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El jueves 5 de febrero de 2026 fue testigo de un violento ataque armado contra dos integrantes del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI).
El incidente ocurrió mientras la caravana de seguridad se dirigía desde Norte de Santander hacia Yopal (Casanare), atravesando una zona con una fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc. El objetivo era encontrarse con el político en la capital del departamento llanero, encuentro que nunca se llevó a cabo.
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Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya pareja está en estado de gestación, y el policía Esmeli Manrique. Ambos formaban parte de la seguridad del senador y fueron agredidos tras pasar por un retén ilegal instalado por hombres armados, debido a la presencia del patrullero entre los ocupantes.
Un video supuestamente grabado por uno de los atacantes evidenció la crueldad con la que se llevó a cabo el doble homicidio.
Las grabaciones muestran a hombres armados disparando contra el vehículo y acercándose para vandalizarlo después de que había sido impactado por múltiples balas. En las imágenes, los rostros de los agresores sonriendo mientras cometen el crimen son visibles. Adicionalmente, una segunda camioneta vinculada a la campaña de Castellanos fue detenida, pero sus tres ocupantes fueron liberados horas más tarde.
La difusión de los videos permitió apreciar la brutalidad del ataque y la vulnerabilidad de los equipos de seguridad política en áreas controladas por grupos armados ilegales.
Después del atentado, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario junto a altos mandos militares.
En respuesta, se implementará el despliegue de 240 soldados adicionales en las vías Marginal de la Selva y Libertadores, junto con el uso de drones y vehículos blindados, así como un fortalecimiento de la coordinación con los candidatos a corporaciones públicas para garantizar su seguridad y prevenir nuevas acciones violentas en el departamento.
Entre las nuevas medidas, se incluye un refuerzo de la coordinación con los candidatos a corporaciones públicas, con el objetivo de anticipar y evitar ataques similares durante sus desplazamientos. Se desea establecer canales de comunicación más cercanos y mecanismos de apoyo que permitan una respuesta rápida a cualquier amenaza.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del atentado armado.
Las primeras indagaciones indican que el ataque, realizado con al menos 50 disparos, podría haber sido llevado a cabo por integrantes del (ELN).
El ministro Sánchez confirmó que la orden de activar la operación interinstitucional fue emitida por el presidente Gustavo Petro y que la colaboración entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación busca esclarecer el caso lo antes posible. El funcionario detalló que se comunicó directamente con Castellanos para informarle sobre las acciones adoptadas y reiterar el compromiso del Gobierno hacia su seguridad.
“Nuestra profunda solidaridad con las familias de los dos funcionarios asesinados. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos ayude a salvar vidas proporcionando información a través de los canales habilitados”, declaró el ministro Sánchez en X.
A su vez, el senador Castellanos expresó su dolor por las víctimas del brutal ataque: “Me masacraron mis muchachos, el equipo de seguridad que estuvo a mi lado durante años. Nos salvó mi Dios de milagro. Queremos enviar un mensaje de fortaleza a sus familias; ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrecieron sus vidas para salvar la nuestra”.
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