Colombia
Sancionan de manera preventiva al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de la menor Valeria Afanador
La Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca ha decidido suspender provisionalmente las actividades en la zona cercana al río Frío en las instalaciones del colegio donde asistía Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada sin vida después de estar desaparecida durante 18 días en Cajicá.
Esta medida tiene como objetivo prevenir nuevos riesgos mientras se examina la situación, tras detectar irregularidades en la ubicación y acondicionamiento del plantel, lo cual despierta preocupaciones urgentes sobre la seguridad escolar y la protección de los menores, según informó Noticias RCN.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Mientras tanto, la familia de Valeria Afanador ha presentado ante la Fiscalía una petición para imputar cargos de homicidio agravado a la rectora y a dos docentes del colegio.
Esta acción representa la primera respuesta oficial sobre las responsabilidades institucionales en un caso que ha causado conmoción a nivel nacional.
Según un documento oficial obtenido por el medio, la CAR determinó que el plantel educativo infringió la distancia reglamentaria entre sus instalaciones y la fuente hídrica, exponiendo a los estudiantes a un riesgo evitable.
Adicionalmente, la autoridad ambiental destacó modificaciones no autorizadas llevadas a cabo por el colegio en la ronda del río, lo que se considera una intervención ilegal en un área protegida.
La sanción implica la suspensión inmediata de las actividades que se realizan en la zona adyacente al río Frío, lugar donde fue hallada la menor.
En el documento, la CAR subrayó: “Es urgente imponer al Gimnasio Los Laureles una medida preventiva que consista en la suspensión inmediata de actividades en el área de ronda de la fuente hídrica”.
El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró en una conversación con el medio que, según su evaluación, “el colegio no contaba con las garantías de seguridad necesarias para los niños”.
Esta medida cautelar, aunque sujeta a revisión, representa la primera sanción formal contra la institución educativa desde el inicio de la investigación.
Las últimas actualizaciones sobre el caso que sigue generando eco en la actualidad colombiana indican que el abogado de la familia, Julián Quintana, exige que la Fiscalía impute cargos de homicidio a la rectora y a dos profesores del colegio.
El núcleo de la acusación se basa en la supuesta omisión de aquellos que tenían la obligación de protegerla, y, según la defensa, fracasaron al hacerlo.
“Valeria no murió por azar, sino en un contexto donde quienes debían resguardarla, pudiendo hacerlo, decidieron no actuar”, declaró Quintana en el documento judicial divulgado y citado por El Tiempo.
La menor fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en el interior del colegio, y 18 días después, su cuerpo fue encontrado, según el reporte oficial, debido a “sumersión en medio líquido”.
La familia afirmó que las circunstancias alrededor de su desaparición no están claras y que la responsabilidad recae sobre las figuras adultas que tenían la obligación institucional de velar por su seguridad.
El representante legal de los Afanador mencionó cómo dos empleados en particular, Emely Viviana Cifuentes, directora de curso, y Diego Orlando Pinzón, profesor de educación física, deberían haber estado atentos a Valeria, que era una menor con síndrome de Down.
Quintana afirmó: “Hemos verificado todos los elementos probatorios que están en la Fiscalía y hemos solicitado, mediante un memorial donde se estructura la imputación de cargos contra la rectora del colegio y dos profesores por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que la Fiscalía pronto celebre audiencias de imputación”, comentó, citado por el medio.
Al fundamentar la petición, la defensa insiste en que la acusación es “por conductas punibles en calidad de garantes que no actuaron frente a un riesgo evidente, permitiendo que se materializara el resultado que culminó con la muerte de la menor Valeria Afanador”.
En declaraciones recogidas por CityTv, el abogado del colegio, Francisco Bernate, describió las funciones asignadas: “Una docente encargada de supervisar a los menores durante la merienda debía estar atenta cuando la menor abandonó el aula. Además, el profesor responsable del cuidado del jardín o del área de juego también tenía que estar al tanto.”
El abogado también consideró que la posible imputación de cargos “no es procedente”.
