Suspender los pagos a la Casa de la Moneda de Portugal por contrato de pasaportes, le pidió la Procuraduría al Tribunal de Cundinamarca

La situación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia se enfrenta a una nueva incertidumbre tras la petición de la Procuraduría General de la Nación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para suspender de inmediato cualquier transferencia de fondos a la Casa de la Moneda de Portugal, responsable de producir los documentos.

La solicitud, orientada hacia la implementación de medidas cautelares, se basa en la inquietud por la posible afectación del patrimonio público y la legalidad del acuerdo establecido para la emisión de pasaportes.

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El documento, que tiene un total de ocho páginas, fue enviado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública a la Sección Tercera del tribunal superior.

En este, el organismo de control solicita que se detenga la transferencia de los recursos financieros relacionados con el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, acuerdo que tenía como objetivo implementar el nuevo sistema de pasaportes promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Procuraduría destacó que la ejecución del convenio podría comprometer 1,8 billones de pesos, cantidad que podría ser transferida antes de que se resuelva la demanda presentada por el organismo.

De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato fue firmado “en contravención de una prohibición legal expresa”, ya que según el artículo 2 de la Ley 1140 de 2007, la selección de contratistas en la contratación estatal colombiana debe ser mediante licitación pública, asegurando la pluralidad de oferentes y una selección objetiva.

El organismo de control sostiene que los responsables del acuerdo “actuaron con clara desviación de poder”, eligiendo un método excepcional de contratación directa entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, a pesar de que esta última carecía de la capacidad e infraestructura necesarias para ejecutar el acuerdo.

Esta circunstancia llevó a la subcontratación de la Casa de la Moneda de Portugal para la fabricación de los pasaportes.

En el documento dirigido al tribunal, la Procuraduría enfatizó que el acuerdo vulneró los “principios de transparencia, planeación, libre concurrencia y selección objetiva del contrato”, lo que justificaria la suspensión inmediata de los pagos relacionados con el proyecto.

El delegado de la Procuraduría, Marcio Melgosa, destacó que sería más perjudicial para el tesoro público rechazar la medida cautelar que aceptarla, ya que el retraso en la resolución de la demanda podría facilitar la ejecución del convenio y el desembolso de los fondos antes de que exista un fallo judicial definitivo.

El documento presentado al tribunal señala: “La presente medida cautelar se justifica por la carga que supone para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones establecidas en el convenio con una persona extranjera de derecho público”.

Además, el organismo de control advirtió que el paso del tiempo podría legitimar las irregularidades señaladas, dado que los pagos al contratista se realizarían según las condiciones acordadas, sin estudios técnicos o económicos que las respalden.

El texto subraya: “En este sentido, el paso del tiempo podría legitimar las irregularidades en discusión, dado que los pagos se realizarán al contratista según las condiciones acordadas, sin que existan estudios técnicos o económicos que respalden estas condiciones”.

Por último, el Ministerio Público sostiene que, considerando los intereses en juego, los documentos y pruebas presentados indican que es preferible que el litigio sobre el convenio se lleve a cabo sin la transferencia de recursos, en vez de permitir pagos parciales mientras se resuelve la controversia.

El organismo también recuerda que la iniciativa, promovida por el presidente Petro, resultó en la destitución e inhabilitación por diez años del ex-canciller Álvaro Leyva.

Ahora, le corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidir si acepta la petición de la Procuraduría y ordena la suspensión de los pagos a la Casa de la Moneda de Portugal, o si permite que el proceso judicial prosiga sin restricciones para el gobierno en la ejecución del convenio.

Este nuevo episodio se suma a los cuestionamientos previos, incluso por parte de la Contraloría, acerca del riesgo que representa el contrato para la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en el país.