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El nombramiento de Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia marca el comienzo de una fase en la que se combinan experiencia técnica y una larga historia de críticas al Gobierno de Gustavo Petro, que se encuentra en sus últimos siete meses de mandato.
A través de múltiples columnas y declaraciones, Cuervo ha afirmado que “no ha sido un gobierno de grandes transformaciones institucionales”, como enfatizó en El Espectador. Sin embargo, menciona que la administración Petro ha hecho un esfuerzo por transformar la relación del Estado con “sectores sociales históricamente excluidos”, argumentando que, desde su perspectiva, es un logro que caracteriza la actual gestión.
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Cuervo, abogado con posgrados en derecho público y política pública, expresó una de sus críticas más contundentes en septiembre de 2025, tras la muerte de su padre debido a negligencia médica por parte de la Nueva EPS. Su relato, que se divulgó en redes sociales y medios de opinión, señala que “en al menos dos ocasiones tuvieron que reacondicionarlo y, en la tercera, mi padre sufrió un paro cardíaco y fue reanimado, quedando al borde de la muerte, la cual finalmente ocurrió el 4 de septiembre, después de que la familia aceptara no realizar otra reanimación”.
Para Cuervo, la ineficiencia administrativa y la falta de recursos pertinentes provocaron un desenlace trágico tras la negativa de la aseguradora a gestionar, en Armenia, Quindío, el implante de un marcapasos recomendado por su cardiólogo, lo que plantea dudas sobre la crisis actual del sistema de salud colombiano.
En este marco, Cuervo reflexionó en su columna en el medio mencionado: “El gobierno de Gustavo Petro no ha entendido la magnitud institucional del cambio y, en el sector salud, no comprendió que, mientras se discute cuál es el mejor sistema, no se puede permitir que continúe el deterioro de los servicios en salud, especialmente de las EPS intervenidas”. Esta perspectiva sintetiza una postura recurrente en su trayectoria pública: entrelazar exigencias técnicas con evaluaciones críticas de las políticas actuales, buscando asegurar derechos fundamentales y una gestión más eficiente.
A lo largo de su carrera, Jorge Iván Cuervo ha ocupado diversas posiciones públicas, incluida la jefatura de la oficina de apoyo en defensa judicial en el Ministerio de Justicia, la consejería presidencial de derechos humanos y trabajos en la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación. Esta trayectoria ha reforzado su perfil técnico y le ha dado la oportunidad de participar en la formulación y evaluación de políticas sociales y relacionadas con los derechos humanos.
Más allá del análisis técnico, Cuervo es un comentarista activo, con columnas frecuentes en El Espectador y participación en programas de análisis como el de Noticias RCN. Desde estas plataformas, es crítico con respecto a diversas acciones del gobierno. Por ejemplo, el 19 de enero de 2026, aseguró que la Fiscalía General de la Nación “deberá dar muchas explicaciones sobre el retiro de la imputación al director de la UNP, Augusto Rodríguez”, señalando inconsistencias en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay.
En cuanto a seguridad, Cuervo sostuvo en el mismo medio que debería “revisar y modificar el enfoque de negociación sin presión militar y concesiones sin equivalentes”, advirtiendo que los incentivos de la política de Paz Total “fueron equivocados y el gobierno tiene tiempo para corregir el rumbo”. Además, sugirió redefinir las relaciones internacionales, proponiendo una normalización con Estados Unidos basada en un “criterio más equilibrado y menos sumiso de lo que nuestra diplomacia se ha acostumbrado”.
El actual ministro de Justicia también ha contribuido en la revista Razón Pública, donde el 1 de junio de 2025 analizó la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia. Allí, Cuervo alabó su perfil como “una fiscal respetada, vertical e incorruptible”, pero simultáneamente le hizo críticas, señalando que actuaba “más como una segunda voz en el gobierno en temas jurídicos” y que “no entendió la dimensión política y de política pública que debe tener un ministro en el Estado colombiano”. Aun así, destacó que Buitrago se enfrentó a altos mandos militares por crímenes durante la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y que ayudó como asesora de Naciones Unidas y de la CIDH en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Como académico y especialista en políticas públicas, Cuervo analizó los repetidos conflictos institucionales que amenazan la estabilidad del gabinete. Recordó que en su primer Consejo de Ministros, la entonces ministra Buitrago expresó “reservas sobre la política de paz total”, lo que precipitó un declive de confianza hacia su nombramiento y, eventualmente, su salida. Según Cuervo: “Ese día comenzó la salida de Buitrago del gobierno, pues la poca confianza que tenía se desvaneció. Para permanecer en el gobierno, era necesario ganarse el apoyo de Armando Benedetti, algo que no iba a suceder con la ministra, dado su carácter y su forma de entender el servicio público”.
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