Colombia
Sindicatos acusan a Benedetti de poner en riesgo el Acuerdo de Paz al derogar decreto de garantías para exFarc
La reciente decisión del ministro del Interior, Armando Benedetti, de anular el Decreto 301 de 2017, ha suscitado críticas contundentes de sindicatos y organizaciones sociales que advierten sobre un posible retroceso en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las exFarc.
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (Sintrasepaz) señaló que esta medida se tomó sin el consentimiento de la Alta Parte Contratante ni de los miembros del partido Comunes, encargados de defender los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación.
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“Un grave precedente para la implementación de la paz”, afirmaron desde el sindicato, subrayando que el gobierno actual apoyó las negociaciones en Cuba y utilizó el acuerdo como bandera en su campaña electoral.
El cambio se formalizó a través del Decreto 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, según Sintrasepaz, “no consideró el espíritu del artículo 88 del Acuerdo Sindical – Resolución 1498 de 2024”.
Este decreto impacta directamente la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos con riesgos extraordinarios o extremos, incluidos excombatientes de las Farc, líderes sociales y firmantes de paz.
Tanto el sindicato como el Observatorio de Paz (PazEs) coinciden en que “desvincular a los firmantes como alta parte contratante de las decisiones ignora la función consultiva de instancias clave”, poniendo en peligro la seguridad de la población protegida por el Decreto 299/2017.
“Recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Hacemos un llamado a establecer un diálogo transparente con la población afectada directamente por sus decisiones”, manifestaron desde PazEs.
El Decreto 0020 de 2026 también establece una reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, incluyendo 6.870 nuevos empleos, de los cuales más del 10% están destinados a jóvenes entre 18 y 28 años, con el objetivo de fortalecer los esquemas de protección y modernizar la gestión administrativa.
La reestructuración incluirá 22 puestos directivos y de asesoría, 6.000 cargos para personal de protección o escoltas, así como 848 empleos administrativos.
El costo total asciende a más de 740.000 millones de pesos, pero el documento oficial promete un ahorro anual promedio de 120.000 millones, lo que equivaldría al 13% del gasto de 2025, gracias a la optimización de procesos internos.
“Esta medida tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad y optimizar el uso de los recursos públicos”, afirmó el Ministerio del Interior.
Además, la reestructuración prevé ajustes en la organización interna, alineando la planta permanente a las necesidades del servicio y al presupuesto asignado para 2026. Análisis realizados por El Colombiano indican que los cambios potenciarán la toma de decisiones estratégicas y la supervisión de los esquemas de protección, una demanda enérgica de expertos y organizaciones sociales.
El rediseño de la UNP se da en un contexto de alta demanda de seguridad antes de las elecciones presidenciales y del Congreso de 2026, donde se debaten las garantías de protección para candidatos y líderes sociales.
Si bien el decreto mejora las condiciones laborales dentro de la UNP, sindicatos y observatorios advierten que los cambios legales sin consultar a los excombatientes ponen en grave riesgo la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz, lo que genera inquietud sobre el cumplimiento de los compromisos acordados en La Habana.
“Recibimos los decretos 019 y 020 con sorpresa, ya que ponen en peligro la seguridad de la población firmante del acuerdo, aunque reconocemos que dignifican el empleo en la UNP”, concluyeron desde Sintrasepaz.
Con esta medida, el país enfrenta un debate esencial sobre la protección de los derechos de los excombatientes y líderes sociales, en un contexto electoral que exige garantías efectivas de seguridad y cumplimiento de los compromisos de paz.
