Procuraduría prende alertas por proyecto de Gobierno Petro que cambiaría el precio de la vivienda VIS

El acceso a la vivienda de interés social ha vuelto a ser un tema candente en el debate público, impulsado por un proyecto de decreto que podría transformar el cálculo y la negociación de precios de estos inmuebles. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Vivienda, ha generado preocupación en la Procuraduría General de la Nación, que ha decidido realizar un seguimiento preventivo ante posibles repercusiones para miles de familias colombianas.

La entidad de control ha puesto su atención en la propuesta normativa y ya ha solicitado información técnica detallada al Ministerio de Vivienda. El objetivo, como señaló la Procuraduría, es evaluar los impactos sociales, económicos, contractuales y financieros que este cambio podría traer consigo. “La PGN, dentro de sus acciones preventivas, envió un oficio requiriendo datos técnicos para reforzar dicha acción”, ha explicado la entidad.

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Una de las mayores preocupaciones radica en la propuesta de cambiar el cálculo del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) de salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) a un monto fijo en pesos colombianos. La Procuraduría considera que este ajuste podría traer “posibles riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que podrían dar lugar a demandas e incumplimientos”, particularmente en proyectos ya en el horizonte o en etapas avanzadas de compraventa.

Desde la división de Vigilancia de la Función Pública, el Ministerio Público ha señalado que cualquier modificación deberá incluir un régimen de transición claro. Esto es para evitar confusiones o inconvenientes para las familias que ya tienen vivienda reservada, han firmado promesas de compraventa o están vinculadas a esquemas fiduciarios bajo las normas actuales. La protección del consumidor de vivienda es, según la entidad, uno de los pilares centrales de este exámen.

Además, la Procuraduría pretende asegurar una coherencia adecuada entre el precio final de los inmuebles, los subsidios gubernamentales y las opciones de financiación disponibles. Un desbalance entre estos elementos, advierte la entidad supervisora, podría comprometer la viabilidad financiera de muchas familias, especialmente aquellas con ingresos limitados que dependen de ayudas públicas para acceder a una vivienda propia.

Como parte de este seguimiento, la PGN ha convocado a una mesa técnica interinstitucional que se llevará a cabo el 28 de enero. En este espacio se examinarán de manera preventiva los aspectos del proyecto de decreto y se buscará “promover una implementación armoniosa de la política pública de vivienda, en colaboración con las entidades competentes”.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha indicado que la iniciativa fue publicada para recibir comentarios con el objetivo de establecer un tope máximo general para la VIS en 135 Smmlv. La medida busca prevenir aumentos desproporcionados en los precios de tales viviendas y ofrecer mayor previsibilidad a las familias en su planificación financiera.

“El proyecto no es un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se pretende proteger a las familias compradoras, reafirmando que, conforme a lo establecido en el Estatuto del Consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el precio total de la vivienda debe acordarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas relacionadas con el aumento anual del salario mínimo”, enfatizó el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la cartera, fijar el precio desde el principio en moneda corriente ayudaría a disminuir la incertidumbre que enfrentan muchos compradores, quienes experimentan un aumento anual en el valor de su vivienda debido a la indexación al salario mínimo. Con el nuevo esquema, cualquier ajuste futuro se limitaría a variables directamente vinculadas a los costos de construcción.

“Respetando siempre los acuerdos pactados desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario”, precisó la cartera, que sostiene que el decreto busca aportar mayor transparencia y estabilidad al proceso de adquisición de vivienda VIS.

Mientras se lleva a cabo el análisis técnico y se recogen comentarios de distintas partes, el debate sigue abierto. En juego no solo está la estructura del mercado de vivienda de interés social, sino también la confianza de miles de familias que ven en este tipo de proyectos su principal opción para adquirir una casa propia.