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El lunes 2 de febrero por la tarde, Barranquilla fue sacudida por un ataque explosivo en la cárcel Distrital El Bosque, que causó heridas a dos guardias.
El impacto de la explosión no solo afectó la estructura penitenciaria, sino que también perturbó la vida diaria de los habitantes del barrio El Bosque, quienes, según contaron a Semana, huyeron aterrados al escuchar el estallido.
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“Estaba en mi casa cuando lo escuché. La explosión fue tan fuerte que sacudió todo. Se sintió como si todo se movía. Fue impresionante, imagínate. Algo serio sucedió”, relató Nancy Marrugo, vecina y testigo del ataque.
Según Marrugo, el caos y el miedo invadieron la zona tras el ataque. “No sé de dónde salieron tantas personas, pero todos comenzaron a correr. La policía llegó rápidamente; todos vinieron de inmediato. Cerraron la calle aquí y también del otro lado para evitar que la gente pasara”, relató la mujer, quien apenas podía ver lo que ocurría desde su hogar debido a la intensa presencia policial.
“Desde aquí no se veía con claridad, había demasiada policía. Colocaron patrullas bloqueando todo de inmediato”, dijo Marrugo en su conversación con el medio mencionado.
El temor en El Bosque no es nuevo. Marrugo destacó que el fin de semana antes del ataque, se escucharon disparos cerca de la prisión. “Nos dijeron que ese fin de semana, durante las visitas, alguien disparó desde dentro o hacia la cárcel”, añadió. Los vecinos mencionaron que la tensión aumentó debido a la actividad de bandas criminales que peleaban por el control de las instalaciones penitenciarias en la ciudad.
La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que los responsables del ataque probablemente pertenecen a Los Costeños, una organización criminal dirigida por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.
“Fuentes no oficiales informaron que hace unos días varios miembros de la banda Los Pepes, liderada por Digno Palomino, intentaron ingresar al establecimiento carcelario, pero los de Los Costeños no los aceptaron, lo que provocó esta disputa entre ellos a tal punto que ya hemos presenciado lo que ocurrió”, aclaró un portavoz a Semana.
Históricamente, la cárcel La Modelo ha sido hogar de miembros de Los Pepes, mientras que tanto la penitenciaría (bajo la administración de Inpec) como la cárcel distrital (a cargo de la Alcaldía de Barranquilla) han trasladado a miembros de Los Costeños, según informes de la prensa local.
El ataque encendió alarmas en las autoridades y en organizaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo condenó el ataque dirigido contra el cuerpo de vigilancia y custodia del centro penitenciario, exigiendo al Estado tomar medidas urgentes.
El organismo advirtió que este incidente “no es un evento aislado”, sino que demuestra “la extrema vulnerabilidad en la que operan los funcionarios del sistema penitenciario y carcelario”, en un contexto de violencia persistente que ha afectado de manera sistemática a los trabajadores de Inpec y sus familias.
La Defensoría recordó que en semanas recientes hubo otros ataques graves contra funcionarios del sistema carcelario, incluyendo el ataque del 13 de enero en Neiva, donde murió el hijo de un director de centro carcelario, un niño de 11 años, y la subsecuente muerte del subdirector de la misma instalación. También mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples ataques en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena.
La Defensoría atribuyó la frecuencia de estos incidentes a “deficiencias estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario”, alertando que los trabajadores continúan expuestos a amenazas y represalias, sin las garantías necesarias para su seguridad e integridad.
El organismo solicitó a las autoridades nacionales y locales implementar acciones inmediatas para proteger a los funcionarios y sus familias, revisar las condiciones laborales del personal de custodia, y fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios.
Finalmente, la Defensoría también pidió a la Fiscalía General de la Nación que realice investigaciones eficaces y pertinentes para esclarecer los hechos y castigar a los culpables. “No se puede hablar de un sistema penitenciario que respete los derechos humanos sin garantizar la seguridad de quienes lo integran”, concluyó el organismo.
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