Violencia sin freno cierra 2025 y deja en entredicho la paz total mientras los grupos armados ganan terreno en Colombia

Las estadísticas de violencia que enfrenta Colombia al finalizar 2025 generan un debate incómodo: ¿qué resultado ha tenido la política de paz total y hasta qué punto es eficaz el Estado en frenar a los grupos armados? El cierre del año dejó una situación tensa, marcada por ofensivas conjuntas, la expansión de estructuras ilegales y una percepción de retroceso en seguridad.

El último acontecimiento significativo fue el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, que paralizó regiones extensas del país. De acuerdo a informes oficiales, se contabilizaron cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, resultando en al menos 12 personas asesinadas, una cantidad considerable de heridos, carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y ataques con explosivos a la fuerza pública. Este nivel de coordinación y despliegue evidenció un dominio territorial que elevó las alertas en diversos sectores.

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El incidente más grave tuvo lugar en la zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar resultó en la muerte de siete soldados y dejó 28 heridos. La creciente utilización de esta tecnología refleja una evolución en las tácticas de los grupos armados, planteando un nuevo desafío para las Fuerzas Militares.

En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó la ofensiva armada en una entrevista con Blu Radio. La experta señaló que lo sucedido no se puede atribuir solo a dinámicas locales o decisiones aisladas del ELN o de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Según explicó, hay una lectura política más amplia vinculada al ciclo electoral que se aproxima.

“Creo que sí se están preparando para el proceso electoral, buscando un lugar en el debate público y hacerse notar”, señaló Llorente. En su análisis, estas acciones tienen como objetivo posicionar a los grupos armados en la discusión nacional y presionar al nuevo gobierno para que tome decisiones sobre su futuro. Este comportamiento, aunque no es inédito en Colombia, ocurre en un contexto más complicado, donde las organizaciones se han fortalecido económica y territorialmente.

La directora de la FIP también criticó cómo el Gobierno ha manejado la política de “paz total”. Aunque subrayó la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos, expresó su preocupación por la falta de resultados tangibles y la ausencia de una estrategia de seguridad que complemente las negociaciones. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmantelado, pero tampoco hemos obtenido resultados”, afirmó.

Para Llorente, el Ejecutivo ha optado por mantener estos procesos con la intención de establecer compromisos difíciles de revertir para el próximo gobierno. “Estamos continuando con esta política, y seguiremos insistiendo en que se generen hechos que compliquen la tarea al siguiente Gobierno para desmantelar estos procesos”, añadió, refiriéndose a figuras como las zonas de ubicación territorial y otros acuerdos alcanzados con grupos armados.

El balance, en términos de control territorial y contención del crimen organizado, es alarmante. La analista advirtió que la falta de una dirección clara ha facilitado la fragmentación de organizaciones ilegales y su expansión. Mencionó como ejemplo el crecimiento del Clan del Golfo, que, según datos citados por la FIP, “ha aumentado un 85% en comparación a lo que había antes de la desmovilización de las Farc”.

Al mirar hacia el cambio de gobierno en 2026, el mensaje es claro. Para Llorente, será crucial reconsiderar el enfoque actual y devolver la iniciativa del Estado en las regiones más afectadas por la violencia. “Es absolutamente esencial establecer una estrategia de seguridad en estos territorios”, enfatizó, resaltando la necesidad de proteger a la población civil, aumentar la presencia institucional y frenar la expansión de grupos armados.