municiones, sustancias ilegales y efectivo. El detenido fue presentado ante las autoridades por delitos relacionados con la fabricación, tráfico y tenencia de armas, así como el tráfico y porte de narcóticos.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar con los operativos y controles en los centros penitenciarios y en diversas áreas del departamento, con el fin de desarticular estructuras criminales y reducir la actividad delictiva en la región.

Recientemente, un grupo de mujeres internas en la cárcel El Pedregal inició una huelga de hambre y una manifestación de desobediencia civil demandando mejoras en sus condiciones de vida. Esta protesta, que comenzó la noche del lunes 26 de enero, puso al descubierto una crisis en el penal, especialmente en áreas como la alimentación y la atención médica.

Las reclusas del patio 18, en la sección femenina, mantuvieron la protesta durante 24 horas, denunciando que deben pagar por productos básicos en la prisión y reclamando el derecho a recibir kits humanitarios y alimentos caseros. Según las internas, la crisis alimentaria es solo una parte de un problema más amplio en el penal.

Un reclamo principal es la atención médica. Actualmente, solo hay un médico para todos los pabellones, tanto masculinos como femeninos, lo que limita gravemente la respuesta ante emergencias y enfermedades. Esta situación genera tensiones adicionales y pone en riesgo la salud de la población reclusa.

Ante la magnitud de la protesta, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia convocó una reunión urgente en la Alcaldía de Medellín, con la participación de la Personería, la Secretaría de Paz, la Procuraduría Provincial y la Dirección Regional del Inpec. El objetivo fue buscar soluciones inmediatas para garantizar el suministro de bienes esenciales y atender la emergencia sanitaria.

Durante el encuentro también se discutieron denuncias sobre maltratos sistemáticos. Los reportes incluyen discriminación hacia la población trans y diversa, explotación laboral bajo coerción, dificultades en el acceso a tratamientos hormonales y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en operativos de requisas.

La crisis alimentaria en El Pedregal se intensificó a principios de 2024, tras el cierre del “rancho”, el área destinada a la preparación de alimentos, al hallarse carne de caballo y comida en mal estado. Desde entonces, la única opción ha sido que las familias traigan alimentos, lo que no beneficia a todos los internos y ha aumentado la desigualdad entre ellos.

La Procuraduría documentó en 2025 insatisfacciones en la contratación del servicio de alimentación, vulnerando derechos fundamentales de los internos. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en septiembre pasado, emitió una orden que obliga al Estado a asegurar una alimentación adecuada para los presos. Sin embargo, las condiciones no han mejorado, y las familias, muchas veces organizadas, se ven obligadas a cubrir el costo de la comida para evitar que sus seres queridos pasen largos periodos sin alimentación.