economía y política en 2026

Si la economía colombiana pudiera personificarse, en 2026 se vería como un atleta de triatlón agotado. Tras superar la dura etapa de natación que supuso la pandemia y el choque inflacionario global, el país debe ahora subirse a una bicicleta con los frenos desgastados —nuestras finanzas públicas— para encarar una subida empinada, mientras se prepara para correr una maratón electoral bajo un clima político difícil de predecir.

En este año, sobre todo electoral, convergen las facturas de las decisiones tomadas y los costos de las reformas postergadas. El próximo inquilino de la Casa de Nariño recibirá un país que opera al límite de su capacidad fiscal y social. A continuación, se desglosan los grandes temas económicos que definirán la agenda nacional.

La “bomba de tiempo” fiscal y el dilema de la deuda

El primer y más urgente desafío es de caja. La discusión sobre el modelo de desarrollo pierde relevancia si el Estado no puede financiarse. Las proyecciones indican que el próximo gobierno heredará uno de los déficits más altos de la historia reciente –en ausencia de un choque extraordinario como la pandemia–, estimado entre el 6,8% y el 8,1% del PIB para el cierre de 2026, y una deuda pública que asfixia el gasto social, al situarse en niveles críticos del 67% al 71%.

La triatleta va con los frenos de la bicicleta desgastados porque el Presupuesto General de 2026 nació desfinanciado tras el rechazo de la Ley de Financiamiento en el Congreso a finales de 2025. Como respuesta, se autorizó por parte del gobierno nacional un cupo de endeudamiento cercano a $152 billones. Es una decisión de naturaleza más política que estructural, muy riesgosa, destinada a asegurar liquidez ante la desfinanciación del presupuesto. 

Esto deja al nuevo Ejecutivo con un margen de maniobra casi nulo. Quien asuma la Presidencia tendrá que decidir en sus primeros cien días entre un recorte draconiano del gasto social —con el consiguiente estallido en las calles— o una nueva reforma tributaria que calme a los mercados, pero asfixie aún más a la clase media.

En el frente cambiario, aunque se prevé una depreciación contenida con un dólar promediando $4.000, la volatilidad será la norma. La incertidumbre electoral y un déficit de cuenta corriente del 3,3% del PIB —impulsado por importaciones y salida de utilidades— mantendrán la tasa de cambio nerviosa, que encarecerá el costo de vida y la deuda externa. Fitch ya rebajó la calificación de Colombia a BB a finales de 2025 debido al déficit persistente, por lo que el riesgo de perder más terreno en los mercados internacionales es una amenaza real para el inicio del nuevo gobierno.

El ajedrez geopolítico: entre Caracas y Washington

Mientras intentamos ordenar la casa, el vecindario cambia drásticamente. El año 2026 marcará un punto de inflexión en las relaciones comerciales y políticas con Venezuela y se abrirá una ventana histórica para Colombia: la reconstrucción de un comercio bilateral con el potencial de converger, en el largo plazo, hacia los niveles históricos previos a la ruptura diplomática (superiores a US$14.000 millones), a través de la revitalización de sectores como alimentos, plásticos y construcción.

Sin embargo, esta oportunidad contrasta con la frialdad que se espera desde el norte. Se prevé que la relación con la administración Trump entre en una fase de “diplomacia transaccional”. La agenda de cooperación tradicional quedará supeditada a tres temas espinosos: aranceles punitivos que podrían golpear nuestras exportaciones industriales, una política de deportación masiva que presionará nuestro mercado laboral, y la crisis en el tapón del Darién, donde los controles de Panamá represarán a miles de migrantes en suelo colombiano.

Energía y modelos de crecimiento: ¿apagar o extraer?

La transición energética, bandera del actual gobierno, enfrentará su prueba de fuego en la realidad operativa. El 2026 será el año en que el riesgo de apagones deje de ser una amenaza retórica para convertirse en un peligro real si no se aceleran las líneas de transmisión y los mantenimientos críticos.

Este escenario forzará el debate central de la campaña presidencial: el modelo de crecimiento. Los candidatos se dividirán entre dos visiones antagónicas. Por un lado, la continuidad de la restricción a nuevas exploraciones de hidrocarburos bajo la bandera ambiental. Por el otro, la propuesta de reiniciar el fracking y las licencias petroleras como única vía rápida para atraer inversión extranjera masiva y estabilizar la caja del Estado. Aunque en la práctica sí existe un continuo entre esos extremos (más exploración convencional sin fracking, contratos costa afuera, transición gradual, etc.), el margen para posiciones intermedias es políticamente estrecho y fiscalmente costoso.