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La Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica, generando un nuevo debate entre el Gobierno nacional y los dirigentes regionales.
En este contexto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, instó al tribunal para permitir la participación de los gobernadores antes de tomar una decisión definitiva sobre la norma, que se encuentra en suspenso, según reportó Blu Radio.
La gobernadora aclaró que la decisión de la Corte mantiene en pie, por el momento, los ingresos departamentales provenientes de la venta de licores y cigarrillos, recursos destinados específicamente según la Constitución a sectores como Salud, Educación y Deporte.
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La gobernadora destacó que la continuidad de estos fondos es crucial para financiar programas sociales en la región.
“Hemos solicitado a la Corte que nos permita intervenir como gobernadores para exponer este tema. Consideramos que constitucionalmente estamos respaldados, ya que estas rentas tienen un propósito constitucional. No se trata de una ley, sino que la propia Constitución asignó estos ingresos a los departamentos para Salud, Educación y Deportes”, afirmó Toro, según información de Blu Radio.
Su declaración surge después de que el presidente Gustavo Petro afirmara en su cuenta de X que la suspensión del decreto tenía como objetivo evitar que los “mega ricos” del país asumieran los impuestos relacionados con el consumo de licores y cigarrillos. Ante esta afirmación, Toro presentó una perspectiva diferente sobre la repercusión real del impuesto en sus territorios.
“Los mega ricos no residen aquí, sino en otros países, y además no consumen aguardiente. El aguardiente que se consume aquí es beber por la gente de bajos recursos, quienes realmente contribuyen para que podamos mantener la salud”, comentó la gobernadora, refiriéndose al consumo local de estas bebidas y al sistema de recaudo asociado.
La anulación de la emergencia económica también conlleva la eliminación de varios impuestos y contribuciones establecidas o modificaciones hechas durante su vigencia. Según información de La República Más, entre las medidas que dejan de tener validez están el IVA del 19% sobre licores y tabaco, y una contribución del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía.
Ese medio informa que la decisión del alto tribunal fue tomada tras la oposición de varios gobernadores a la aplicación del IVA del 19% a licores, considerando que afectaba las finanzas de las regiones. Con la suspensión, también se anula el pago en especie del 12% sobre la energía eléctrica hidráulica negociada en bolsa y otros impuestos relacionados con el sector energético.
Otra de las medidas que se eliminan con la decisión provisional es el aumento gradual del impuesto al patrimonio hasta llegar al 5%, un plan del Gobierno que pretendía revivir un componente de la reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso, dirigida a personas y empresas con altos patrimonios.
También queda sin efecto el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta para entidades financieras. A pesar de que el Ejecutivo argumentó que el sector podría manejar dicha sobretasa, los bancos advirtieron que es probable que los costos adicionales se trasladen a los usuarios a través del crédito.
En el ámbito del comercio exterior, el decreto suspendido contemplaba la reducción del umbral de importaciones de bajo valor, conocido como ‘minimis’, de US$200 a US$50, con el objetivo de aumentar el recaudo fiscal. No obstante, esta medida generó inquietudes debido a su repercusión en pequeños importadores y consumidores que utilizan plataformas de comercio electrónico.
Para el sector de hidrocarburos, la suspensión elimina el impuesto del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, tributo ante el cual las empresas del sector advirtieron que podría afectar la competitividad y la inversión.
El Ministerio de Hacienda había estimado que, con los decretos emitidos durante los 30 días de la emergencia económica, se pretendía garantizar aproximadamente $12 billones, aunque había un déficit de $16 billones para cubrir el presupuesto de 2026. La suspensión ahora obliga a reevaluar ese contexto fiscal.
Respecto a los recursos ya recaudados, expertos citados por La República Más indicaron que la devolución de impuestos indirectos es complicada. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry destacó que “sería muy difícil en la práctica” llevar a cabo procesos de devolución, mientras que Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que la suspensión provisional evita “impactos económicos irreversibles” mientras la Corte resuelve el fondo del asunto.
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