Colombia
La policía colombiana extraditó a alias Ñoño, uno de los criminales más buscados en Colombia por homicidio y secuestro
Jhon Camilo Flórez Moreno, apodado Ñoño, fue extraditado el 7 de febrero a las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Su entrega se debe a serias acusaciones incluyendo el secuestro, tortura y asesinato de su hija, así como su conexión con otros delitos en Buenaventura tras una extensa operación internacional.
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Los funcionarios de Migración Colombia recibieron a Flórez Moreno y lo mantuvieron bajo custodia para enfrentar los cargos judiciales en sucontra.
El extraditado es solicitado por el asesinato de una menor de cuatro años y tiene procesos pendientes por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.
Como líder de la organización criminal Los Shottas, alias Ñoño aparecía en el cartel de los más buscados de Buenaventura. La Gobernación del Valle del Cauca ofreció hasta 200 millones de pesos por datos que facilitaran su captura.
Su ubicación fue posible después de más de un año de investigaciones, que condujeron a la emisión de una circular roja de Interpol. Las autoridades lo buscaron en varios países de América del Sur, especialmente en Argentina y Chile, donde también era considerado uno de los criminales más buscados.
La operación que terminó con la extradición fue el resultado de una colaboración internacional entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Interpol y las autoridades colombianas, fortaleciendo la lucha contra las estructuras criminales y el avance de procesos judiciales importantes en el país.
Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, apuntó que la entrega de Flórez Moreno representa un progreso en la lucha contra la impunidad y resalta la importancia de la cooperación entre organismos nacionales e internacionales. Este caso muestra cómo un trabajo conjunto puede incrementar la eficacia de la justicia ante los crímenes más graves.
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, es un avance significativo en la política judicial del Gobierno de Gustavo Petro.
Este traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá, acorde a una orden presidencial que aceleró el procedimiento tras denuncias de intentos de soborno para obstruir su entrega a las autoridades estadounidenses.
La operación evidenció la prioridad asignada al caso por el Ejecutivo colombiano y subrayó el significado simbólico de la medida en la lucha contra el crimen organizado.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la decisión presidencial aceleró la extradición sin demoras y garantizó que la cooperación internacional permaneciera efectiva y sólida.
Simultáneamente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró la implementación de protocolos de prevención para evitar posibles represalias en la región tras la salida del líder criminal.
Según el ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga Franco, la operación contribuye a un récord histórico en el Gobierno Petro, quien ha alcanzado 809 extradiciones, cifra que supera en 6,3% a la administración de Duque y en 7,6% a la segunda administración de Uribe. Idárraga enfatizó que este caso demuestra que “la cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.
A pesar de la magnitud del operativo y los precedentes en materia de cooperación bilateral, “Pipe Tuluá” enfrenta once investigaciones activas y había sido advertido de posibles intentos de fuga antes de su extradición.
Idárraga también mencionó que se actuó rápidamente tras recibir alertas de que Marín Silva intentaba escapar, intensificando la vigilancia para garantizar su custodia y evitar contratiempos durante el traslado.
Andrés Felipe Marín Silva lideraba la banda La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca. Bajo su mando, la organización se dedicaba a secuestros, homicidios, extorsiones, narcotráfico y sicariato. En Colombia, tenía una condena de treinta años, con más de 39 homicidios confirmados, incluyendo asesinatos de funcionarios del Inpec. La continuidad de estas acciones generó preocupación en el sistema penitenciario, elevando el debate sobre la influencia de los líderes criminales desde las cárceles.
