Salario mínimo de 2026: desligar el valor de la vivienda del aumento podría ser una mala decisión, critican que “no tiene presentación”

El comienzo de las negociaciones para establecer el salario mínimo en Colombia para 2026 ha creado tensiones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se formalizó el 1 de diciembre de 2025, iniciando un debate que involucra cifras esenciales sobre inflación, propuestas de aumento y el posible efecto en la economía nacional.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual hasta noviembre de 2025 fue de 4.82%, un dato que servirá como base para las proyecciones del ajuste salarial. Las sugerencias de aumento varían entre el 6% y el 11%, lo que muestra la disparidad entre las posiciones de los diferentes actores. Si se concretan estas cifras, el salario mínimo mensual estaría entre $1.516.478 y $1.531.763.

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El presidente Gustavo Petro propuso un incremento del 11% para el salario mínimo, lo que pasaría la remuneración mensual a aproximadamente $1.580.085. Esta cifra representa la mayor propuesta en la mesa de negociaciones. Por su parte, Fedesarrollo recomendó un ajuste entre el 6% y el 7%, argumentando la necesidad de sostener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica. Los empresarios muestran reservas ante la posibilidad de un aumento significativo, alertando sobre los riesgos relacionados al costo laboral y la informalidad.

Un aumento del 11% en el salario mínimo, como propone el Gobierno, impactaría directamente en el costo total de la contratación de un empleado. Según estimaciones de Fenalco, este coste, que incluye salario, prestaciones y aportes legales, alcanzaría aproximadamente $2.800.499 mensuales. Este incremento afectaría a los empleadores y podría influir en la dinámica del mercado laboral y en la sostenibilidad de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas.

La tasa de desempleo en Colombia se situó en 8,2% en octubre de 2025, el nivel más bajo en más de diez años, según el Dane. Este dato fue destacado en la mesa de concertación como un logro notable, aunque persisten inquietudes sobre la alta informalidad laboral. Los empresarios indican que el 56% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, lo que limita el impacto real de cualquier ajuste al salario mínimo. La discusión se centra en cómo un aumento considerable podría fomentar la informalidad y afectar la creación de empleo formal.

En el marco del debate, Infobae Colombia consultó al presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, considerando que fue ministro de Vivienda y que, durante la instalación de la mesa de concertación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno buscará desvincular del próximo aumento los límites de la vivienda de interés social para garantizar su accesibilidad.

Además, hasta ahora, la vivienda de interés social no ha sido incluida en el grupo de bienes y servicios desindexados. Por lo tanto, en la actualidad, los límites son los siguientes:

• El valor máximo de una vivienda VIS en ciudades con más de un millón de habitantes es de 150 salarios mínimos, es decir, $213.525.000.
• En el resto del país, el límite es de 135 salarios mínimos, equivalente a $192.172.500.
• La vivienda de interés prioritario (VIP) tiene un límite de 90 salarios mínimos, lo que corresponde a $128.115.000 a nivel nacional.

Los límites se ajustan cada año según el incremento del salario mínimo, impactando directamente en los precios de las viviendas y en los subsidios del Estado.

Teniendo esto en cuenta, Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), destacó la importancia de que el aumento salarial tenga un efecto positivo en el poder adquisitivo de los trabajadores: “Estamos buscando de manera técnica que el incremento que se ofrezca a los asalariados mejore su nivel adquisitivo”, expresó. También cuestionó la impresión de que los empresarios están en contra del aumento, señalando que “el Gobierno nos sitúa como los culpables, pero hoy el 56% de los trabajadores, que son informales, no se consideran en esta decisión que vamos a tomar”.

Subrayó que la iniciativa social más significativa que podría haberse implementado sería intensificar Mi Casa Ya, lamentando que se eliminaran los subsidios y la posibilidad de acceso a vivienda: “Ahora nos quieren convencer de que esto no forma parte del aumento salarial, lo que resulta inaceptable. Es simplemente ilegal. Como se mencionó antes: le eliminamos la ‘i’ para que sea legal. Aquí intentamos hacer lo mismo. Vamos a recortar algo que es esencial, únicamente para agradar a algún sistema o sector específico”.

El líder gremial también expresó su preocupación por el potencial uso del ajuste salarial con fines electorales, advirtiendo sobre las repercusiones a largo plazo.

Al mencionar otros productos o servicios que considera deberían ser desvinculados, destacó que “no estamos para improvisar, este es un tema delicado y que solo el anuncio de que busquemos establecer el salario más alto de la historia para dejar una marca en tiempos electorales, simplemente hará que el gobierno entrante pague el costo social y la economía sufrirá, aumentando la informalidad en el país”, aseguró.

El presidente de Andesco abordó el impacto de las decisiones salariales en los precios de los servicios públicos y la política de subsidios. Criticó la desvinculación de los subsidios a la vivienda del ajuste salarial recordando su experiencia como exministro de Vivienda. Sánchez advirtió que “decisiones inadecuadas hoy influyen en las tarifas futuras”. Asimismo, defendió el papel de las empresas de servicios públicos en la estabilidad del país, sobre todo en el suministro de gas.

Referente a la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que tiene como objetivo recaudar $16 billones y se discute en el Congreso, instó a que el Presupuesto General de la Nación se prepare sin depender de nuevos impuestos.

“Actualmente, lo que se debe hacer es cumplir con la regla fiscal. Hay que reducir el gasto excesivo que tenemos y desmantelar todos esos OPS que no generan ningún valor agregado, que supuestamente disminuyen el desempleo, pero son insostenibles en el tiempo”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la viabilidad de mantener 650.000 contratos de prestación de servicios que, según él, no aportan valor real al mercado laboral: “No puedo mantener 650.000 contratos de prestación de servicio que no generen un valor verdadero en el ámbito real”, concluyó Sánchez.