Por nuevo salario mínimo, Alcaldía de Bogotá haría fuerte incremento en pasaje de TransMilenio y Sitp: esto costaría cada viaje

El nuevo ajuste tarifario en el sistema de transporte público TransMilenio impactará a los bogotanos a principios de 2026. El proyecto de decreto de la Alcaldía de Bogotá establece un aumento de $350 en la tarifa, llevando el costo a $3.550, en lugar de los $250 previamente anunciados.

Este ajuste responde al aumento del salario mínimo del 23% y a diversas variables macroeconómicas, lo que podría intensificar el impacto sobre los usuarios urbanos, según el proyecto del Distrito mencionado por Minuto 60.

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Según el documento, la propuesta está abierta a observaciones del público hasta la medianoche del 7 de enero de 2026. La Secretaría de Movilidad, la Gerencia de TransMilenio y el alcalde, Carlos Fernando Galán, deben firmar el decreto para que se convierta en ley distrital.

El proyecto destaca que este aumento tiene en cuenta el incremento del salario mínimo del 23%, que con el subsidio de transporte representa dos millones de pesos. Se especifica que este nuevo precio resulta de factores como la inflación, el aumento en los precios de los combustibles y otros indicadores macroeconómicos.

El documento establece claramente la tarifa máxima del SITP: “La tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP es de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($3.550). Para fines tarifarios, los servicios zonales incluyen aquellos de carácter urbano, complementario y especial.”

La propuesta mantiene los mecanismos de transbordo, permitiendo a los usuarios realizar hasta dos transbordos en un periodo de 125 minutos desde la última validación del tiquete. Además, el sistema de abono mensual TransMiPass seguirá vigente, permitiendo el acceso al SITP mediante una recarga de $160.000 que ofrece 65 validaciones.

Acerca de este abono, el proyecto aclara: “La recarga mencionada en este artículo tiene una vigencia de un mes a partir de su primera validación en el SITP. Después de este periodo, la recarga caducará sin derechos a reembolso.”

La publicación del proyecto de decreto se realizó la noche del 31 de diciembre de 2025, confirmando el inminente aumento y el periodo de consulta pública antes de su oficialización final.

La decisión del Gobierno nacional de aumentar en un 23 % el salario mínimo en Colombia ha generado preocupaciones en diversas entidades, especialmente en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que ha advertido sobre los efectos negativos que esta medida puede traer para las finanzas, proyectos y recursos en las principales ciudades del país.

Al cerrar su reciente pronunciamiento, Asocapitales subrayó que uno de los sectores que se verá directamente impactado es el del transporte público urbano. Los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico en las ciudades capitales dependen enormemente de la mano de obra, por lo que un aumento de este tipo podría ejercer mayor presión sobre las tarifas al usuario o, alternativamente, sobre los subsidios municipales, además de generar tensiones en el equilibrio financiero de estos sistemas, especialmente en aquellos donde la demanda no se ha recuperado completamente, según la asociación.

La secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe, explicó el impacto de esta medida en el sistema TransMilenio. En una entrevista con El Tiempo, comentó que “la mayoría de los empleados en TransMilenio perciben un salario mínimo. Si a estas personas se les está aumentando su salario en un 23% de un año a otro, eso implica que el recaudo por el servicio debe buscar incrementarse de algún modo. Las proyecciones iniciales eran de un aumento del 7%, con estimaciones de 10% en el salario mínimo.”

Asocapitales, al emitir la alerta pública, reconoció que la medida beneficiará a más de 2,4 millones de trabajadores que tienen ingresos superiores al salario mínimo en Colombia, pero enfatizó en la necesidad de evaluar con cuidado las repercusiones integrales para otros trabajadores y para la sostenibilidad de las ciudades capitales.