Ya fue legalizada la captura de tres implicados en el escándalo de corrupción por el contrato de helicópteros Mi-17

Un juez de Control de Garantías ha dado luz verde a la captura de tres altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Brigada de Aviación No. 32, quienes están involucrados en un escándalo de corrupción vinculado a un costoso contrato de mantenimiento para los helicópteros Mi-17, firmado entre el Gobierno colombiano y la empresa estadounidense Vertol Systems Company.

Este acuerdo, que asciende a UDS32 millones (aproximadamente 122 billones de pesos), se destinó a asegurar la operatividad de la flota de helicópteros rusos Mi-17, pero la Fiscalía General de la Nación ha indicado que su ejecución presenta serias irregularidades y posibles daños al patrimonio público.

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Los detenidos en esta investigación incluyen a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, integrante de la Brigada de Aviación No. 32; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa. Actualmente, estos funcionarios están bajo custodia mientras proseguimos con las investigaciones.

La captura se ejecutó después de que la Fiscalía General de la Nación emitiera cinco órdenes de detención contra varios implicados, incluyendo a los funcionarios mencionados y los representantes legales de Vertol Systems, Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie. Dado que estos últimos se encuentran fuera del país, la situación ha complicado el proceso.

La Fiscalía acusó a los implicados de direccionar el contrato a favor de Vertol Systems, eligiendo a una empresa que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para llevarlo a cabo. Las irregularidades denunciadas incluyen la falsificación de documentos oficiales, tráfico de influencias y posibles actos de prevaricato y peculado. Los capturados enfrentan cargos de falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias, prevaricato y peculado por apropiación.

De acuerdo con el ente acusador, el coronel Rincón utilizó influencias indebidas en la contratación del millonario contrato con la empresa encargada del mantenimiento de las aeronaves rusas, fallando en su función de evaluador y presionando para favorecer a la empresa estadounidense a pesar de no cumplir los requisitos. “El coronel se extralimitó al interferir en el proceso administrativo, alterando la contratación directa y violando los principios de transparencia”, declaró el fiscal del caso.

A pesar de la urgencia institucional por avanzar en el proceso antes de que finalice 2024, y tras la autorización para iniciar la contratación, el oficial, en su rol de gerente de proyecto, habría ofrecido plazos adicionales al oferente para que cumpliera con los requisitos técnicos, además de reducir las exigencias documentales sobre su capacidad financiera, favoreciendo indebidamente a la empresa.

En lo que respecta a los exfuncionarios del Ministerio de Defensa, la Fiscalía ha indicado que Mora Tamayo utilizó su posición para influir en un servidor público, persuadiéndolo para que modificara plazos que, conforme a los procedimientos establecidos, no debían extenderse, beneficiando así al contratista. De esta forma, el contrato habría sido firmado el 31 de diciembre de 2024, y la Fiscalía subrayó que el representante legal de la empresa contratista no se hallaba en Colombia en esa fecha, lo que implica que la constancia de su firma en Bogotá sería falsa. Además, tanto él como Manrique habrían intentado alterar la forma de pago del contrato en favor de la empresa.

Por el momento, el ente de control solicitará una medida de aseguramiento en su contra mientras las investigaciones sobre este caso, que evidencia serias irregularidades en la contratación pública del sector defensa, continúan.

Según la Fiscalía, a pesar de que el contrato presentaba graves irregularidades y no podía llevarse a cabo debido a incumplimientos por parte del proveedor, se autorizó un anticipo del 50% de su valor, que equivale a más de 16 millones de dólares. Esta suma fue aprobada a finales de 2024 y el dinero fue consignado el 15 de abril de 2025 en una cuenta del contratista en Estados Unidos. No obstante, el contratista solo realizó actividades próximas a USD2,6 millones y, tras ser declarado en incumplimiento, no reintegró al Ministerio de Defensa más de USD13 millones correspondientes al saldo del anticipo.

Es importante mencionar que el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo comentarios sobre el caso durante una rueda de prensa en la que subrayó la relevancia de las capturas, justo antes de la legalización de las mismas. En sus palabras, destacó que la colaboración entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía fue crucial para alcanzar esta fase del proceso judicial.

“Este caso es un claro ejemplo de nuestra política de cero tolerancia ante la corrupción. Las instituciones del Estado están comprometidas con la transparencia, y los hechos serán esclarecidos rigurosamente”, afirmó Sánchez.

El ministro también enfatizó que se tomarán acciones disciplinarias y administrativas dentro de la fuerza pública para asegurar que no haya lugar a la impunidad en los procesos relacionados con el escándalo. Aseguró que el avance del proceso judicial se realizará conforme a la ley, con el propósito de depurar cualquier irregularidad dentro de su cartera.