Colombia
Retiran demanda contra el decreto del salario mínimo 2026 por amenazas, pese a su admisión en el Consejo de Estado
Germán Eduardo Castro Marín, un abogado, ha decidido retirar su demanda de nulidad contra el decreto que establece el salario mínimo para 2026, a pesar de que esta había sido aceptada por el Consejo de Estado. Esta decision se tomó debido a amenazas directas y mensajes de odio que ponían en peligro la seguridad de su familia, según lo mencionado por el demandante en un comunicado público el 14 de enero de 2026.
La demanda de Castro cuestionaba la legalidad del Decreto 1469 de 2025, que fue firmado por el presidente Gustavo Petro y que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo para el próximo año. En su declaración formal, el abogado aclaró que su acción no tenía motivaciones políticas o personales y fue el resultado de un análisis técnico de la Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia vigente.
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En el mensaje dirigido al público, subrayó: “Mi actuación se basó estrictamente en el deber del abogado: proteger la Constitución, respetar la Ley y defender la institucionalidad económica del país ante actos administrativos que, técnicamente, presentan vicios en la forma y motivación”.
El abogado enfatizó que su acción judicial fue el resultado de un “estudio justo, técnico y riguroso” y que nunca buscó “perjudicar el bienestar de los trabajadores colombianos”.
Además, destacó que el ejercicio legítimo del derecho a acceder a la justicia ha sido oscurecido por una inexplicable ola de intolerancia, manifestándose a través de amenazas y mensajes de odio que excedieron el debate jurídico.
La aceptación de la demanda generó una repercusión mediática y social significativa. Castro reportó haber recibido numerosos mensajes de odio y amenazas, lo que lo condujo a poner en primer lugar la seguridad y bienestar de su familia por encima del proceso judicial.
En su comunicado, remarcó: “Ninguna controversia jurídica, por relevante que sea para el país, es más valiosa que la seguridad y la paz de mi hogar”.
El documento hace hincapié en la importancia de respetar el papel del litigante: “Atacar a un litigante por ejercer su derecho es atacar a la democracia misma”. El abogado pidió respeto por su privacidad y la de su familia, afirmando que su decisión no refleja una renuncia a los principios jurídicos que motivaron su acción.
El proceso ante el Consejo de Estado se enfocaba en la metodología elegida para fijar el incremento del salario mínimo. El escrito de Castro alegaba “falsa motivación y desviación de poder” por parte del Gobierno, señalando la falta de justificación suficiente y el uso de estimaciones técnicas externas, especialmente una brecha salarial calculada por la OIT, en lugar de los parámetros establecidos por la legislación colombiana.
El documento legal resaltó: “El Gobierno construyó una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas para justificar un aumento que superaba significativamente los parámetros económicos establecidos por la ley colombiana”.
La demanda también cuestionó que, a diferencia de años anteriores, no se respetó el proceso de concertación habitual entre las partes para determinar el aumento anual del salario mínimo. El texto sostiene que el decreto “no estableció” el aumento del “23 por ciento basado en dichos parámetros” tales como la inflación, la meta oficial de inflación, la productividad, y el crecimiento del PIB.
La aceptación de la demanda por parte del Consejo de Estado dio pie a la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del decreto, lo cual podría haber tenido consecuencias significativas económicas y sociales para el país. Sin embargo, con la decisión de Castro de apartarse del proceso y retirar la demanda, ahora le corresponde al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves formalizar la terminación del trámite.
El comunicado del demandante enfatizó: “Me retiro con la tranquilidad de haber actuado dentro del marco legal y con la satisfacción profesional de que el máximo tribunal del contencioso administrativo encontró mérito jurídico en mis argumentos al admitir la demanda”.
El Decreto 1469 de 2025 definió un incremento del 23% en el salario mínimo, una decisión que el presidente Gustavo Petro justificó apelando a una “inequidad salarial histórica” y la brecha identificada por la OIT.
Durante su anuncio oficial sobre este asunto, el presidente no incluyó referencias a los indicadores económicos tradicionales para establecer el salario mínimo, tales como la inflación y la productividad.
