Pulso entre la Andi y la SIC: cuestionamientos legales, secreto empresarial y el debate por la competencia en Colombia

Las inquietudes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) respecto a posibles excesos en los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) surgen de la preocupación por su impacto en la seguridad jurídica y la competitividad empresarial en el país, de acuerdo con una publicación de Revista Semana.

El gremio empresarial argumenta que las demandas de información que superen las facultades legales de la entidad reguladora pueden perjudicar derechos fundamentales, como la libre empresa y la confidencialidad comercial, los cuales consideran cruciales para la estabilidad del entorno económico.

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En una comunicación emitida el miércoles 4 de febrero de 2026, la Andi enfatizó que cuestiona la legalidad y relevancia de algunas de las preguntas formuladas por la SIC, advirtiendo:

“Esto afecta la competitividad y la seguridad jurídica, elementos esenciales para los actores del mercado formal en Colombia”. En tal sentido, la asociación subrayó la necesidad de que las normativas sean claras y predecibles para regular la relación entre el Estado y el sector productivo.

El documento de la organización empresarial, que fue hecho público, destacó que la SIC posee facultades legales para solicitar información, aunque acotaron que estas deben ejercerse estrictamente dentro de los límites que impone la ley.

Según la Andi, la indagación sobre aspectos tales como la estructura de costos, márgenes de ganancia o políticas comerciales podría no ser relevante y carecer de fundamentación para las competencias del ente de control.

La asociación aseguró que enfrentar solicitudes de información demasiado detalladas—cuando la SIC no justifica estos requerimientos en funciones claramente conferidas—puede ocasionar consecuencias legales no deseadas. En este contexto, señalaron el riesgo de comprometer derechos sensibles: la protección de los secretos industriales, la confidencialidad de las estrategias comerciales y la libertad de operar en el mercado.

En su declaración, la Andi indicó: “Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia, o incluso, elementos de política comercial de una empresa excede las facultades de la Superintendencia, cuando dicha consulta no es pertinente ni conducente para el ejercicio de sus competencias legales”. El gremio aclaró que, según su interpretación, actualmente no hay una normativa que le dé a la Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad para inspeccionar, por iniciativa propia, elementos internos como los márgenes de rentabilidad, la estructura de costos o criterios tecnológicos utilizados en los procesos empresariales, salvo en casos donde haya una investigación concreta.

La asociación reconoció la relevancia de la protección al consumidor como un pilar de la regulación económica en Colombia. Sin embargo, enfatizó que este principio debe aplicarse de manera proporcional y sin menoscabar otros derechos constitucionales y legales que pertenecen a los individuos.

El texto en su pronunciamiento recordó la limitación que establece la Constitución Política sobre el alcance de las funciones públicas: “Es importante recordar que, conforme al artículo 6.º de la Constitución Política, los servidores públicos solo pueden ejercer funciones que les han sido expresamente atribuidas por la ley”, subrayó la Andi.

Finalmente, la asociación destacó que el derecho al debido proceso administrativo debe actuar como un límite al poder estatal, resaltando la necesidad de garantizar transparencia y legalidad en cualquier auditoría, inspección o medida de control realizada por la autoridad. Según la Andi, “toda actuación de inspección, vigilancia o control debe observar garantías mínimas que aseguren transparencia y legalidad en los procedimientos”.

El gremio reiteró su llamado para que toda acción de la administración pública se lleve a cabo con claridad normativa y pleno respeto a los derechos y garantías previstos para los actores económicos del mercado colombiano.