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En medio de la discusión que ha generado el fuerte incremento del salario mínimo para este año (23 por ciento), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que intensificará la vigilancia sobre los ajustes de precios que realicen las empresas, con el fin de evitar abusos que terminen afectando a los consumidores.
La entidad recordó que, en el marco del modelo de economía social de mercado que rige en Colombia, los agentes económicos tienen libertad para fijar precios, pero esa autonomía no es absoluta. Por el contrario, está limitada por la prohibición de prácticas como la fijación de precios inequitativos o excesivos, los acuerdos entre competidores y cualquier tipo de coordinación que distorsione el mercado.
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“La autoridad de competencia estará atenta a evaluar las denuncias y quejas que puedan surgir”, advirtió la Superindustria, al subrayar que el aumento del salario mínimo no puede convertirse en una excusa para trasladar incrementos desproporcionados a los precios finales de bienes y servicios.
Desde su rol como autoridad de protección al consumidor, la SIC reiteró que el Estatuto del Consumidor protege a los ciudadanos frente a prácticas como la falta de información clara, la imposición de cláusulas abusivas, la publicidad engañosa y el incumplimiento de garantías. Cualquier conducta que vulnere estos derechos podrá ser objeto de investigación y sanción.
Imparte instrucciones al sector constructor para que publicidad y precios de proyectos sea en pesos. Foto:
Uno de los focos de atención será el sector vivienda, particularmente el mercado inmobiliario y los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), un segmento sensible para los hogares de menores ingresos.
La entidad recordó que, mediante la Circular 004 de 2024 —vigente desde febrero de 2025—, se impartieron instrucciones claras al sector constructor para que la publicidad y los precios de los proyectos se expresen en pesos colombianos y no en salarios mínimos, tal como lo establece la Ley 1480 de 2011.
Cielo Rusinque Urrego, Superintendente de Industria y Comercio. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
En desarrollo de esta vigilancia, la Superindustria informó que ya elevó requerimientos de información a más de 20 constructoras, con el objetivo de verificar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.
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A este frente se suma el control que ejerce la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, encargada de vigilar los regímenes de libertad regulada y control de precios. Allí, la SIC anunció que reforzará las acciones en sectores estratégicos como el de medicamentos y dispositivos médicos, donde actualmente supervisa cerca de 36.000 productos.
Con este anuncio, la Superindustria busca enviar un mensaje claro al mercado: el ajuste del salario mínimo no habilita prácticas abusivas ni incrementos injustificados.
El objetivo, insistió la entidad, es preservar un entorno competitivo, proteger el bolsillo de los consumidores y garantizar que los principios de la economía social de mercado se reflejen en precios justos y transparentes.
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