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Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica, el presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas que el Gobierno hará un nuevo recorte al presupuesto de 2026 por 16 billones de pesos, un ajuste que se suma a los ya ejecutados y que, según dijo, deja en evidencia la estrechez de caja del Estado.
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“Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al reconocer que el margen para reemplazar esos recursos por nuevas vías de recaudo es cada vez más reducido.
El presidente Gustavo Petro en alocución el pasado 27 de enero. Foto:Presidencia
En su mensaje, el Presidente dejó claro que el ajuste no obedece a una decisión discrecional sino a un escenario en el que, a su juicio, el tiempo político y legislativo ya no alcanza para tramitar otra reforma tributaria que cierre el faltante fiscal. “Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo”, afirmó, antes de insistir en que el déficit actual no es producto exclusivo del gasto del Ejecutivo, sino de decisiones acumuladas en años recientes y del freno a varias fuentes de ingreso. En ese contexto, sostuvo que la suspensión de la emergencia terminó de cerrar una puerta clave para conseguir recursos de corto plazo, obligando al Gobierno a acudir de nuevo al tijeretazo presupuestal.
La respuesta no tardó en llegar desde el anterior equipo económico. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno pasado, desmintió de frente al presidente Petro y lo acusó de distorsionar las cifras fiscales. “Un economista de verdad no dice mentiras. Los números son claros y los datos matan relatos”, afirmó también a través de X, al recordar que cuando este Gobierno llegó en agosto de 2022 la deuda pública rondaba los 800 billones de pesos y hoy se acerca a los 1.200 billones. “Han creado deuda nueva por casi 400 billones y obligaciones adicionales de intereses por otros 420 billones. Están dejando una herencia de servicio de deuda cercana a 820 billones”, dijo.
Este es el tercer año consecutivo en que el Gobierno presenta un presupuesto desfinanciado para poder gastar más, sin tener los ingresos necesarios, y también sería la tercera vez que le tocaría aplazar recursos y realizar recortes en su presupuesto.
Adicional a ello, el viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, anunció que el Gobierno volvería a intentar nuevos recaudos a través de una tributaria. “Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias de tributarias. Vamos a hacer todo lo que podamos porque la decisión de la Corte le da la espalda a la población más vulnerable”, informó.
Stop a los impuestos
La decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro mientras decide si es exequible o no frena de golpe el recaudo de los impuestos que buscaban 11 billones de pesos para tapar una parte del faltante de recursos para este año. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda estima un recaudado de unos 1,65 billones de pesos.
Y es que si bien el Presupuesto General de la Nación se aprobó por 546,9 billones de pesos, 16,3 billones quedaron supeditados a la aprobación de una reforma tributaria que el Gobierno no logró sacar adelante en el Congreso. Por ello, ante la falta de recursos, el Ejecutivo decidió decretar una emergencia e imponer nuevos tributos sin pasar por la rama legislativa.
El mayor recaudo provenía de los cambios propuestos para el alcohol y el tabaco en IVA y consumo. Con ellos, se esperaban más de 2,5 billones de pesos para este 2026.
Después, con la reducción del umbral de entrada del impuesto al patrimonio desde los 3.600 millones de pesos actuales a 2.000 millones de pesos se preveían 2,3 billones de pesos, lo que según cálculos del Ministerio de Hacienda iba a llevar a 105.332 contribuyentes nuevos a pagar. Además, se modificaban las tarifas.
Y el tercer gran cambio de la emergencia con el que esperaban 1,2 billones de pesos era una nueva sobretasa de renta para el sector financiero, que pretendía subir de cinco a 15 puntos sobre la tarifa general para quedar en un total de 50 por ciento para este 2026.
Después estaban otros impuestos como el que ponía un IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar operados por internet, el cual ya se venía aplicado desde febrero del 2025 por cuenta de la crisis originada en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. Lo mismo ocurre con el impuesto que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón al momento de la primera venta o exportación.
Igualmente, otro de los impuestos decretados por el Gobierno de Gustavo Petro era el IVA de 19 por ciento para las compras de más de 50 dólares que las personas realicen a través de plataformas internacionales como Temu y Shein.
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La emergencia económica de 2025 impulsó un paquete de impuestos para reforzar el recaudo nacional. Foto:iStock
Solución fiscal
Si bien el Gobierno venía insistiendo en que necesita los impuestos de la emergencia para ir superando la crisis fiscal; diferentes analistas insisten en que el origen de la situación actual no es un hecho sobreviniente y se necesitan otras estrategias como la de reducir el gasto público.
