Prácticas laborales en Colombia cambian: estas son las nuevas reglas para estudiantes y aprendices

El Gobierno emitió el Decreto 0223 el 5 de marzo de 2026, una regulación que reorganiza las normas sobre prácticas laborales y el contrato de aprendizaje en Colombia. Este decreto modifica aspectos del Decreto 1072 de 2015, que regula el ámbito laboral.

El objetivo de esta norma es detallar cómo deben funcionar las prácticas realizadas por estudiantes en empresas, entidades públicas u organizaciones, así como las responsabilidades de cada participante.

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Uno de los cambios más relevantes es la definición más precisa de la “vinculación formativa”. En términos sencillos, es el acuerdo que permite a un estudiante realizar su práctica en un ambiente laboral como parte de su educación.

Según el decreto, siempre participan tres partes en estas prácticas: el estudiante, la institución educativa y el lugar donde se lleva a cabo la práctica, que puede ser una empresa, una entidad pública o cualquier otro tipo de organización.

Para llevar a cabo la práctica, es necesario contar con un acuerdo por escrito —o un acto administrativo en ciertos casos— que defina condiciones mínimas. Estas incluyen las obligaciones y derechos de cada una de las tres partes, la duración de la práctica, el lugar donde se realizarán las actividades y quién será el encargado de supervisar las tareas del estudiante.

La regulación también especifica a qué programas se aplica este tipo de práctica laboral. El capítulo regula principalmente las prácticas llevadas a cabo por estudiantes de programas formativos, como los de escuelas normales superiores y educación superior.

Otro aspecto importante del decreto es que establece que las prácticas deben tener una duración limitada. Esto significa que no pueden ser indefinidas: el tiempo máximo estará determinado por lo que dicten los reglamentos y la normativa de cada institución educativa y del tipo de programa académico.

En el caso de los estudiantes adolescentes, se establecen condiciones adicionales. Si la práctica es realizada por una persona entre 15 y 17 años, se requerirá la autorización previa de un inspector de trabajo.

Además, si la practicante es una adolescente embarazada, el decreto establece reglas específicas sobre su jornada. Desde el séptimo mes de gestación y durante el periodo de lactancia, solo podrá realizar la práctica hasta las seis de la tarde y con un máximo de cuatro horas diarias, lo que equivale a veinte horas semanales.

La norma también aborda cómo deben llevarse a cabo estas actividades. Como regla general, las prácticas deben realizarse de forma presencial. Sin embargo, el decreto permite que se realicen de manera híbrida o virtual, siempre que se acuerde expressamente entre la institución educativa y el lugar de prácticas, y que las tareas lo permitan.

Otro de los requisitos establece que las vacantes disponibles para prácticas deben ser reportadas al sistema del Servicio Público de Empleo. Esto es aplicable tanto a entidades privadas como públicas.

Según el decreto, estas plazas deben ser registradas en el sistema de información administrado por la Unidad del Servicio Público de Empleo, con el objetivo de contar con un registro de las oportunidades disponibles para los estudiantes.

El decreto también forma parte de la regulación sobre el contrato de aprendizaje, una figura que permite a los estudiantes adquirir experiencia laboral mientras están en programas técnicos o tecnológicos.

Las empresas privadas con 15 o más empleados tienen la obligación de contratar aprendices. El sector de la construcción está exento de esta determinación específica. Si una empresa no desea o no puede recibir a los estudiantes físicamente, tiene la opción de pagar una cuota mensual que sustituya esa obligación. Este monto debe ser abonado dentro de los primeros 5 días de cada mes.

Si una empresa obligada no contrata a los estudiantes ni paga la cuota de reemplazo, se le impondrá una multa. Esta penalización económica consiste en cobrar a la empresa 1,6 salarios mínimos por cada mes y por cada aprendiz que no haya sido vinculado.

Todos los fondos recaudados por el Estado a través de la cuota de reemplazo tienen un destino específico. El 25% se destina a proporcionar estímulos a los aprendices del Sena. Un 25% se utiliza para financiar la educación técnica en áreas rurales. El 50% restante se destina al Fondo Emprender para apoyar iniciativas empresariales.