El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) que había declarado hábiles varios sábados, domingos y días festivos, incluidos el 1 y 2 de agosto de 2026, para adelantar trámites precontractuales, contractuales y actuaciones administrativas.
La agenda judicial colombiana y la suspensión de días hábiles
En un movimiento que impacta la planificación administrativa en el país, el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender provisionalmente una resolución clave del DAPRE. Esta medida, adoptada entre el 30 y 31 de julio de 2026, deja sin efecto la habilitación de días como el 1 y el 2 de agosto de 2026, que habían sido designados para agilizar diversos procesos dentro de la contratación pública y la gestión administrativa. La suspensión implica que, para efectos de plazos y cumplimiento de requisitos, estos días volverán a ser considerados inhábiles, lo que podría generar ajustes en los cronogramas de entidades públicas a nivel nacional.
Mientras tanto, la Rama Judicial de Colombia mantiene su compromiso con la ciudadanía a través de actividades programadas. Para el día de hoy, 2 de agosto de 2026, se lleva a cabo la jornada “Justicia y Ciudadanía” entre las 08:00 y las 17:00. Esta iniciativa busca acercar los servicios y la información judicial a la población, demostrando la continuidad de la función jurisdiccional a pesar de las particularidades en los días hábiles administrativos.
¿Qué decisiones clave han tomado los tribunales en Colombia recientemente?
Los tribunales en diferentes regiones del país han emitido fallos y adelantan procesos de gran relevancia social y jurídica. En Cartagena, el Tribunal Superior actuó en defensa de los derechos del Consejo Comunitario Juana Pino Cogollo, ubicado en San Estanislao de Kostka (Bolívar). El 1 de agosto de 2026, con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, se ordenó la reactivación del proceso de restitución de sus derechos territoriales. Esta decisión es crucial, ya que el proceso había sido obstaculizado por la exigencia de requisitos administrativos adicionales, que ahora deberán ser revisados para garantizar el acceso a la justicia de estas comunidades.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Huila se encuentra en la etapa de decisión de segunda instancia de un caso que condena al Municipio de Palermo y a las Empresas Públicas por afectaciones a menores. El litigio se centra en los altos niveles de flúor detectados en el agua de El Juncal, una problemática con antecedentes que se remontan a 2003. Al 1 de agosto de 2026, el proceso se encontraba en “remojo”, indicando una fase de estudio y deliberación antes de la sentencia definitiva, que podría sentar un precedente importante en materia de salud pública y responsabilidad estatal.
A nivel de altas cortes, el Consejo Superior de la Judicatura conformó el 31 de julio de 2026 la lista de candidatos preseleccionados para ocupar cinco cargos de magistrados en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este es un paso fundamental para fortalecer uno de los órganos más importantes del sistema judicial colombiano. Las entrevistas con los candidatos seleccionados están programadas para iniciar a partir del 10 de agosto de 2026, lo que marcará el comienzo de una nueva etapa en la conformación de la máxima instancia de la justicia ordinaria.
La Corte Constitucional define límites y avala medidas
La Corte Constitucional, guardiana de la Carta Magna, ha tenido un mes de julio y principios de agosto de 2026 particularmente activo, emitiendo sentencias con profundo impacto en la economía y la administración pública. Mediante la Sentencia SU-047 de 2026, proferida el 28 de julio de 2026, la Corte estableció límites a la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en las ciudades capitales. Esta decisión clave interpreta el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 y busca proteger la autonomía tributaria de los municipios, al tiempo que establece un marco claro para la imposición de este gravamen.
En otro pronunciamiento significativo, el 15 de julio de 2026, la Corte Constitucional avaló medidas extraordinarias para el sector transporte. Sin embargo, en un ejercicio de control constitucional, declaró inexequibles apartes clave del Decreto Legislativo 222 de 2026. Específicamente, el inciso segundo del artículo 2 y la expresión “e interventoría” del inciso primero fueron declarados contrarios a la Constitución, lo que implica una reconfiguración de las facultades otorgadas al ejecutivo en el marco de dicho decreto y su aplicación al sector.
Finalmente, la Corte Constitucional también emitió la Sentencia T-202 de 2026 el 6 de julio de 2026, relacionada con acciones de tutela, reafirmando su rol en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia publicó un informativo de Vicepresidencia con jurisprudencia para agosto de 2026, que incluye sentencias de constitucionalidad con fechas de febrero de 2026, mostrando la continuidad en la difusión de criterios jurídicos.
Qué viene ahora
El panorama judicial colombiano se mantiene dinámico. En los próximos días, la atención se centrará en el Consejo Superior de la Judicatura, que iniciará las entrevistas para la selección de los nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a partir del 10 de agosto de 2026. Esta etapa será determinante para la conformación de un tribunal clave en la investigación y juzgamiento de altos funcionarios.
Asimismo, se espera la resolución definitiva del Tribunal Administrativo del Huila en el caso de la contaminación por flúor en El Juncal, cuya sentencia de segunda instancia podría establecer importantes precedentes sobre la responsabilidad de las entidades territoriales y empresas de servicios públicos en la garantía de la salud y el bienestar de sus habitantes. Las implicaciones de las sentencias recientes de la Corte Constitucional, especialmente en lo referente al ICA y las medidas para el transporte, continuarán siendo analizadas por expertos y autoridades, marcando la pauta para futuras políticas y normativas en el país.