“Se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales y no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático”, manifestó Natalia Gutiérrez, nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional.
Según Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el problema fiscal es mucho más profundo que los 16 billones de pesos que se buscaban recaudar mediante la emergencia. De hecho, advierte que las metas de recaudo no se cumplieron en el 2025 y, bajo las proyecciones actuales, tampoco lo harán en este 2026.
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“La salida pasa por pronósticos de recaudo serios y creíbles, una racionalización efectiva del gasto público y un uso transparente de los recursos. En el contexto regional, Colombia es hoy el único país comparable de Suramérica que continúa aumentando su déficit y su deuda como proporción de la actividad económica, financiando un Estado que crece más rápido que la economía y destinando cada vez más recursos al pago de intereses, sin que ello se traduzca en mayor crecimiento. Desde 2022, Colombia se ubica entre las economías de menor crecimiento de la región”, expresó.
En total, se espera que el déficit fiscal cierre el 2025 en 6,2 por ciento del producto interno bruto (PIB). Además, el primario, aquel que excluye intereses, quedaría en 3,4 por ciento, el más alto registrado desde la crisis de los 90 y de la pandemia, según cálculos del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Por otro lado, no hay que olvidar el aumento que ha tenido la deuda colombiana en los últimos años, la cual pasó de 789 billones de pesos en julio del 2022 a 1.176 billones de pesos en noviembre del 2025, lo que ha generado una mayor presión al gobierno en medio de la crisis fiscal que tiene el país por los problemas presupuestales y de caja existentes.
Además, Colombia está pagando unos intereses cada vez más costosos y, en total, destina casi la tercera parte de sus ingresos tributarios al pago de estos, lo cual como ya viene alertando en los últimos meses el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) le resta espacio para gasto social.
“El Gobierno tiene que reducir el gasto, pero no está interesado en hacerlo. Hemos visto, por ejemplo, la expansión de las órdenes de prestación de servicios (ops). Luego de usar la cláusula de escape de la regla fiscal en el 2025, su única restricción de gasto es la caja y esta la han sostenido con endeudamiento costoso. Es un sofisma decir que la caída del decreto de emergencia propicia la crisis fiscal. Esta la inició el Gobierno en 2024 cuando abandonó la hoja de ruta fiscal responsable”, dijo Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda.
Debate de la última reforma tributaria. Foto:Prensa Cámara.
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¿Se podrán devolver los impuestos cobrados?
la emergencia económica, la Dian recaudó hasta el 29 de enero cerca de 1,65 billones de pesos. Según le dijo a este medio, la mayoría (1,63 billones) correspondió al pago de obligaciones, lo que incluía la reducción de intereses y sanciones para morosos e inexactos. En total, se pusieron al día 175.000 de ellos.
El recaudo correspondiente al 1 por ciento sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos iba representado 23.800 millones de pesos, y por concepto de IVA al 19 por ciento en importaciones de licores se había recaudado 1.200 millones de pesos.
La Dian asegura que las demás medidas aún no reportan recaudo, dado el calendario tributario, pero que se espera que entre febrero y marzo ingresen unos 165.000 millones de pesos por concepto de IVA al 19 por ciento en la venta de licores nacionales, del Impuesto Nacional al Consumo del 19 por ciento, del IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet y del impuesto de 1 por ciento para la primera venta de carbón o hidrocarburos al interior del país.
La emergencia puso nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas. Foto:iStock
La pregunta que se hacen los contribuyentes que tuvieron que pagar por cuenta de la emergencia es qué pasará con ese dinero. Hay que recordar que existen impuestos indirectos, que se cobran de manera instantánea en cada producto comprado; o directos, que son aquellos que gravan la riqueza de cada una de las personas o empresas y se hacen efectivos cuando los contribuyentes presentan sus declaraciones.
Para Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y actual CEO de Lumen Economic Intelligence, varias de las medidas adoptadas corresponden a impuestos indirectos (como IVA a importaciones, licores y tabaco) cuya devolución sería prácticamente “imposible” si el decreto llegara a ser declarado inexequible.
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En la misma línea, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, dice que los impuestos directos como el patrimonio o las sobretasas, los cuales realmente no se han recaudado todavía, serían muy fáciles de devolver a los contribuyentes. En cambio, en los indirectos no se podría identificar quién pagó el impuesto, como en el caso de los cigarrillos y licores a los que se les aumentó el IVA.
“Falta ver qué define la Corte Constitucional al momento de emitir su fallo y si lo hace retroactivo. En mi opinión, lo recaudado ya quedará en las arcas del Gobierno”, opinó Londoño.
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