Petro anunció investigación a las empresas que suban los precios a los clientes con el aumento del salario mínimo: “Es Chávez”

El presidente Gustavo Petro anunció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzará a investigar a las empresas que incrementen precios de manera considerada excesiva ante el nuevo salario mínimo, una medida que ha suscitado considerable controversia. El mandatario enfatizó que la ciudadanía puede reportar incrementos injustificados en cualquier bien o servicio.

Esta decisión fue tomada en respuesta a la inquietud del economista Javier Mejía, quien expresó su preocupación por el aumento de precios observado en enero después del ajuste del salario mínimo y el índice de precios al consumidor. “La confusión causada por el aumento de precios y la ansiedad de que no se cobre lo suficiente podría desanclar las expectativas de inflación. Este es un fenómeno de psicología colectiva y no hay decreto que lo resuelva”, escribió Mejía en X.

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El mandatario respondió en la red social mencionando que “por eso se procede a investigar con la Superintendencia de Industria y Comercio a cualquier empresa que suba sus precios de manera irracional”. Además, recordó a los ciudadanos que “la ciudadanía puede denunciar a esas empresas ante la superintendencia”.

La respuesta de Petro surge en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo a $1.750.905 mensuales, lo que implica un aumento del 23,7% con respecto al año anterior. Esta modificación, sin duda, impactará en áreas clave como la vivienda, especialmente las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), cuyos precios máximos están relacionados directamente con el salario mínimo.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su “profunda preocupación” respecto a las implicaciones de esta medida sobre los costos de la vivienda y la generación de empleo en el sector. Según datos del gremio, alrededor del 25% de los costos directos de construcción en Colombia provienen de la mano de obra, lo que podría aumentar los costos totales de construcción en aproximadamente el 4%. Esto, a su vez, podría reflejarse en precios finales de viviendas sociales, que podrían experimentar un incremento de hasta $49.000.000 hacia 2026.

Al respecto, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió que “elevar el ingreso de los trabajadores formales no debe hacerse a costa de frenar la creación de nuevos empleos, aumentar la inflación y encarecer la vivienda social”. Subrayó la necesidad de desarrollar una estrategia integral de políticas sociales y económicas, argumentando que “el resultado de estas medidas podría ser mayor exclusión y menor bienestar para la ciudadanía”.

En respuesta a la preocupación por la inflación, el Gobierno anunció su intención de desindexar determinados productos y servicios del salario mínimo, con el fin de evitar que el aumento salarial se transfiera automáticamente a los precios, afectando el poder adquisitivo de los hogares. Esta medida busca mitigar el impacto inflacionario y asegurar el acceso a la vivienda.

Además, el Ministerio de Vivienda presentó un borrador de decreto que pretende evitar que las VIS y VIP aumenten sus precios junto con el salario mínimo. Esta propuesta consiste en fijar los precios en pesos colombianos. Para 2026, el precio máximo de una VIS podría aumentar de $192.000.000 a $236.000.000, mientras que la presión inflacionaria podría impactar la demanda y la sostenibilidad del sector constructivo formal.

Las recientes declaraciones de Petro generaron reacciones en el ámbito político y empresarial. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, aseguró que el mandatario ha perdido el control de este asunto.

“Has perdido el control del asunto. Era previsible que un aumento desmesurado del salario mínimo ocasionara mayor inflación y esto se convierte en una bola de nieve difícil de detener. Cualquier intento para arreglarlo resulta en escasez y desabastecimiento, como ha sucedido en muchos países que siguieron este camino erroneo”, argumentó Restrepo.

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, expresó su escepticismo sobre la capacidad del Estado para monitorear todos los incrementos. “El consumidor no siempre está informado sobre cómo reclamar. Ya se observan aumentos y presiones sobre los precios de diversos sectores de la economía”, comentó Higuera en X.

Por su parte, el ingeniero civil David Baquero añadió que “los precios se ajustan según la oferta y la demanda, y forzar la baja de precios mediante competencia en el mercado es esencial”.

El debate también llegó al ámbito legislativo. El representante a la Cámara, Andrés Forero, candidato al Senado por el Centro Democrático, afirmó que Petro reconoció la irracionalidad detrás del incremento del salario mínimo y denunció lo que considera una persecución hacia las empresas que ajustan sus precios.

“Petro es Chávez”, aseveró Forero. Añadió que “su discurso populista es remedio momentáneo que conduce a problemas futuros”. El congresista acompañó sus comentarios con un video del fallecido presidente venezolano, quien en su momento también defendió el control de precios y amenazaba con nacionalizar a aquellas empresas que no acataban las decisiones oficiales.

Además, el concejal de Bogotá, Humberto Amín, del Centro Democrático, explicó el efecto del incremento salarial sobre los costos empresariales: “No se necesita una investigación, presidente Petro. Si un colombiano posee una empresa y tiene a su cargo cinco empleados con el salario mínimo, su costo de operación mensual ha aumentado un 23,7% solo por el aumento salarial. Es evidente que los precios de los productos se verán afectados”, concluyó.