Katherine Miranda afirma que demanda contra Iván Cepeda busca frenar “enriquecimiento indebido” en consulta del Pacto Histórico

La representante a la Cámara Katherine Miranda afirmó que la demanda presentada contra el senador Iván Cepeda tiene como objetivo evitar un “enriquecimiento indebido” a través de la repetición de consultas internas en el Pacto Histórico, lo que podría resultar en el acceso a considerables recursos públicos por la reposición de votos.

Miranda, en un video compartido en redes sociales, comentó: “Solicitamos la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda porque el Pacto Histórico intenta beneficiarse a través de una consulta que ya se llevó a cabo”.

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Según explicó, en la consulta efectuada en octubre pasado, la coalición obtuvo aproximadamente 2,7 millones de votos. El valor de reposición por voto, determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en ese momento, era de 2.555 pesos, lo que totalizó cerca de 7.000 millones de pesos.

La parlamentaria aclaró que, para la nueva consulta programada para el 8 de marzo, el CNE aumentó el valor de la reposición por voto en más del 224%, elevándolo de 2.500 a 8.200 pesos. “Hoy, con las proyecciones de la consulta del Pacto Histórico en marzo, esta colectividad podría recibir más de treinta mil millones de pesos. Eso representa más de tres veces los recursos públicos por idéntico resultado electoral”, advirtió Miranda en su aparición.

Miranda subrayó que la demanda no tiene motivaciones políticas, sino jurídicas. “Nuestra demanda es jurídica, no política. No se pueden eludir las normas electorales ni utilizar los mecanismos de participación para enriquecerse a expensas de la ley”, afirmó la representante, quien enfatizó la necesidad de que las autoridades electorales se pronuncien rigurosamente sobre la interpretación y aplicación de las normas de reposición de votos en consultas sucesivas.

De mantenerse el número de participación y el nuevo monto establecido por el CNE para la consulta de marzo, el Pacto Histórico podría acceder a un total que, según Miranda, variaría entre 30.000 y 40.000 millones de pesos por reposición de votos.

“Si se aplica este criterio a otro mecanismo de participación, el Pacto Histórico podría tener derecho a una reposición de votos que oscilaría entre 30 mil y 40 mil millones de pesos, lo que requiere un pronunciamiento claro por parte de las autoridades electorales”, enfatizó la congresista.

La parlamentaria advirtió que la posibilidad de recibir recursos públicos nuevamente de esta magnitud, por un resultado electoral similar, podría representar una ventaja financiera para los candidatos de la coalición frente a otros postulantes a la Presidencia.

El debate sobre la legalidad de la doble reposición ha cobrado fuerza debido a la ponencia presentada por magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes creen que, a pesar de que Cepeda participe en dos consultas, cada mecanismo se considera un evento generador autónomo del derecho a la reposición de gastos, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Según la postura de los magistrados, “cada consulta es un mecanismo electoral autónomo, con convocadores distintos, objetivos propios y efectos jurídicos independientes. Por lo tanto, la financiación estatal no se activa por la identidad del ciudadano que participe, sino por el correcto cumplimiento del mecanismo establecido en la Constitución y desarrollado por la ley”.

Por su parte, Miranda cuestionó esta interpretación y reiteró, en su pronunciamiento, que “no se deben eludir las normas electorales ni utilizar los mecanismos de participación para enriquecerse a expensas de la ley”.

La decisión final del Consejo Nacional Electoral sobre la autorización de Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo ha generado expectación y discusión entre diferentes sectores políticos del país.

El pronunciamiento del CNE será clave para determinar si el senador podrá participar y, potencialmente, acceder a los recursos de reposición por votos, como estipula la normativa vigente.

Miranda concluyó su intervención solicitando un pronunciamiento contundente de las autoridades electorales, al considerar que la repetición de consultas con reposición de votos podría afectar el equilibrio en la competencia presidencial y el uso de recursos públicos.