Colombia
Viceministro Rondón pide investigar declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, pidió a las autoridades que investiguen las declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido, señalando que, si se consideran delitos, podrían representar atentados contra la integridad nacional e instigación a la guerra.
La solicitud fue realizada a través de un video en sus redes sociales, donde explicó los motivos detrás de su petición y mostró la inquietud institucional ante mensajes que, según su criterio, podrían dividir a la sociedad colombiana y afectar los principios democráticos.
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Durante su intervención, Gabriel Rondón indicó que, en cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público y conforme a los códigos general disciplinario y de procedimiento penal, instó a los organismos competentes a revisar las declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido.
El funcionario enfatizó la gravedad de los hechos al afirmar: “He solicitado a los entes competentes que analicen las declaraciones de Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido. Si estas constituyen delitos, especialmente en lo que respecta a la integridad nacional, o instigación a la guerra.”
En el video, Rondón destacó que no es aceptable que figuras públicas promuevan divisiones o discursos que llamen a la intervención de actores extranjeros en los asuntos internos del país. El viceministro subrayó: “No podemos seguir dividiendo el país y mucho menos pedirle a un extranjero que se lleve al presidente o que invada a Colombia. Así no se construye la democracia, así no construimos paz.”
El funcionario recordó que los servidores públicos tienen el deber de alertar a las autoridades sobre hechos que podrían tener relevancia penal o disciplinaria. Indicó que su acción busca que los organismos correspondientes evalúen si las expresiones y publicaciones de los mencionados pueden configurarse como delitos conforme a la legislación penal colombiana.
Rondón reiteró en su mensaje la necesidad de mantener el debate público dentro de los límites del respeto al orden constitucional y la ley, enfatizando que la división social y los pedidos de intervención extranjera podrían perjudicar el objetivo de la democracia y la paz.
“Así no se construye la democracia, así no construimos paz”, insistió el viceministro, haciendo un llamado a la responsabilidad de aquellos con visibilidad pública y capacidad de influir en la opinión y el clima social en Colombia.
La solicitud del viceministro se une a otras acciones legales recientes con el mismo enfoque. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por, supuestamente, incentivar una intervención militar extranjera.
El funcionario explicó: “La autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es un permiso para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.
En la denuncia, Idárraga argumentó que las manifestaciones de los congresistas violan la obligación constitucional de proteger la soberanía y el marco jurídico colombiano al incluir exhortaciones que podrían ser etiquetadas como llamados a invasiones. “Incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual va más allá de una simple opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, concluyó el ministro.
El documento presentado ante la Corte Suprema advierte que la instigación a la guerra y la promoción de acciones hostiles están tipificadas en el Código Penal. Estas figuras son severamente sancionadas para quienes realicen actos dirigidos a someter el país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional.
En otra acción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también registró una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo por hechos similares. El ministro publicó el documento completo para ofrecer transparencia al proceso y permitir a la ciudadanía conocer el alcance real de la denuncia.
El documento detalla que los hechos podrían configurar los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria, en el contexto de las publicaciones realizadas sobre la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Antonio Sanguino subrayó que la libertad de expresión no ampara la traición a la patria, particularmente cuando se trata de declaraciones que pueden interpretarse como incentivos a la intervención extranjera o a la desestabilización institucional.
El proceso judicial está ahora bajo el escrutinio de la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar la pertinencia de abrir una investigación formal sobre las declaraciones y publicaciones en cuestión. Hasta el momento, no se han recibido respuestas públicas por parte de los mencionados en las denuncias.
