“Saquen la violencia de la política”: Comité advierte riesgos humanitarios y llama a blindar la paz en próximos gobiernos

Mientras que Colombia finalizó 2025 con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más perjudicados por el conflicto armado muestran avances parciales en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, según el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo presentado el pasado 30 de enero en Bogotá, según Blu Radio.

El documento destaca que durante 2025 se registró la máxima cifra de desplazamientos forzados en 18 años, así como más de un millón de personas confinadas por acciones de grupos armados, una situación que triplicó los registros del año anterior y que tensionó la capacidad institucional de respuesta en múltiples territorios.

El Comité indicó que esta situación coincide con avances en la implementación de políticas públicas surgidas del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en las regiones priorizadas por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se han puesto en marcha proyectos productivos, acceso a tierras y programas sociales.

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Según la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, uno de los factores que contribuyen a la continuidad de la crisis es el traslape entre los territorios PDET y las áreas con mayor presencia de actores armados, lo que aumenta los riesgos humanitarios y limita el ejercicio de derechos para las comunidades.

“Los territorios PDT se superponen en gran medida con aquellas zonas donde ha crecido la presencia de actores armados, como el Pacífico Colombiano, el Cauca, la Costa Pacífica Nariñense, y algunas zonas del Caribe”, afirmó Cogollo durante la presentación del informe.

Según se explicó, este contexto ha llevado al Gobierno nacional a enfocar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas, como estrategia para mitigar el impacto humanitario, a pesar de que el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un gran obstáculo para evitar la repetición del conflicto.

Entre los resultados más destacados, el informe menciona una reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las áreas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 el indicador se situó en 24,4 %. Además, el Comité subrayó el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres y programas de acceso a tierras en regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar.

Sin embargo, el documento advierte que estas mismas regiones enfrentan altos niveles de riesgo debido a la presencia de grupos armados, generando una constante tensión entre los avances sociales y las dinámicas de violencia que persisten.

En el contexto del próximo ciclo electoral, el Comité mencionó que la política PDET cuenta con un blindaje institucional tras su extensión hasta 2034, aunque alertó sobre los riesgos si en la actualización de los planes de acción territorial no se incorporan las 220 recomendaciones propuestas por la Comisión de la Verdad.

“Creemos que sería un gran vacío si la política de paz no se articula y si las recomendaciones forman parte esencial de esta política de paz y de los PDT, tal como están contenidas en el acuerdo de 2016”, señaló Cogollo, resaltando la necesidad de coherencia entre las diferentes estrategias estatales.

Durante el evento, la presidenta del Comité dirigió un mensaje a los candidatos presidenciales y a los próximos gobiernos, instando a desescalar los discursos violentos en el debate público y garantizar la continuidad de las políticas de paz en los programas de gobierno.

“El primer mensaje que queremos transmitir es a los candidatos. Primero, que saquen la violencia de la política, por favor. Y segundo, que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y luego en el plan de desarrollo”, manifestó.

El informe concluye que el mayor riesgo para evitar la repetición del conflicto armado en Colombia sigue siendo la combinación de violencia armada y crisis humanitaria, así como el desbalance entre la presencia de actores armados y la implementación efectiva de políticas públicas que aseguren derechos.

“El mayor riesgo que enfrentamos es la alta presencia de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance real que existe entre los actores armados y la implementación de políticas públicas que no garantizan el ejercicio efectivo de derechos”, concluyó Cogollo.