Economia
“Fedesarrollo alerta: La consulta popular podría costar 451,000 empleos”
Lejos de contribuir a la creación de puestos de trabajo y a disminuir la informalidad, dos de los grandes males del mercado laboral colombiano, las 12 interrogantes de la consulta popular que anunció el Gobierno para reactivar la reforma laboral podrían complicar aún más la situación. Así lo indica Luis Fernando Mejía, director del centro de estudio Fedesarrollo, quien en una entrevista con EL TIEMPO menciona que los pequeños negocios comerciales son los que sentirían el mayor impacto, ya que el costo mensual de sus nóminas podría incrementarse en un 10 por ciento.
¿Las preguntas de la consulta popular abordan los problemas del mercado laboral?
No, las preguntas que ha divulgado el Gobierno siguen la misma línea que la reforma laboral previamente propuesta y que fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. Con el mismo enfoque, las repercusiones serán las mismas. En particular, observamos que se centran en incrementar el costo del empleo formal y, por lo tanto, el efecto inmediato será un aumento de la informalidad en 2 puntos porcentuales y la pérdida de aproximadamente 451.000 puestos de trabajo. Además, pasan por alto los costos asociados a la formalidad laboral.
El efecto inmediato será un aumento de la informalidad de 2 puntos porcentuales y una pérdida de unos 451.000 empleos
Las 12 preguntas de la consulta popular Foto:Archivo particular
En resumen, persisten los mismos inconvenientes del proyecto inicial. Quizás la única distinción es que no se incluye el aspecto del incremento en los costos de la indemnización por despidos sin causa justificada, que resultaba bastante elevado.
¿Cuáles son las preguntas que más le inquietan y que considera que deberían reconsiderarse?
La esencia debería ser diferente, porque al leer las preguntas, se encuentran alineadas con la propuesta original del Gobierno que buscaba elevar el costo del empleo formal. Recordemos que la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, mencionó en su momento que la reforma no estaba orientada a fomentar el empleo. Por lo tanto, diría que es una reforma que debe replantearse completamente para abordar temas fundamentales como la informalidad.
Si bien es relevante discutir aspectos como hasta dónde debe extenderse la jornada diurna o cuál debería ser el recargo dominical o festivo, ese no puede ser el componente central de un proyecto que aspira a resolver dos grandes problemáticas: una tasa de desempleo a largo plazo del 10 por ciento y una informalidad del 57 por ciento. Existen preocupaciones específicas sobre muchas de estas preguntas. Por ejemplo, estos recargos pueden sonar atractivos para el trabajador, pero tendrán un impacto significativo, especialmente en el sector comercial que depende de operaciones en horarios nocturnos y en domingos.
Estos recargos suenan bien para el trabajador, pero van a tener una afectación importante, en especial, para el sector del comercio
¿Cuánto estiman que se incrementarían los costos laborales si se implementan las preguntas planteadas?
Estamos calculando los costos que generaría a nivel general. Concretamente, para un microestablecimiento comercial estimamos que el aumento del costo mensual de la nómina sería del 10 por ciento, lo que generaría un impacto considerable, ya que estas pequeñas
Las compañías presentan márgenes reducidos de entre 2 y 3 por ciento. Esto podría ser un impacto muy adverso que ocasionaría desincentivos en la creación de empleo formal.
Durante una conferencia de prensa, Armando Benedetti y Antonio Sanguino expusieron las preguntas de la consulta. Foto:Sergio Acero / El Tiempo
¿Cuáles son las repercusiones que podría traer la pregunta sobre el contrato laboral de los aprendices del Sena?
Al examinar los indicadores del mercado de trabajo, se observa que las tasas de desempleo más altas afectan a los jóvenes. Con esta iniciativa, que persigue un objetivo noble, que es incrementar la remuneración de los aprendices, se ocasionaría el incentivo completamente opuesto y las pequeñas y medianas empresas que están en el límite de decidir si formalizarse o continuar en la informalidad. Al considerar que, al formalizarse, deben cumplir con regulaciones de esta índole y contratar aprendices a un costo similar al de un empleado con salario mínimo, los incentivos serían menores. Este tipo de medidas lamentablemente crea más obstáculos al empleo formal para aquellas personas o grupos etarios que enfrentan mayores dificultades para acceder.
¿Qué opinión le merece la pregunta que plantea que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, deberían recibir tasas preferenciales?
Ya existen algunos aspectos en la política pública que abordan medidas de esta clase, por lo tanto, no debería estar incluida en las 12 preguntas de la consulta. El Gobierno Nacional, a través de la política pública, tiene la capacidad de modificar ese mecanismo de incentivos y tratamiento preferencial mediante la banca de segundo piso. Por ejemplo, a través de Bancóldex o Findeter. Así, es una medida que parece sensata y debe ser evaluada con detenimiento, pero no considero que deba ser incluida en esta consulta.
¿Qué aspectos considera que faltaron por incluir en la consulta?
Nuestra perspectiva es que el mecanismo para debatir una cuestión laboral no debería ser una consulta popular. Así que, más que centrarse en preguntas a añadir o reemplazar, hacemos un llamado a que se realice un debate sobre una reforma en el Congreso, que no aborde únicamente los aspectos relacionados con incrementar el costo del empleo formal, sino especialmente cómo eliminar obstáculos al empleo formal y cómo crear más incentivos para aumentar la demanda de trabajo.
El mecanismo para debatir una cuestión laboral no debería ser una consulta popular
La informalidad alcanza el 57 por ciento en Colombia. Foto:Jhon Jairo Bonilla
¿Qué acciones considera que se deberían implementar para reducir la informalidad, generar empleos de calidad y aumentar la productividad?
La informalidad en Colombia es del 57 por ciento y la mayor parte de los trabajadores independientes son autónomos, con bajos niveles educativos y menos de un salario mínimo. En este contexto, el aspecto de calidad, formación y relevancia para el trabajo será crucial para que las personas adquieran las habilidades demandadas por el mercado laboral. Una parte de la alta tasa de desempleo se origina en la discrepancia entre las habilidades que poseen muchos jóvenes al salir y la demanda del sector productivo. Por lo tanto, esto debe ser una política de Estado.
En segundo lugar, es necesario mejorar la protección de los trabajadores formales. En lugar de intentar forzar aumentos en el costo del empleo formal a través de una reforma, se podría considerar implantar un seguro de desempleo no contributivo que permita a las personas, en especial aquellas que ganan entre uno y tres salarios mínimos, acceder a un seguro financiado públicamente.
El tercer aspecto se relaciona con una reforma a nuestro sistema de contribuciones a la seguridad social. Lamentablemente, contamos con un sistema regresivo en el que un trabajador independiente debe contribuir de manera desproporcionada en comparación con aquellos que tienen ingresos más altos, lo que requiere replantear las aportaciones, especialmente en salud. Hemos hablado de establecer tarifas de contribución progresivas que incentiven a las personas a considerar que hay beneficios asociados a la formalidad y no como sucede actualmente, donde la regulación obliga a un trabajador independiente a pagar casi el 30 por ciento de sus ingresos.
