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El negocio mediante el cual Millicom, propietario de Tigo, adquiere el negocio de Movistar en Colombia se formalizó este miércoles, tras el cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC.
El 4 de febrero era la fecha límite pactada para el cierre de esta operación, que permite que Tigo y Movistar pasen a funcionar como un solo actor en el mercado colombiano de telecomunicaciones, sujeto a las condiciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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La sentencia de la OPA
De acuerdo con el boletín informativo de la Bolsa de Valores de Colombia, en el último día del proceso se recibieron aceptaciones por 2.301.779.819 acciones ordinarias.
Tras el pago de los títulos aceptados, Millicom alcanzará una participación del 67,5 por ciento del capital accionario de la compañía, con lo que asume el control de Movistar en el país.
Tigo cuenta en Bogotá CON una red móvil que incluye 1.700 antenas 4G y más de 200 antenas 5G. Foto:Tigo / Movistar
La OPA contemplaba la adquisición de un mínimo de 1.864.694.494 acciones y un máximo de 2.330.868.118 acciones, lo que equivalía a una participación de entre 54,68 por ciento y 68,35 por ciento del capital en circulación. De acuerdo con el comunicado, Millicom accedió a 98,75 por ciento del máximo previsto en la oferta, un resultado que el mercado anticipaba desde que el proceso fue anunciado el pasado 22 de enero.
Con el cierre de esta operación, se concreta una de las integraciones más relevantes del sector de telecomunicaciones en Colombia. La materialización de la transacción dependía no solo del éxito de la OPA, sino también de la autorización de la autoridad de competencia, que finalmente fue otorgada bajo un esquema de condicionamientos.
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Integración bajo condiciones
La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la integración entre Tigo y Movistar tras un proceso de análisis que se extendió por más de diez meses y que incluyó la evaluación de observaciones presentadas por actores del sector como Claro, DirecTV, ETB, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), organizaciones de usuarios de internet y WOM, uno de los principales opositores a la operación.
Durante ese proceso, la SIC analizó 19 mercados relevantes, que abarcan servicios móviles, como voz, datos y mensajería; servicios fijos de internet, televisión y telefonía; acceso mayorista a redes; y provisión de infraestructura. La entidad revisó riesgos asociados al posible intercambio de información sensible, a la afectación de los operadores móviles virtuales (OMV), a cambios en las condiciones del roaming automático nacional y a impactos en cobertura y calidad del servicio.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio Foto:Archivo El Tiempo
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, explicó en su momento que la integración genera efectos simultáneos. “Por un lado, produce eficiencias potenciales, pero al mismo tiempo plantea riesgos serios para el mercado, especialmente para los operadores más pequeños”. Según la funcionaria, con la operación “Movistar y Tigo dejarán de competir entre sí”, lo que afecta distintos segmentos del sector.
Frente a ese escenario, la SIC optó por autorizar la integración imponiendo medidas correctivas. Uno de los principales riesgos identificados se concentra en el mercado mayorista móvil, en particular en el acceso al roaming automático nacional y en los servicios requeridos por los operadores móviles virtuales como WOM o Virgin, que dependen de las redes de Tigo y Movistar para prestar sus servicios.
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Como parte de los condicionamientos, la entidad ordenó que el operador integrado ofrezca nuevas tarifas mayoristas a los operadores móviles virtuales, con descuentos que oscilan entre 12,5 por ciento y 46 por ciento. Además, se prohíben modificaciones unilaterales o injustificadas a los contratos vigentes y se obliga a adoptar medidas técnicas para evitar que los usuarios de estos operadores tengan que realizar trámites como el cambio de tarjeta SIM.
En relación con el roaming automático nacional, la SIC estableció medidas específicas de protección para WOM. La empresa integrada deberá ofrecerle una tarifa preferencial con descuentos de entre 12 por ciento y 25 por ciento, mientras que para nuevos operadores entrantes se fijó una tarifa máxima regulada. De manera expresa, la resolución prohíbe aumentar las tarifas de roaming como consecuencia de la integración.
La operación de integración debe traducirse en eficiencias en calidad y cobertura del servicio. Foto:
¿Se afectarán los operadores de menor tamaño?
El segundo frente de riesgo corresponde al mercado minorista móvil. Según la autoridad, la presencia de dos grandes jugadores —Claro y el operador integrado Tigo-Movistar— podría facilitar estrategias coordinadas que afecten a los operadores de menor tamaño, especialmente en la oferta de paquetes que combinan servicios fijos y móviles. Por ello, se prohibió lanzar ofertas comerciales o campañas publicitarias dirigidas específicamente a captar usuarios de WOM u otros competidores.
La SIC también identificó riesgos en los mercados fijos de internet, televisión y telefonía en 82 municipios del país. En estas zonas, la participación del nuevo operador podría generar incentivos para aumentar tarifas o deteriorar la calidad del servicio. En consecuencia, se ordenó mantener la oferta comercial vigente, sin eliminar, modificar ni restringir los planes actuales de los usuarios.
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Otro punto clave fue el análisis de la infraestructura de fibra óptica, particularmente de ON*Net Fibra, empresa de red neutral en la que Telefónica participa como socia. La SIC determinó que Movistar ejerce control sobre esta compañía mediante derechos de veto y, para evitar bloqueos a competidores del mercado de internet fijo, prohibió al nuevo operador ejercer ese veto en decisiones comerciales relevantes como política comercial, presupuestos o grandes contratos.
La operación debe ser de calidad
La resolución también establece que no debe haber desmonte de infraestructura tras la integración y que, por el contrario, la operación debe traducirse en eficiencias en calidad y cobertura del servicio. Para garantizar el cumplimiento de las medidas, la SIC dispuso mecanismos de vigilancia y auditorías independientes, con condicionamientos vigentes por un período de cuatro años o hasta que la CRC expida una regulación acorde con las nuevas condiciones del mercado.
Con el cierre de la OPA y la autorización condicionada de la SIC, Colombia avanza hacia un nuevo escenario en el sector de telecomunicaciones, marcado por la consolidación de un operador de gran escala y por un marco regulatorio que busca mitigar los riesgos de concentración, proteger a los usuarios y preservar condiciones de competencia en el mercado.
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