Policía dio golpe histórico a la minería ilegal en el Chocó: criminales perdieron más de 7.000 millones

La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo la Operación Chocó II en el municipio de Atrato, que resultó en la intervención de 18 minas ilegales, provocando un impacto económico superior a los 7.845 millones de pesos.

El operativo fue dirigido por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, y se realizó bajo la Estrategia Institucional de Protección al Capital Natural, con el apoyo de diversas entidades, incluyendo el Batallón de Infantería N.º12, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional Codechocó.

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El despliegue permitió la intervención de puntos críticos de minería ilegal, especialmente en el corregimiento de Paimadó, donde se identificaron y desmantelaron estructuras dedicadas a esta actividad ilícita.

Según la información publicada, el operativo ayudó a reducir delitos ambientales que afectan seriamente los ecosistemas del Chocó, disminuyendo la alteración de la franja forestal protectora y evitando el vertido de sustancias químicas contaminantes en el río Atrato y otras fuentes hídricas de la región.

La Policía reportó la destrucción de 69 elementos utilizados para la minería ilegal, incluyendo 22 dragas, 10 retroexcavadoras, 27 motores y 10 motobombas.

El director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, declaró que “con la Operación ‘Chocó II’ reafirmamos que la defensa del capital natural del país es una prioridad estratégica para la Policía Nacional”.

La Policía Nacional subrayó que estas acciones ayudan a desmantelar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal, también preservando la biodiversidad y la seguridad ambiental de las comunidades en el Chocó.

Según el comunicado oficial, las acciones continuarán “con firmeza y mediante la colaboración interinstitucional para preservar nuestros territorios y garantizar la seguridad ambiental de las comunidades”, afirmó el brigadier general Oviedo Lamprea.

La Policía Nacional llevó a cabo una intervención que resultó en la desarticulación de 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, municipio de Quibdó, dentro de su estrategia contra la explotación ilícita de minerales.

La operación, realizada el 20 de enero de 2026, impactó directamente las economías ilícitas del Clan del Golfo, grupo señalado de beneficiarse de actividades que causan serios daños ambientales.

Esta acción fue coordinada con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó.

Además, se ejecutó mediante un trabajo conjunto de vigilancia y control en la zona. Durante el operativo, las autoridades destruyeron e inutilizaron cinco dragas, veinte motobombas y trece motores utilizados en la extracción ilícita de minerales.

Según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la intervención representó una afectación estimada de 275 millones de pesos para las finanzas del Clan del Golfo, debilitando su capacidad financiera y logística relacionada con la minería ilegal en la región.

Esta actividad plantea riesgos para la salud. Un estudio del Observatorio Nacional de Salud del INS revela que la extracción ilegal de oro está fuertemente correlacionada con el aumento de casos de malaria, ya que los grupos ilegales “crean criaderos artificiales del mosquito que transmite la malaria en áreas de explotación minera, afectando tanto a los trabajadores como a los residentes de zonas cercanas”.

Las áreas de mayor riesgo incluyen Alto Baudó, Atrato, El Cantón del San Pablo, Cértegui, Condoto, Istmina, Medio Baudó, Nóvita, Quibdó, Sipí, Tadó y Unión Panamericana.

En estos municipios se han observado afectaciones significativas por malaria asociada a la intensa producción de oro.

“Es urgente activar los programas de salud pública para que operen a plena capacidad. La epidemia de malaria no podrá ser controlada mientras que el financiamiento y ejecución de estas actividades dependan de entidades externas al departamento del Chocó,” advirtieron desde el Instituto de Salud.