[ad_1]
La Asociación Latinoamericana de Internet, la Cámara de Comercio Colombo Americana, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico han solicitado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que retire el proyecto de decreto que plantea modificaciones al Registro Nacional de Turismo (RNT). Esta solicitud se presentó mediante una carta enviada el 2 de febrero de 2026, según reporta Semana.
En el documento, los organismos indican que la propuesta del Ministerio altera el marco regulatorio existente “sin justificación técnica ni análisis de impacto normativo”, además de introducir nuevas cargas y controles tecnológicos cuya implementación no se define claramente.
Según las organizaciones, estas regulaciones podrían ocasionar riesgos jurídicos y perjudicar la competencia en el sector turístico y digital.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Las entidades firmantes indicaron que sectores como la vivienda turística y los servicios turísticos digitales ya tienen una regulación establecida, fundamentada en normas como la Ley 2068 de 2020 y sus correspondientes decretos. En este contexto, advirtieron que el proyecto no solo busca desarrollar o aclarar el marco existente, sino que introduce cambios estructurales.
Según los grupos, la propuesta normativa redefine obligaciones, altera la naturaleza de los proveedores de servicios turísticos y modifica los mecanismos de control, sin que haya, a su juicio, una justificación técnica, jurídica o económica adecuada que sustente estos cambios. En la carta se señala que este tipo de intervención regulatoria ignora principios como la seguridad jurídica, la coherencia regulatoria, los límites de la potestad reglamentaria y la confianza legítima.
Las organizaciones también mencionaron los espacios de diálogo que convocó el Ministerio de Comercio durante la elaboración del proyecto. Aunque reconocieron la realización de mesas técnicas y reuniones con diversos actores del sector, afirmaron que estas instancias “no convalidan ni legitiman el proceso regulatorio” ni suponen respaldo al contenido del decreto.
En la misiva, los gremios afirmaron que la participación de la industria no puede interpretarse como aprobación tácita de la propuesta. Por el contrario, indicaron que han expuesto reparos de fondo a lo largo de las discusiones que no se reflejan en el texto presentado para consulta pública y que, según argumentaron, han sido descartados.
“La participación de la industria no debe entenderse como respaldo al contenido del decreto. Por el contrario, los gremios y actores del ecosistema hemos manifestado de forma reiterada preocupaciones sustanciales que no están reflejadas en el texto sometido a consulta y que, a su vez, parecen haber sido desestimadas”, expresaron en el documento citado por Semana.
De acuerdo con la postura de las organizaciones, la falta de inclusión efectiva de las visiones técnicas, operativas y regulatorias del sector perjudica la solidez técnica y la legitimidad del proceso normativo. En este sentido, hicieron hincapié en que cualquier ajuste al RNT debe basarse en un análisis exhaustivo del marco actual y en evidencia verificable.
Los gremios pidieron claramente que el proyecto de decreto sea retirado en su estado actual y que se realice una revisión completa del enfoque regulatorio. En la carta, enfatizaron la necesidad de un proceso de elaboración normativa “verdaderamente inclusivo”, que valore la experiencia y conocimientos de quienes participan activamente en el sector turístico y digital.
“Por todo lo anterior, pedimos de forma expresa y contundente que el proyecto de decreto sea retirado en su forma actual y que se lleve a cabo una revisión integral del enfoque regulatorio, basada en el reconocimiento del marco actual, evidencia técnica comprobable y un proceso de elaboración normativa realmente inclusivo”, afirmaron los firmantes.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron su disposición para contribuir técnicamente a un proceso regulatorio basado en evidencia, enfocado en fortalecer el turismo, la formalidad y la economía digital, sin causar distorsiones, inseguridad jurídica ni efectos adversos para el sector o el país, según lo expuesto en la comunicación que se conoció este lunes.
[ad_2]
