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Mientras las autoridades manejan el desplazamiento en áreas rurales de Antioquia, el Ejército enfrenta barreras para llegar a Briceño y Yondó debido a explosivos y presiones de grupos armados que intentan obstruir operativos y capturas en la región.
En el contexto de asistencia humanitaria a personas desplazadas en municipios del norte y noreste de Antioquia, las fuerzas de seguridad llevan a cabo operaciones para acceder a áreas rurales de Briceño, Yondó y Anorí, donde se han reportado choques entre bandos armados, según una publicación de Blu Radio.
De acuerdo a la información disponible, los enfrentamientos involucran al Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, organizaciones que tienen presencia en extensas áreas rurales. Esta situación ha provocado desplazamientos forzados, obligando a entidades gubernamentales y humanitarias a implementar planes de ayuda para las comunidades afectadas.
El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, mencionó que el acceso de las tropas ha sido obstaculizado por factores vinculados al control territorial ejercido por estos grupos. Según expresó, las organizaciones ilegales utilizan amenazas contra los habitantes para evitar que proporcionen información a las autoridades y, en algunos casos, incluso intentan involucrar a la población directamente en los procedimientos militares.
Uno de los casos destacados por el oficial se produjo en el corregimiento de Travesías, en la jurisdicción de Briceño. Allí, según el relato compartido con Blu Radio, días atrás el Ejército capturó a dos personas vinculadas a una estructura armada, pero posteriormente, un grupo de residentes intercedió y frustró la realización del procedimiento.
Respecto a este evento, el general Caycedo indicó: “Si los bandidos del Frente 36 son capturados o algo similar, deben salir ustedes, hacer ruido y quitárselo, que fue lo que efectivamente ocurrió en el corregimiento de Travesías. Habíamos capturado a dos personas muy cercanas a la estructura del Frente 36, y fueron arrebatadas por la población”.
Además de la presión sobre las comunidades, la presencia de artefactos explosivos es otro obstáculo para el avance de las tropas. El comandante de la Cuarta Brigada apuntó que estos artefactos han sido colocados en caminos rurales, lo que implica mayores medidas de seguridad durante los desplazamientos.
Como explicaron altos mandos militares, la vasta extensión de los territorios y las dificultades para identificar todos los explosivos, incluso con tecnología especializada, complica la movilidad. Estas circunstancias generan riesgos tanto para la población civil como para los miembros de las Fuerzas de Seguridad que operan en la zona.
Sobre esta problemática, Caycedo afirmó: “Algunos, en muchas ocasiones, no son detectados lo que causa afectaciones, ya sea en la población civil o en nuestras propias tropas. Sin embargo, el avance es seguro, estamos moviéndonos y llegando a los puntos de confrontación”.
Las operaciones militares se llevan a cabo junto a las labores de asistencia a familias que han huido de sus veredas por temor a verse atrapadas en los enfrentamientos. Según lo informado por Blu Radio, varias de las áreas afectadas han experimentado una notable disminución de habitantes debido al éxodo hacia áreas urbanas u otros municipios.
Ante este escenario, organizaciones sociales y la Gobernación de Antioquia han instado al Ministerio de Defensa a reforzar la seguridad en las áreas donde han aumentado los enfrentamientos armados. Las solicitudes se centran en asegurar condiciones adecuadas para el regreso seguro de las comunidades y evitar nuevas violaciones a los derechos de la población civil.
Las autoridades locales han señalado que algunas regiones rurales están prácticamente deshabitadas, reflejando el impacto que los conflictos armados han tenido en la vida diaria de los campesinos. Esta problemática también ha complicado la prestación de servicios básicos y el acceso a ayudas humanitarias.
Mientras tanto, el Ejército sigue con sus operaciones para recuperar el control territorial, en coordinación con otras entidades del Estado. Las acciones incluyen desplazamientos progresivos hacia los puntos donde se ha reportado violencia, bajo protocolos diseñados para minimizar los riesgos de explosivos y posibles hostigamientos.
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